“La mansión estilo mediterráneo de cinco cuartos y
seis baños, con embarcadero propio , cancha de fútbol y baloncesto,
amplios salones y piscina está ubicada en Cocoplum, uno de los barrios
más exclusivos del sur de Florida. Fue vendida de contado en agosto de
2014 por 7.6 millones de dólares.
Los compradores adquirieron la propiedad a través de una
compañía de papel registrada en Delaware, que impide conocer quiénes son
sus socios.
Pero en el anonimato de la operación quedó un cabo suelto que
apunta a que la propiedad tiene nexos con el exgobernador de Veracruz,
Javier Duarte”, dijo una fuente confidencial a Univision, además señaló
que la empresa que manejó la propiedad y pagó los impuestos “fue el
despacho mexicano de abogados Contreras y Janeiro, del que era socio en
ese momento José Juan Janeiro Rodríguez, un abogado mexicano”.
Lo anterior forma parte de la investigación “Así usaron a
Estados Unidos los exgobernadores mexicanos para desviar miles de
millones de dólares”, publicada por Univision. “Janeiro es señalado por
las autoridades de México como el principal operador financiero de
Duarte, el exgobernador de Veracruz, un estado en el sureste de México.
Fuentes oficiales confirmaron a Univision que la PGR investiga
los fondos con los que se pagó la casa en Cocoplum como parte del
proceso penal contra Duarte, quien pertenecía al Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Duarte está actualmente detenido y afronta
múltiples cargos de corrupción”, indica el reportaje.
El cual, se informa, es el caso más escandaloso de una lista
conformada por 11 gobernadores mexicanos que han sido investigados,
acusados o detenidos en los últimos cuatro años por desviar al menos 13
mil 400 millones de dólares de fondos públicos, según cálculos de la
Auditoría Superior de la Federación.
Para hacerlo, los mandatarios y sus colaboradores no solo
utilizaron redes inmobiliarias y de bancos en México. La efectividad de
sus operaciones no se explicaría, según expertos, sin el montaje de
estructuras corporativas en Estados Unidos para mover y lavar el dinero,
al estilo de los cárteles de la droga.
“Son grupos delincuenciales operando en el mismo sentido, con
diferente materia prima. Los cárteles del narcotráfico son drogas, armas
y los cárteles de la corrupción es dinero público”, dijo a Univision
Luis Pérez de Acha, un abogado fiscalista mexicano que forma parte del
Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se menciona que, la incursión del círculo cercano a Javier
Duarte en Miami ilustra también el modo más común que han usado los
gobernadores para sacar el dinero de las cuentas públicas: a través de
compañías de papel y transferencias entre varios países.
En el sur de Florida, según confirmaron fuentes oficiales en
México a Univision, Duarte operó a través del despacho de Janeiro, pero
también de Moisés Mansur, un empresario que fue su amigo cercano desde
la juventud y que ahora es acusado en México de ser su principal
prestanombres, como informó un medio mexicano.
“En 2011 Mansur se convirtió en socio de Rusnam Investments,
una compañía que compró al menos 10 propiedades de bajo costo en Miami
para revenderlas, meses más tarde. Tan solo esta operación significó dos
millones de dólares en ganancias, de acuerdo con un análisis realizado
por Univision.
Los otros socios eran José Zury Mansur, hermano de Moisés y el
empresario financiero mexicano Iñaki Negrete. Univision confirmó que
también en Rusnam estuvo registrado como miembro Alfonso Ortega, un
abogado que se convirtió en el principal delator del caso Duarte ante
las autoridades mexicanas. Su participación en operaciones en Florida
era desconocida hasta ahora”, se menciona.
Ni el despacho ni los empresarios contestaron llamadas ni
mensajes de Univision, se menciona. A través de una persona que se
identificó como asesor de comunicaciones, Negrete mostró interés en
hablar con los reporteros de Univision, pero después que se le comunicó
que uno de los temas de la entrevista sería la casona de Cocoplum, el
asesor no respondió.
La venta de la propiedad se hizo a través de la agente
inmobiliaria Anamaría Velásquez. Univision le preguntó por primera vez
por la propiedad en el invierno pasado. Velásquez prometió que
respondería más tarde, lo que nunca hizo.
Velásquez es cuñada de Ximena Peñuela, otra agente de bienes
raíces local. Al comienzo del gobierno de Javier Duarte, entre 2010 y
2016, Peñuela era pareja sentimental de Jaime Porres, otro de los amigos
de infancia del exgobernador de Veracruz. Ella dijo vía telefónica que
no recordaba las transacciones y luego no volvió a tomar llamadas de
Univision. En un correo electrónico, Porres negó tener algún vínculo con
la residencia de Cocoplum.
