La nuestra es una sociedad de economía liberal. Por ese solo hecho el
conflicto entre particulares en el caso Aristegui es a la vez un
problema de orden político. Pero reducirlo por ello a un asunto
meramente público y deducir de allí su tratamiento al exclusivo esquema
de las competencias de la función pública y de las responsabilidades
civiles es en mi opinión eludir el problema de fondo, es también
postergar su discusión de cara a la sociedad y es en último término un
acto de evasión política.
Lo que intento expresar en estas
notas es que de resolverse en ese ámbito, su solución seguiría siendo
parte constitutiva del problema de fondo: una neta expresión de poder.
Y en muchos sentidos. El poder resolviéndose a favor de uno u otro
particular en función de sus intereses de gobierno y en donde la
utilidad generada y asignada por el propio gobierno para sí, sería en
todo caso un hecho incidental. Grave pero incidental. No así, desde
luego, la utilidad asignada al vencedor de esta contienda. Contienda de
la que el gobierno mexicano no necesariamente se encuentra
excluido—como no resulta difícil sospechar—y contienda cuyo escenario y
posterior derrotero ha terminado por perjudicar a las audiencias a
instancias de la despedida de la conductora.
De hecho, en un
gobierno como el mexicano, desde hace mucho tiempo se borraron las
otrora barreras que separaban a uno y otro poder: el poder político y
el poder económico. Y esto es así sencillamente porque en el país opera
desde hace mucho tiempo un gobierno de tecnócratas al servicio de una
plutocracia más o menos corrupta bastante más interesada en ganar
licitaciones, y engrosar cuentas bancarias, que en generar las
condiciones básicas de vida para el desarrollo pleno de las facultades
de los habitantes de esta sociedad.
Suena a retórica barata y
facilita, pero es que si revisamos la cadena de acontecimientos
políticos de los últimos dos años—los hechos del grisáceo sexenio de
Enrique Peña Nieto—te vas a encontrar con que las cosas son así
realmente. Para no irnos más lejos, baste referir la actualísima y
postergada discusión sobre el tema del agua en el Congreso, el
desmantelamiento de Petróleos Mexicanos en la última reforma y
consecuente cesión de su gestión a particulares, la regresiva reforma de telecomunicaciones,
la cancelación de derechos a trabajadores en los nuevos añadidos a la
ley de educación, la pantomima llamada El Pacto por México, la tragedia
Ayotzinapa, etcétera, etcétera, a fin de corroborar el sustrato
empírico de esta retórica quizás repetitiva pero no por ello más
irreal.
Pero lo más grave no es eso, la vida pública de este
país, los grandes medios rotativos—de izquierda y de derechas—diseñan
sus agendas políticas en función de las agendas, las pugnas y las
prioridades del poder económico de turno. Lo que de principio no sería
tan grave si el impacto en la vida social de dicho poder estuviese
debidamente acotado. Lo cual, como todos sabemos, no ocurre así en el
caso de México. El despido de Aristegui es precisamente expresión de
una imperdonable ausencia de marcos regulatorios entre uno y otro
ámbito políticos. [1]
Desde esta perspectiva, la
etiología de este problema y su solución reclama salirse del necesario
pero insuficiente marco de lo puramente institucional, del ideal
político liberal—la utopía democrática—y de los lineamientos, tanto de
la reforma a telecomunicaciones, como de los nuevos lineamientos
delineados por MVS, e autoritariamente impuestos a los empleados
cesados tras la salida de Carmen.
Tenemos más de dos sexenios
invocando las reglas de operación de una sociedad democrática sin
resultados. Y claramente los resultados no solamente no son positivos,
los resultados están siendo claramente negativos. Si bien resulte quizá
poco inteligente abandonar la vía institucional en estos momentos,
resulta al mismo tiempo poco inteligente negar los manifiestos fracasos
de la actividad política en México por esa vía.
Me pregunto si
eludir toda discusión sobre el funcionamiento, la estructura y los
fundamentos de la economía liberal mexicana no es de hecho parte del
problema. De poco vale denunciar la corrupción política, el nepotismo,
el autoritarismo supuestamente inherente al nuevo PRI—un argumento por
lo demás discutible—invocar la ley, etcétera, si no tocas la estructura
económica, las relaciones y redes de poder detrás de esa estructura, y
las violencias que esa estructura genera en las relaciones políticas y
sociales, no menos reales en la vida de un país si bien bastante más
intangibles por su naturaleza.
