En comparecencia ante el
Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, el representante
comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, anunció el propósito de
la administración de Donald Trump de empezar el 16 de agosto las rondas
de negociación para adecuar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) a las exigencias planteadas por el presidente
estadunidense desde su campaña.
Según el funcionario,
vamos a tener un buen acuerdo tan pronto como podamos, pero sin un plazo artificial, y agregó que su gobierno toma en cuenta
los calendarios electorales de sus socioscomerciales. Los legisladores presentes expresaron reacciones encontradas. Mientras el republicano por Utah, Orrin Hatch, presidente del citado comité, se manifestó por restringir el instrumento al ámbito comercial y no incluir en él asuntos laborales y ambientales, Ron Wyden, demócrata por Oregon, propuso una
reforma totaldel TLCAN para incluir en él nuevos rubros –entre ellos, el de las divisas– y extenderlo a la propiedad intelectual, especialmente de productos digitales, y a Internet, así como eliminar el mecanismo actual de resolución de controversias.
Es lamentable que la opinión pública mexicana deba enterarse por
declaraciones de funcionarios del país vecino, y no por conducto de su
gobierno, de los calendarios de la negociación y que conozca las
intenciones de los políticos estadunidenses sobre la reforma del TLCAN,
pero no las de los representantes oficiales de México.
Es importante considerar que la opacidad en la que las
autoridades de nuestro país mantienen los contactos de cara a
larenegociación, más densa incluso que la que caracterizó la gestación
original del tratado durante el salinato, lejos de fortalecer la
posición del gobierno mexicano ante su contraparte, la debilita. Más
aún, sería deseable que el poder público llevara a cabo una campaña de
información abierta sobre lo que se pretende renegociar, las modalidades
del proceso, así como los beneficios y perjuicios que el país puede
esperar de las modificaciones.
En otro sentido, las afirmaciones del legislador Wyden hacen temer
que en las cúpulas políticas de Washington esté presente la tentación de
presionar para convertir el TLCAN en una suerte de pequeño Acuerdo
Transpacífico como el que rechazó Donald Trump a principios de su
mandato. Ese instrumento abortado –que fue sin embargo respaldado con
entusiasmo por las autoridades mexicanas– habría sido, como lo señalaron
en su momento diversos especialistas y organizaciones, desastroso para
el desempeño institucional y la soberanía del país, por cuanto habría
atado las manos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las
habría supeditado a instancias internacionales de solución de
controversias y habría entregado la nación a los designios de las
trasnacionales con actividad en México.
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