Alegatos
En solidaridad profunda por el cobarde ataque a su intimidad.
Una vez más,
el gobierno de Peña Nieto está sentado en un volcán y juega a que es un
hormiguero. Frente a las sólidas acusaciones de espionaje retomadas por
el New York Times, han mostrado abiertamente sus cartas: el desprecio
por las libertades y cualquier forma de control democrático.
Fuera máscaras.
La infantil respuesta que dieron al editor del NYT los retrata por
completo. Evasivas balbuceadas por un funcionario menor, publicadas en
una hoja sin número de comunicación oficial, sin membrete y sin firma
calígrafa.
¿En realidad pensaran en Los Pinos que este escándalo es apenas un “tête-à-tête” con un reportero internacional?
Delirante.
Las actividades de vigilancia ilegal e invasiva se han convertido en
esos puntos de inflexión en los que las democracias modernas se juegan
su sentido de equilibrio. Por eso más de un responsable azota. Estos
escándalos son consustanciales a los de corrupción.
Y la experiencia comparada no deja lugar a dudas: la vigilancia
ilegal no es sino una expresión rabiosa de autoritarismos corruptos. Con
la evidencia de que nos espían, como dice Walter Kirn, influyente
periodista de The Atlantic: si no estás paranoide, estás loco.
En el gobierno de EPN deberían tomarse este asunto bastante en serio.
Podrían asomarse a los espejos de las renuncias en el gabinete de
Perú, la caída de una treintena de personas del Departamento
Administrativo de Seguridad de Colombia, el proceso judicial contra el
ex Presidente Martinelli de Panamá, los aparatosos resultados de la
investigación parlamentaria que terminó en la renuncia de todo el
gobierno de Luxemburgo o la dimisión de alguien del subdirector de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) Michael Morell que pensaba espiar
demasiado.
La evidencia es contundente, cuando se hace con propósitos políticos: nunca se espía poquito y no se respeta a nadie.
Pero los escándalos de espionaje no sólo dinamitan el campo político
de su entorno inmediato, fácilmente se judicializan y brincan fronteras.
Aunque los casos sucedan en un país terminan por resolverse en otros.
Ahí están como muestra las demandas que la Electronic Frontier
Foundation ha logrado hacer avanzar en tribunales de Estados Unidos, el
caso Qosmos que la International Federation for Human Rights (FIDH) y la
Ligue des droits de l’Homme (LDH) litigaron en Francia o la durísima
resolución de la Investigatory Powers Tribunal del Reino Unido en contra
del Government Communications Headquarters de ese mismo país.
Por eso no cuadra la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Porque no se hace cargo de que la intrusión ilegal revienta la
normalidad política y abre múltiples y complejos laberintos judiciales.
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