Nancy Flores
Red Voltaire
Cuatro elementos incontrovertibles implican al
gobierno mexicano en el espionaje ilegal contra periodistas, defensores
de derechos humanos y activistas anticorrupción, revelado el pasado 19
de junio por el periódico estadunidense The New York Times y por un
informe elaborado por Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D),
Artículo 19 (Oficina para México y América Latina) y Social Tic.
En entrevista con Contralínea, Luis Fernando García –director de R3D–
señala que el gobierno no ha podido ni podrá desmentir esa evidencia. Y
la explica: “el primer elemento es que se comprobó técnicamente que los
mensajes recibidos por los 15 activistas, periodistas y defensores de
derechos humanos constituyen intentos de infección con el malware
Pegasus, comercializado por NSO Group. Eso es incontrovertible.
“Segundo: de manera reiterada, la empresa ha afirmado que únicamente
vende este tipo de equipos a gobiernos. Lo tercero que tampoco pueden
desmentir es que agentes del gobierno federal son clientes y han
adquirido licencias para el uso de este tipo de malware NSO.
“Y cuarto: todos esos mensajes que intentaban infectar a activistas,
periodistas y defensores de derechos humanos por el malware Pegasus, que
nada más se vende a gobiernos y que el gobierno de México de manera
demostrable lo tiene, ocurrieron en momentos en los que se afectaban
particularmente los intereses de agencias del gobierno federal.”
Las víctimas
Según el informe Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas
y defensores de derechos humanos, los periodistas Carlos Loret de Mola,
Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y
Salvador Camarena; los defensores de derechos humanos Mario Patrón,
Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, y los activistas anticorrupción
Juan Pardinas y Alexandra Zapata habrían sido objeto de espionaje
gubernamental.
Para el activista Luis Fernando García, los momentos en que éstos
recibieron los ataques del software malicioso fueron clave: “el Centro
Prodh [Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez], con su
labor de defensa de derechos humanos en los casos de Ayotzinapa,
Tlatlaya y Atenco; Carlos Loret, en su labor periodística relacionada
con las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán; Carmen
Aristegui, con las investigaciones sobre corrupción del gobierno federal
y el Grupo Higa; el Imco [Instituto Mexicano para la Competitividad],
con la ‘Ley 3 de 3’, que sufrió una oposición virulenta por parte de los
partidos del gobierno; y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
que también han sido parte del equipo de Aristegui y que desde la
propia organización han denunciado casos muy importantes de corrupción
en el gobierno federal”.
El informe Gobierno espía –elaborado por R3D, Artículo 19 y Social
Tic, con ayuda de la canadiense Citizen Lab– señala que las
comunicaciones de las víctimas –incluido el hijo de la periodista Carmen
Aristegui y la esposa del activista Juan Pardinas– fueron atacadas con
un malware lanzado a través de la plataforma Pegasus, tecnología para
intervenir telecomunicaciones y operada por la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Claramente hay responsabilidad del gobierno federal en estos
ataques. Entonces, ¿qué va a decir el gobierno? Pues si no tiene
escrúpulos para espiar a un menor de edad, menos va a tener escrúpulos
para aceptar que al menos una parte de su gobierno está haciendo estos
actos ilegales”, señala Luis Fernando García.
Agrega que, en este sexenio, “cuando se acusa al gobierno de algo,
antes de investigar, sale de manera reactiva a desestimar la denuncia y
después, hasta que se ve forzado, lo acepta”.
De acuerdo con el informe, presentado el 19 de junio, las
intervenciones de comunicaciones son ilegales. “Aún si los ataques con
malware de espionaje con las características de Pegasus fueran
considerados como una forma más de ‘intervención de comunicaciones
privadas’, resulta altamente improbable que una autoridad judicial
federal hubiera autorizado este tipo de invasiones a la privacidad de
periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.
La ausencia del control judicial previo sería una grave violación a la
ley y a los derechos de las personas afectadas”.
Añade que “para que las personas atacadas con malware referenciadas
en este informe pudieran considerarse como objetivos legítimos de
medidas de vigilancia legal, la autoridad tendría que demostrar que
todos los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas
anticorrupción se encontraban bajo investigación criminal, existían
indicios suficientes para acreditar que se encontraban organizando la
comisión de delitos o que, de alguna manera, todos los objetivos
constituyen una amenaza inminente a la seguridad nacional”.
Para el director de R3D, “claramente hay una intencionalidad de
obstaculizar, atacar, intimidar, hostigar e impedir que la sociedad
conozca lo que está pasando en este país en términos de corrupción, de
violaciones a los derechos humanos y, en general, de la descomposición
de lo público en beneficio de un grupo político y de intereses privados
muy particulares”.
