Editorial La Jornada
El enorme problema de violencia vinculada
con las actividades del crimen organizado que padece México tiene,
además de todos los conocidos, el lamentable efecto de desviar el
interés mediático, ciudadano y político del otro gran tema relacionado
con los estupefacientes: a saber, el de la atención y el acompañamiento
que requieren no sólo las personas adictas, sino también sus seres
queridos, quienes suelen cargar con todas las angustias y los riesgos
presentes cuando un familiar o amigo cae en el abuso de sustancias
–complicaciones que aumentan de manera exponencial cuando se trata de
estupefacientes ilegales.
De acuerdo con los últimos datos fuertes que se encuentran
disponibles, durante las dos primeras décadas del siglo, el uso de
drogas ilícitas tuvo un sensible incremento entre la población mexicana,
con cifras particularmente alarmantes en el caso de los jóvenes y las
mujeres: mientras el incremento total de quienes consumieron estas
sustancias alguna vez en la vida fue de poco más de 100 por ciento, se
disparó más de 400 por ciento entre la población femenina, con un
repunte significativo a partir de 2011 en ambos géneros. El mismo
estudio (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
2016-2017) estimó que más de medio millón de personas se encuentran en
una situación de dependencia hacia uno o varios estupefacientes.
Debe remarcarse que el uso y, ante todo, la dependencia de sustancias
son en primer lugar un problema de salud pública que debe abordarse
desde esta perspectiva tanto por el derecho de toda persona a la
protección de su salud, como por los inmensos costos –materiales, pero
también humanos y éticos– que acarrea al país la pérdida de su fuerza de
trabajo debido al deterioro de las facultades físicas y cognitivas que
acarrean las adicciones. En este sentido, queda claro que la estrategia
punitiva de combate a la farmacodependencia, implementada durante los
más recientes sexenios y en buena parte vigente hasta hoy, fue inútil e
incluso contraproducente. En efecto, además de arrojar nulos resultados
en la prevención del consumo de drogas ilícitas, la penalización motivó
que las personas usuarias fueran revictimizadas por la doble vía del
estigma social y de la caída en un sistema judicial que propiciaba la
confusión entre enfermos y criminales.
Cabe esperar que la Estrategia de Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas presentada ayer por el gobierno de la Ciudad de
México cumpla con su propósito manifiesto de abordar esta problemática
de manera incluyente, a partir de políticas de salud y con garantías
plenas para los derechos humanos de la población objetivo. El despliegue
humano y material anunciado para la implementación del plan puede ser
una señal positiva, pero será indispensable un seguimiento estrecho de
autoridades, medios y sociedad para evitar que este esfuerzo se
convierta en una declaratoria de buenas intenciones.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario