Además de la denuncia ante PGR, organizaciones solicitaron medidas cautelares a CNDH, por el caso de espionaje que reportó el diario The New York Times.
Periodistas
y activistas presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría
General de la República (PGR) por el caso de espionaje a sus teléfonos
con un malware llamado Pegasus, que este lunes el diario estadounidense The New York Times presentó en su primera plana.
“Además,
han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos
internacionales de protección de derechos humanos”, indicaron en un
posicionamiento, durante una conferencia de prensa este lunes.
La
denuncia fue presentada por Mario Patrón, director del Centro Prodh; los
periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; Juan
Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), además de Alejandro Calvillo, Stephanie Erin
Brewer, y Jorge Santiago Aguirre.
“Denunciamos formalmente los
hechos perpetrados en nuestra contra constitutivos de los delitos
consistentes en la intervención de comunicaciones privadas, el acceso
ilícito a sistemas y equipos de informática y los demás que resulten”,
señalaron en su demanda.
En su mensaje ante medios, periodistas y activistas acusaron que
“el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de
intimidación… constituye una forma de control de los flujos de
información y de abuso de poder”.
Ante
los hechos, agregaron, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la
sociedad, “sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de
espionaje”.
Este lunes, el diario The New York Times y las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D),
Artículo 19 y SocialTIC reportaron que periodistas y activistas
mexicanos, como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan
Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola, y Salvador Camarena de
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han sido espiados
con un software adquirido por el gobierno, llamado Pegasus.
Aunque The New York Times
señaló que no había pruebas definitivas de que el gobierno de Enrique
Peña Nieto sea responsable del espionaje, también apuntó que el software
para espiar la actividad de los teléfonos solo es vendido a gobiernos
por la empresa israelí NSO Group.
Además, las personas a las que
se buscó espiar han sido críticas con el gobierno, aunque este último
aseguró al diario estadounidense que no había usado el software para
espiar a periodistas y activistas.
“Es una herramienta poderosa
adquirida de parte de gobiernos, que de no haber mecanismos de control
abre la puerta a abusos. Es una herramienta comercializada con la idea
de espiar a terroristas y amenazas a seguridad nacional, pero que ahora
se ha usado contra periodistas y miembros de la sociedad civil”, dijo
durante una conferencia este lunes John Scott, de Citizen Lab de
la Universidad de Toronto, cuyos investigadores han documentado el uso
del malware Pegasus.
Luis Fernando García, de R3D, señaló que que
casualmente los envíos de los mensajes SMS con los que se buscó
utilizar el malware han coincidido con la publicación de investigaciones
periodísticas o trabajos relevantes desde la sociedad civil.
“Rechazamos
este nuevo ataque en contra de la sociedad civil, exigimos rendición de
cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para
realizar espionaje”, acusaron las organizaciones.
“Todo va en la
misma dirección. Es claro que quieren que sepamos que nos están
espiando, y que saben de nuestros hijos y de nuestra vida privada”,
mencionó el periodista Carlos Loret de Mola.
Erika Guevara-Rosas,
Directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que los
elementos revelados este lunes muestran “un claro patrón de uso ilegal
de la tecnología” en un intento de controlar cualquier crítica contra
quienes están en el poder.
“Las personas periodistas y defensoras
de los derechos humanos ponen constantemente en riesgo sus vidas para
defender los derechos de todos y para informar al público. Esto no es un
crimen y el espionaje sobre estas actividades es ilegal y no puede
justificarse. Estas acciones deben ser investigadas pronta y
adecuadamente”, expresó.
Con información de Arturo Angel
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