Por ello, señala que el ataque no nada más es contra las 15 personas
referidas en el informe, ni contra las víctimas que están por descubrir
en las próximas semanas, sino contra toda la sociedad. Como paradójico,
califica el hecho de que “estas nuevas tecnologías no sean utilizadas
para investigar a quienes han cometido actos de corrupción o a los
responsables de las violaciones a los derechos humanos, sino que
precisamente son utilizados en contra de aquellas que han expuesto esa
corrupción, que han expuesto a los responsables de las violaciones a
derechos humanos”.
Denuncia ante PGR
El pasado 19 de junio, tras darse a conocer los resultados de la
investigación Gobierno espía, las víctimas de las intervenciones
ilegales de comunicaciones presentaron una denuncia por estos hechos
ante la PGR, una de las tres instituciones que operaría el software
Pegasus.
También solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos e informaron del acoso ante distintos organismos
internacionales.
El Centro Prodh, cuyo personal forma parte del grupo de víctimas que
denunció el espionaje, presume “la ausencia de autorización judicial,
legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades
excepcionales para realizar prácticas de vigilancia. Conductas que
violan la privacidad de las personas, inhiben la libertad de expresión y
vulneran el derecho a defender los derechos humanos”.
Para Luis Fernando García, el espionaje limita las libertades de las
víctimas. “Hay una afectación muy severa que trastoca la vida más
íntima: es como si entraran a tu casa y estuvieran ahí, viéndote todo el
tiempo. Es verdaderamente agraviante para las víctimas y para las
personas con las que interactúan. La sola posibilidad de saber que
puedes estar siendo vigilado hace que modifiques tu conducta: cuidar qué
dices, qué haces, con quién te reúnes limita tu libertad de una manera
injusta, que no debemos de aceptar”.
El activista de R3D señala que es necesario atender el contexto del
país para observar el nivel de daño. Ese contexto, dice, es el “de
violaciones de derechos humanos, de persecución y de asesinatos de
periodistas. No podemos minimizar este tipo de ataques que pueden ser
instrumentos de otro tipo de agresiones. En los casos documentados, en
el de Carmen Aristegui y en el del Centro Prodh, ya hay otros [ataques];
el espionaje es sólo una parte del hostigamiento: hay allanamientos a
oficinas, intimidaciones, amenazas, auditorías, despidos. Una estrategia
de ataque contra estos actores que proveen un servicio público”.
El Centro Prodh coincide en que este espionaje no es un caso aislado:
“la evidencia apunta a la existencia de una política de hostigamiento
sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas
anticorrupción”.
El señalamiento se deriva de su propia experiencia: “entre los meses
de abril y junio de 2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh;
Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional, y Santiago
Aguirre, subdirector de la organización, recibieron mensajes que se ha
confirmado constituyen intentos de infección con el malware de espionaje
Pegasus”.
Luis Fernando García reflexiona que, en otro país –como Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania– una revelación de esta
naturaleza “tendría implicaciones gravísimas, hasta podría provocar la
caída de gobiernos, investigaciones criminales, gente en la cárcel. Y lo
triste es que a pesar de que estamos trabajando y buscamos que eso
suceda en México, sabemos, porque no somos ingenuos, que las
posibilidades de que eso suceda son muy remotas; pero como sociedad
debemos poner un alto y exigir que haya consecuencias”.
Y es que la intervención ilegal de comunicaciones viola los derechos
humanos a la intimidad, la seguridad, la vida privada, la libre
expresión, la libre asociación, los datos personales y la inviolabilidad
de las comunicaciones privadas.
El Centro Prodh observa que “el espionaje en México se ha convertido
en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos
humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de
los flujos de información y de abuso de poder”.
Para Luis Fernando García, “si verdaderamente tuviera voluntad de
esclarecer lo sucedido, el gobierno tendría que de inmediato reconocer y
transparentar cuáles de sus agencias han adquirido licencias del
malware de Pegasus o de cualquier otro malware con similares
características. Si verdaderamente no tiene nada que esconder,
inmediatamente tendría que revelar esto; pero no lo ha hecho.
“También tendría que estar cooperando de manera activa y transparente
respecto de cuánto ha sido gastado, con quién, los procesos de
contratación; tendría que transparentar ante las instancias
correspondientes contra quiénes se ha utilizado este malware de
vigilancia.”
Sin embargo, el director de R3D no alberga mucha esperanza. “La
verdad me cuesta creer que el gobierno vaya a hacer esto por voluntad
propia; pero hay que recalcar que esto no depende de ellos: es su
obligación legal hacerlo”.
El 20 de junio, agrega, “el diario El País publicó que se reserva
hasta 2021 la información de los contratos relacionados con el malware
Pegasus; ese tipo de conducta no es de alguien que se sabe inocente,
sino de un Estado que tiene miedo de verse como lo que es, pues a todas
luces parece que es un Estado criminal”.
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