CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al recibir la Placa de Honor de la Asociación de Prensa de Madrid, Griselda Triana, esposa del periodista asesinado el pasado 15 de mayo, Javier Valdez, exhortó al gobierno de Enrique Peña Nieto a que “salga de su burbuja y ofrezca resultados” por los crímenes contra informadores “en lugar de espiar a periodistas y luchadores sociales”.
La claridad de Triana coincidió con otra protesta en la entidad natal del cronista y columnista de Ríodoce:en un evento en Sinaloa, mientras el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negaba que la administración de Peña Nieto se dedicara a espiar de manera ilegal, decenas de jóvenes periodistas desplegaron carteles con el sombrero de Javier Valdez y la frase “No al silencio” y “Justicia para Javier Valdez”, durante la conferencia de prensa.
Tal situación es la que no ha entendido Osorio Chong ni entenderá ya la administración de Enrique Peña Nieto: por más que niegue la existencia de “pruebas” de lo publicado este lunes 19 de junio por The New York Times sobre el uso del malware Pegaso para espiar a periodistas y activistas, lo único que puede modificar esta percepción generalizada de abuso autoritario es que cumpla con su deber de detener y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes a informadores.
El reportaje de Azam Ahmed y Nicole Perlroth, publicado en primera plana de The New York Times, confirmó y documentó lo que desde julio de 2015 ya se había señalado en distintas columnas de periodistas mexicanos y en un extenso reportaje en la revista Proceso, firmado por Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere: la paranoia de Peña Nieto lo llevó a contratar millonarios servicios de espionaje no para combatir a los criminales sino a sus críticos.
Entre abril y julio de 2015 un ataque de hackers a la empresa Hacking Team, creada en 2003 por el italiano David Vicenzetti, reveló que habían vendido dispositivos de intrusión ilegal a las comunicaciones privadas de millones de ciudadanos a 30 países en cinco continentes. Sus programas de espionaje llamados Da Vinci y Galileo fueron utilizados en países como Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras y Panamá.
En el caso mexicano, la filtración de 400 GB de documentos internos y correos electrónicos de Hacking Team demostró que desde 2009, cuando era gobernador del Estado de México, Peña Nieto autorizó la compra de la principal herramienta de espionaje de Hacking Team, el Remote Control System, capaz de penetrar de manera simultánea a miles de celulares y computadoras para infiltrarse a cuentas personales de Facebook, Google, Yahoo, Twitter, Gmail y decenas de aplicaciones.
Ya como presidente de la República, Peña Nieto también autorizó la compra del sistema de Hacking Team para dependencias federales como la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal (PF) y el CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Así como el gobierno federal contrató por cerca de 26 millones 300 mil pesos los sistemas de espionaje de Hacking Team, también lo hicieron gobiernos estatales como los de Rafael Moreno Valle en Puebla, Aristóteles Sandoval en Jalisco, César Duarte en Chihuahua, Ángel Aguirre en Guerrero, Rolando Zapata en Yucatán, así como el director general de Pemex, Emilio Lozoya, y otras administraciones estatales de Durango, Campeche, Nayarit, Tamaulipas y Baja California.
En total, se destinaron 55 millones 808 mil euros (más de mil millones de pesos) de 2009 a la fecha para los servicios de Hacking Team, según el reportaje de Proceso.
Otros datos revelados en columnas periodísticas señalaron que estos sistemas de espionaje no sirvieron para combatir la corrupción o las violaciones a derechos humanos, sino para encubrir a sus responsables e intimidar a los periodistas críticos o a los funcionarios “desconfiables”.
Tampoco hay evidencia de que este espionaje masivo sirviera para elaborar una mejor inteligencia de Estado para enfrentar los focos críticos del sexenio de Peña Nieto.
En octubre de 2015 se dio a conocer que tan sólo a través del CISEN se realizaron 729 intervenciones telefónicas de manera ilegal a decenas de personas que se identificaron como “críticas” al gobierno peñista.
La paranoia del gobierno de Peña Nieto lo convirtió en un Big Brother dispendioso y torpe. Después del escándalo de Hacking Team, surgieron las versiones de que se había adquirido otro malware más poderoso y costoso conocido como Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group y vendido a través de la compañía Security Tracking Devices.
Si Hacking Team costó alrededor de mil millones de pesos, el sistema Pegasus tuvo un costo mínimo de 80 millones de dólares (más de mil 500 millones de pesos) para interceptar no a los criminales, sino a los organismos involucrados en los casos más delicados del peñismo: las víctimas de Atenco, las ejecuciones sumarias de Tlatlaya, los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la masacre de Tanhuato, así como los escándalos de corrupción como la Casa Blanca.
El 13 de febrero de este año, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con Artículo 19, Social TIC y Amnistía Internacional denunciaron que el sistema Pegasus sirvió para espiar al abogado Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública, a Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, y a Luis Encarnación, coordinador de Contrapeso.
Esta revelación provocó la ruptura entre las organizaciones civiles y el gobierno federal que participaban en la agenda de Gobierno Abierto.
El reportaje del lunes 19 de junio de The New York Times es mucho más delicado: documentó 76 casos de espionaje ilegal en contra de Carmen Aristegui, de su hijo Emiliano Aristegui, de Carlos Loret de Mola, de reporteros que participaron en la investigación del escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, así como en el Centro Pro, que lleva la defensa legal de las víctimas de abusos sexuales de Atenco y de Ayotzinapa, entre muchas otras.
La conmoción provocada por esta nueva revelación sólo es comparable con la torpeza y la indolencia del gobierno de Peña Nieto frente a la oleada de crímenes a periodistas y numerosos testimonios de presiones y censura indirecta contra periodistas como la propia Carmen Aristegui, a quien se le corrió de manera grosera de MVS Noticias, meses después de la revelación de la Casa Blanca.
Ninguno de los casos documentados e investigados por las redes que colaboraron con The New York Times señala que el gobierno de Peña Nieto haya espiado a gobernadores corruptos y criminales como Javier Duarte, Roberto Borge o César Duarte. Mucho menos que sirvieran para detectar a las redes criminales de los huachicoleros o de otros grupos criminales dedicados al secuestro o a asesinar a mujeres en el Estado de México, por mencionar algunos ejemplos recientes.
Contra ellos no hay evidencias de espionaje. Por el contrario, la paranoia del peñismo se dirige hacia quienes investigan y son mensajeros de las víctimas de abusos de las fuerzas policiacas y militares del Estado.
El periódico británico The Independent editorializó así esta nueva exhibición del peñismo: “el escándalo ruso de Donald Trump palidece en comparación con lo que acaba de suceder en México”.
El espionaje ilegal del peñismo sin una auténtica estrategia de inteligencia para defender el Estado de Derecho sólo se convierte en una demostración de que el origen de las irregularidades está en la paranoia de un gobierno que cayó en desgracia.