En declaraciones por
separado, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador
Cienfuegos Zepeda, y el presidente del Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova, coincidieron en señalar que la corrupción y la
impunidad se encuentran en la raíz de los problemas institucionales y
sociales del país. El primero habló en un foro sobre el Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) realizado en el Centro Militar de Ciencias de la
Salud (antigua Escuela Médico-Militar) y el segundo, en el encuentro
Diálogos para una capital cívica.
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que esos vicios han dañado
nuestra democracia y nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementando la violencia, deterioran la capacidad de las instituciones, así como la confianza en los gobiernos y los servidores públicos, y consideró que podrían superarse mediante una aplicación
precisa y contundentedel SNA.
Córdova, por su parte, reconoció que la democracia en el país se encuentra en un
bacheen el que enfrenta
un creciente descontentode la sociedad, pero opinó que los problemas estructurales de México no son causados por las elecciones –particularmente, por las realizadas el pasado 4 de junio– sino por la desigualdad, las políticas públicas erradas, la impunidad y la corrupción, todo lo cual se traduce en
un estado de legalidad absolutamente débil, precario y, en muchos sentidos, hasta inexistente.
Con respecto a los señalamientos formulados por el general
Cienfuegos, cabe dudar que el SNA pudiera ser una panacea para
contrarrestar o, al menos, frenar la descomposición institucional que
vive el país, pues no hay ley ni oficina que no puedan ser manipuladas
por los encargados de cumplir la primera y los titulares de las
segundas.
Como ejemplo de ello basta citar la inutilidad como instrumentos
contra la corrupción de los abundantes mecanismos de control y
fiscalización anteriores a la adopción del SNA –desde las contralorías
internas hasta la Secretaría de la Función Pública y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales. Si no hay una clara voluntad política del grupo gobernante
de parar en seco los desvíos, las irregularidades administrativas, los
conflictos de interés, la obtención de recursos ilícitos a expensas del
erario y la absoluta y tajante separación entre servicio público y
negocios privados, parece difícil que un marco normativo sea capaz de
frenar la corrupción y la impunidad en que desemboca la mayor parte de
los delitos en general, no sólo los referidos a un ejercicio
inescrupuloso del poder público.
En cuanto a lo dicho por Córdova, es cierto que el descontento
ciudadano en contra de los procedimientos electorales no se originó en
los comicios de principios de este mes, sino en la repetición casi
sistemática de mecanismos de distorsión de la voluntad popular, como la
compra de votos, las descontroladas inversiones multimillonarias en
propaganda lícita e ilícita, las adulteraciones aritméticas en los
conteos de los sufragios y la falta de voluntad de las autoridades
electorales –empezando por la que ahora preside el propio declarante–
para sancionar de manera efectiva a los infractores, asegurar la
realización de comicios en condiciones equitativas y comportarse con
imparcialidad a la hora de los recuentos y las calificaciones.
En este sentido, las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila, el
estado de México, Nayarit y Veracruz sólo evidenciaron un descontento y
un escepticismo que se vienen arrastrando de décadas atrás porque,
entre otras razones, el desempeño de las instituciones electorales
volvió a quedar muy por debajo de las expectativas ciudadanas y de los
criterios internacionales de normalidad democrática.
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