Ciudad de México. Dos mujeres con sus hijos intentan
huir de un hombre con uniforme militar y otro hombre con logos del
Instituto Nacional de Migración (INM). Ellas gritan y lloran mientras se
aferran, con mochilas al hombro, al niño y la niña que las acompañan.
El más pequeño se cubre los ojos con una mano mientras los elementos de
seguridad los alcanzan.
Esta es una de las tantas imágenes que circuló la prensa nacional sobre
el nuevo éxodo de personas migrantes que desde el pasado 18 de enero está
llegando a la frontera sur de nuestro país desde Centroamérica.
Las imágenes constatan que, a pesar de la obligación de dar protección a
las mujeres migrantes en México, el gobierno federal desplegó elementos de la
Guardia Nacional — creada para combatir el narcotráfico y la inseguridad–
para la persecución, detención y privación de la libertad en Estaciones
Migratorias de las personas migrantes que, ante el cierre de los pasos
fronterizos, intentaron cruzar a México por las aguas del Río Suchiate.
Estas persecuciones están causando separación familiar, estrés,
angustia, lesiones y más riesgos de violencia sexual para las migrantes y sus
familias.
Pero a pesar de estas imágenes, el gobierno mexicano aseguró en
diferentes comunicados que atiende de manera ordenada, segura y regular a la
población migrante; afirmó que les brinda atenciones humanitarias como
albergue, alimentación y cuidados sanitarios; y también dijo que revisa uno a
uno su situación migratoria.
Criminalización, caos, separación familiar y violencia
De cara a estas nuevas caravanas, el Colectivo de Observación y
Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (integrado por una decena
de organizaciones civiles) documentó que el aumento de cuerpos de seguridad en
la zona sur del país y la persecución de personas migrantes derivó en casos de
separación familiar.
Por ejemplo, el Colectivo observó a una mujer que caminaba “angustiada”
junto a un agente de la Guardia Nacional y otro del INM. De acuerdo con lo que
declaró la migrante a las organizaciones civiles, ella pidió a las autoridades
que su hija de cinco años permaneciera con ella pero ellos se lo impidieron, lo
que provocó que la niña desapareciera en medio del caos.
La coordinadora del Módulo de Mujeres para el Albergue Refugio la 72 en
Tenosique, Tabasco, Alejandra Cosme, explicó en entrevista a Cimacnoticias que
la presencia de elementos de seguridad está obligando a las mujeres y sus
familias a transitar por nuevas vías. Esto impidió, por ejemplo, que las
personas migrantes de esta nueva caravana pudieran llegar directamente al
albergue en Tenosique.
Esto también ha puesto a las mujeres, a diferencia de los hombres, en
mayor riesgo de violencia y agresiones sexuales, por parte de cualquier hombre
(sin importar si pertenece a los agentes de migración, al crimen organizado o a
la población), dijo Cosme.
La defensora detalló que en los meses recientes han llegado al albergue
más mujeres que viajan con niñas y niños, cuando anteriormente lo más frecuente
era que llegaran solas o acompañadas de una parienta también mujer.
La entrevistada explicó que las mujeres están llegando al albergue con
embarazos de hasta ocho meses de gestación, o enfermedades que van desde
ampollas, infecciones, ataques de ansiedad (adquiridas durante su tránsito)
hasta diabetes o enfermedades crónicas que deben ser atendidas con urgencia,
pero para ello la población migrante sólo cuenta con los servicios de la
organización Médicos sin Frontera, la Cruz Roja en la región y el hospital
comunitario, que padece desabasto de medicamentos para la población en
general.
En estas condiciones, las mujeres avanzan más lento que los hombres que
migran solos, lo que también propicia que sean detenidas con mayor frecuencia
por la autoridad migratoria.
Cosme aseguró que México no está brindando una atención humanitaria
adecuada, ya que en los albergues hay una sobrepoblación de hasta 300 personas.
También dijo que la mayoría de las migrantes huyen de pandillas, de la
pobreza y de violencia en sus lugares de origen, pero al llegar a México las
autoridades las rechazan y las hacen esperar en las entidades fronterizas hasta
ocho meses por una respuesta a su solicitud de asilo.
Lejos de garantizar la ayuda humanitaria, en tan sólo una semana el INM
devolvió a sus países a más de tres mil personas migrantes, la mayoría
hondureñas, y detuvo a otras tantas en la Estación Migratoria Siglo XXI, de
acuerdo con lo que ha reportado oficialmente. Aunque es su obligación, el INM
omitió decir en sus comunicaciones públicas cuántas de las personas que detuvo
y deportó son mujeres, adolescentes y niñas.
A esto se suma que tampoco es posible saber el estado de salud y
bienestar de las migrantes alojadas en las Estaciones Migratorias porque, como
denunció judicialmente el Centro de DH Fray Matías de Córdova, que desde hace
20 años hace verificaciones en estas estancias, el INM está negando el ingreso
a las organizaciones de la sociedad civil que acompaña a las y los migrantes.
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