Constructoras bien portadas

 Editorial La Jornada

Los comentarios hechos ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la participación y el comportamiento de las empresas privadas en la construcción de obra pública, induce a reflexionar sobre un tema que en México (pero no sólo en México) ha sido motivo de muchas discusiones y no pocos escándalos: los a menudo irregulares manejos de esas empresas primero para que les sean adjudicadas las licitaciones correspondientes, y luego durante el desarrollo de los trabajos que se comprometieron a hacer.

No se trata de un asunto menor, si se toma en cuenta que prácticamente la mitad de las obras de infraestructura proyectadas por el gobierno federal para el sexenio 2019-2024 correrá por cuenta de compañías privadas. En todos los casos, desde luego, el Estado supervisará la génesis y el desarrollo de los proyectos, en tanto que éstos, una vez concretados, pasarán a ser patrimonio de la nación. Pero bastan las obras programadas a corto plazo para dar una idea del peso que tales compañías tienen en los planes de la actual administración: de los casi 160 mil millones de dólares (mmd) que requieren las primeras 15 grandes construcciones, 100 mmd corresponderán a inversión de particulares.

En el encuentro que el día de ayer sostuvo con becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el Presidente llamó a las empresas a tener utilidades razonables y a evitar caer en el atraco, el robo o el influyentismo para hacer y deshacer. Es decir, prácticas que pertenecen a distintos momentos de la relación empresas/Estado, pero que cuando se ejercen terminan perjudicando a los fondos públicos, que no son del gobierno de turno sino de todos los contribuyentes.

Más adelante, el titular del Ejecutivo ejemplificó acerca de los requerimientos para ampliar la infraestructura del país, aludiendo a la red caminera que se prevé construir sólo en el estado de Oaxaca; a la refinería de Dos Bocas, que se está levantando en Tabasco, y al tendido vial del Tren Maya, que pasará por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Y se refirió, en una visita realizada a una planta cervecera, a la necesidad de que las empresas se desenvuelvan tomando en cuenta su dimensión social y evitando el afán desmedido de lucro, que tarde o temprano acaba por fomentar la corrupción.

El exhorto presidencial viene muy a cuento, porque la historia de la construcción de obras de infraestructura en nuestro país está salpicada de episodios que han generado enriquecimientos inexplicables, acusaciones de fraudes (unos probados. otros hipotéticos y casi todos impunes) y la muy extendida sospecha de que los contratos entre gobierno e iniciativa privada son terreno fértil para la transa. Pero para terminar con las prácticas irregulares en este campo sería preciso reformular el principio de aprovechar cualquier oportunidad para obtener la máxima ganancia al menor costo, por el que se rigen la mayoría de las empresas, y esa parece una tarea difícil de realizar. Más vale, entonces, establecer mecanismos de seguimiento estrictos, transparentes y confiables para eliminar los riesgos de que la ambición de lucrar pueda más que el sentido social.