Aunque en los documentos públicos disponibles de la mansión y
las casas de bajo costo no tienen dueños en común, Univision fue
contactada por el mismo relacionista público, cuando preguntó a los
involucrados por ambos negocios inmobiliarios.
La casa de Cocoplum fue mencionada por el diario Reforma
durante el otoño pasado como parte de las indagatorias contra Duarte.
Desde entonces, las autoridades mexicanas han investigado el origen del
dinero con el que se adquirió y los movimientos bancarios en México y
Estados Unidos que fueron necesarios para liquidarla de contado.
Los métodos de sacar dinero de México eran a veces
rudimentarios, según explicó a Univision en Xalapa, Veracruz, Hilario
Barcelata, actual presidente del Instituto de Pensiones estatal y quien
fue un duro crítico de Duarte durante su sexenio.
“Se utilizaba dinero público en efectivo y se transportaba
incluso de manera muy informal, en cajas, en maletas”. Las
investigaciones del caso sugieren que algunas de estas maletas con
efectivo ingresaron vía terrestre a Estados Unidos.
Una fuente cercana a la familia Duarte, quien conoció la casa
de Cocoplum, dijo a Univision que Duarte confió a Mansur sus negocios
más delicados. Su relación era tan cercana que el empresario, quien
radicaba en la Ciudad de México, tenía disponible permanentemente una
habitación en la casa oficial de gobierno en Xalapa.
“Él (Duarte) solía presumir que nunca lo agarrarían porque no
tenía nada a su nombre”, dijo esta fuente. Como parte de las
indagatorias contra el exgobernador, las autoridades mexicanas también
han seguido la pista del dinero hacia otras propiedades, adquiridas por
medio de amigos y familiares cercanos de Duarte en Texas.
La mansión de Cocoplum en Miami sería la más lujosa de todas
las que supuestamente pertenecen a Duarte a través de terceros en
Estados Unidos”.
“En los últimos meses distintos actores políticos en México han
sostenido reuniones con representantes de Estados Unidos en las que han
planteado el papel que juega el país en el entramado de desvío de
fondos públicos mexicanos.
La petición, del lado mexicano, ha sido plantear como urgencia
que las autoridades estadounidenses asuman una actitud más activa en el
combate a estos desvíos en su territorio”, se informa.
Para los expertos la facilidad con la que los funcionarios
compraron propiedades en este país refleja que “tanto en el sistema
bancario como en la industria inmobiliaria, no hay interés en establecer
el verdadero origen de los fondos como lo exige las leyes contra el
lavado de dinero”.
Luis Pérez de Acha integra un comité que ha participado en
algunas de estas conversaciones. “Estamos haciendo un trabajo de empuje
desde otros países convenciendo al gobierno de Estados Unidos que
combata las redes de corrupción que existen en México, a través del
Departamento de Justicia y de sus tribunales. No es un trabajo fácil,
pero lo pueden hacer”, amplió el abogado fiscalista, quien integra el
comité que vigila la implementación de un ambicioso sistema que buscará
integrar a las instituciones que combaten actualmente la corrupción en
México.
Uno de los casos de análisis ha sido precisamente el de Duarte,
quien fue detenido en abril pasado en Guatemala, a donde huyó antes de
terminar su gobierno. Ahora enfrenta un proceso de extradición a México.
La investigación del gobierno mexicano indica que el
exgobernador instrumentó una red de lavado de dinero que pasaba por
México, Estados Unidos y Europa, donde supuestamente también adquirió
propiedades a través de prestanombres. Las adquisiciones en el
extranjero, sin embargo, no formaron parte de la solicitud de
extradición, según reportó el portal Animal Político.
Funcionarios mexicanos consultados por Univision aseguraron que
“la investigación del caso Duarte trajo a la mesa bilateral un tema
pendiente sobre quién deben recibir las ganancias de las propiedades
adquiridas en Estados Unidos, que son incautadas luego de las
investigaciones por lavado de dinero en México.
Uno de los casos emblemáticos en los que México hasta ahora no
ha recibido dinero producto de venta de propiedades incautadas, es el
relacionado con el exgobernador del partido conservador Acción Nacional
(PAN) Luis Armando Reynoso, quien gobernó entre 2004 y 2010 el pequeño
estado de Aguascalientes, en el centro del país”.
En 2014 las autoridades de Texas incautaron varias casas y
terrenos en San Antonio por un valor de 6.2 millones de dólares como
parte de una demanda civil radicada por el gobierno federal tras
establecerse que fueron adquiridas con dinero de origen ilegal. En este
tipo de procesos judiciales no hay un acusado. Estados Unidos solo
persigue la propiedad y hace exhortos públicos para quienes quieran
refutar la confiscación porque se consideran propietarios legítimos.