La idea de estas líneas es
precisamente invitar a no perder de vista que cuando se afirma el
carácter entre particulares de este conflicto—conflicto de
plutócratas—se está implicando al mismo tiempo su naturaleza política;
e inversamente, al ser referido éste como un problema de gobierno,
entonces se está a su vez implicando su naturaleza privada. Si es un
conflicto del estado, entonces es un conflicto entre particulares y si
es un conflicto entre particulares, entonces es un conflicto del
estado. El neoliberalismo no es más que el desmantelamiento del estado
benefactor y su efímero pacto social a fin de priorizar las necesidades
del capital en el marco de las relaciones mercantiles generadoras de la
economía global, de manera que no hacemos sino asistir todos estos años
a la caída de una política suicida, puntualmente instrumentada desde
hace más de treinta años por los ineptos e ineficientes gobiernos
mexicanos, fielmente supeditados a las consignas y directrices de una
agenda completamente ajena a los problemas más inmediatos, y más
reales, de las distintas economías nacionales a lo largo y ancho del
orbe.
En el caso mexicano nos enfrentamos en forma inédita al
nuevo leviatán de la economía política neoliberal: el estado
malefactor. Del estado benefactor del sueño social-liberal de principios del siglo pasado al estado malefactor
de la economía política capitalista de principios de éste. Y el estado
malefactor de esta economía, sí, coarta y reduce las libertades
civiles, las funciones del estado, los inimputables derechos
democráticos, etcétera, con el propósito de ensanchar las prerrogativas
de los grandes corporativos nacionales y multinacionales.
Es
en este contexto que debe ser leído el despido de Aristegui. No es
baladí que sea ésta la segunda ocasión que se le despide de uno de sus
programas. Y de allí que resulte de radical importancia el hecho. Es
decir, no nada más porque se trate de Carmen sino por todo lo que en el
fondo el hecho revela. [2] ¿Cómo actuar?
Finalmente, quiero apuntar algo.
1) El despido de Carmen más que atentar contra la liberal libertad de expresión atenta contra la libertad de prensa
y contra la pluralidad ideológica de sus órganos informativos. Es
importante luchar no solamente por la libertad de expresión sino por la
diversidad ideológica de los medios de prensa. La libertad de prensa es
prioritaria para la vitalidad de cualquier sociedad si bien no goza del
prestigio de la libertad de expresión. Hace falta hacer una distinción
entre ambos conceptos y, desde mi perspectiva, priorizar la defensa de
la libertad de prensa y la pluralidad frente a la más hueca y más bien
difusa libertad de expresión. La segunda suele aparecer despojada de
referentes ideológicos y a menudo se elude una reflexión de naturaleza
ética sobre sus límites; la primera, en cambio, hace referencia a un
patrimonio político sin el cual constituir comunidades como las
nuestras, resultaría de poca justicia y, aquí sí, antidemocrático.
2)
La naturaleza política de este conflicto, que es también de orden
económico, no es definitoria ni del valor cívico ni de la conducta de
Carmen, quien desde mi perspectiva ha honrado siempre su código
deontológico, a su audiencia y su trabajo periodístico. A ello se debe
que Carmen esté siendo defendida de manera más o menos espontánea por
sus audiencias. Más precisamente: es claro que Carmen es ajena a este
doble aspecto del problema. Ella no sirve a los intereses de MVS o a
sus patrocinadores; en todo caso, Carmen ha sabido tomar ventaja de
esta situación y de estas pugnas internas y las ha utilizado en favor
de la vida pública del país.
En medios impresos es innecesaria
demasiada emotividad, las medias verdades, la locución maniquea y demás
remedios soteriológicos. Sin embargo, Carmen ha sabido prescindir
puntualmente de esa clase de fórmulas en su labor periodística, por lo
demás común en la prensa mexicana, y ha mantenido en cambio una actitud
siempre crítica en su labor informativa, una opinión mesurada y un
diálogo sagaz e inteligente con sus interlocutores. De allí que se
trate de una de las periodistas más valiosas que ha dado el país en los
últimos años y de una voz imprescindible para la vida política
nacional.
Notas.
[1] Los identifico a un ámbito político puesto que el capitalismo es asimismo una economía política.
[2]
Por ejemplo, el espectro radioeléctrico es propiedad nacional, pero en
México son particulares quienes arbitrariamente deciden su uso. Este es
un problema no solo de valores democráticos, sino de la economía
política capitalista y convendría evitar su despolitización a fin de
discutirlo más amplia y profundamente.
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