“Meses más tarde un joven de Aguascalientes presentó una moción
ante la Corte Federal en San Antonio a través de sus abogados en la que
se declaraba dueño del terreno, las casas y el centro comercial,
adquiridas mientras Reynoso era gobernador.
El joven era Luis Armando Reynoso López, hijo del exmandatario.
Reynoso López nunca tuvo un puesto público en Aguascalientes pero según
varias fuentes en el estado, entrevistadas para esta investigación,
gozaba de una gran influencia sobre su padre”, se informa.
El hijo del exgobernador se volvió conocido en México luego de
que protagonizó una exótica fiesta de cumpleaños, en una hacienda de su
familia en las afueras de la ciudad de Aguascalientes. Entre los
detalles extravagantes, el evento contó con la presentación de un niño
DJ de 9 años y el montaje de un enorme árbol artificial, que según
vecinos del lugar tardó un mes en ser instalado. Del árbol colgaron un
Mini Cooper, regalo de cumpleaños del festejado.
La supuesta participación de Reynoso y su hijo es descrita en
detalle en una demanda de incautación a la que Univision tuvo acceso.
Describe uno de los modos más recurrentes en que el dinero desviado del
gobierno llega a propiedades y negocios en territorio estadounidense.
Según el documento, “Reynoso y su hijo conspiraron entre ellos y
con otros para desviar dinero ilegalmente del estado mexicano de
Aguascalientes a través de instituciones financieras en México a cuentas
bancarias que establecieron en Estados Unidos”.
El dinero fue ingresado a cuentas en México mediante depósitos
en efectivo, dijo en entrevista Rodolfo Franco, un periodista local de
Aguascalientes que denunció a Reynoso. “Un banco recibe en un solo día
200 millones de pesos en efectivo, provenientes de la cuenta de
Aguascalientes del gobernador a otra cuenta que tenía en Altamira, en
Tamaulipas”, explicó Franco.
Los documentos que forman parte de la investigación mexicana
muestran reiterados depósitos en efectivo en una cuenta que pertenecía
al hijo de Reynoso en el banco mexicano Banorte.
De estas cuentas se realizaron millonarias transferencias a
Texas en 2009, durante el último año de gobierno de Reynoso, de acuerdo
con un detallado seguimiento bancario que realizaron los investigadores
texanos.
“Los pagos de los bienes raíces en ocasiones involucraron
numerosas transferencias y transacciones usando diferentes bancos y
muchas cuentas bancarias, abiertas con el objetivo específico de
esconder la identidad de los dueños y con un intento específico de
esconder la naturaleza y la fuente de los fondos”, afirma el acta.
En mayo de 2009, el hijo de Reynoso abrió dos cuentas bancarias
en el BBVA Compass Bank en San Antonio. La dirección de una de esas
cuentas es la casa en Aguascalientes donde ha vivido durante años su
familia. Posteriormente, el joven abrió una cuenta más en Mc Allen,
Texas, con el Inter National Bank, como reportó también este año el
diario San Antonio Express News.
Un año antes había sido creada la compañía Administración,
Comercio y Representación Mercantil, con sede en Cancún, una playa en el
Caribe mexicano. De acuerdo con registros mercantiles de ese estado,
obtenidos por Univision, los socios eran dos personas que no tienen
historial público como empresarios y no habían sido hasta ahora
vinculados con el caso.
La investigación en Estados Unidos determinó que en solo tres
semanas se transfirieron entre Aguascalientes, Cancún y Texas, 2.5
millones de dólares. “Para ello se utilizó también a Logística y
Asesoría Comercial, otra compañía que tenía la misma dirección en Cancún
y que según los investigadores fue registrada para mover el dinero
ilegal. Los socios de esta tercera empresa eran otros dos empresarios
que carecen de historiales públicos”. Las transferencias se realizaron
usando como contraparte a otro banco mexicano.
“Al momento en que hicieron sus depósitos en Estados Unidos,
compraron casas o pusieron negocios en Estados Unidos con ese dinero,
lavaron dinero. Y esto le dio competencia a las autoridades de Estados
Unidos para actuar en su contra”, dijo sobre este modo de operación
Pérez de Acha, quien se ha especializado como abogado en movimientos
financieros de lavado.
Además de los casos de Aguascalientes y Veracruz, en los
últimos años, otros exgobernadores mexicanos han sido también
investigados en Estados Unidos por haber estructurado esquemas similares
para adquirir propiedades en territorio estadounidense. Los
exmandatarios de Quintana Roo, Roberto Borge, de Coahuila, Humberto
Moreira o de Chihuahua, César Duarte, tienen pendiente investigaciones
que también indagan la ruta del dinero a ambos lados del río Bravo.
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