Un año marcado en sus inicios por las marchas multitudinarias del 8 de marzo en México y América Latina culminó en la madrugada del 30 de diciembre con un gran logro para la causa de las mujeres: la despenalización del aborto en Argentina hasta la 14ta. semana de gestación. Esta medida representa sin duda la conjunción de voluntades políticas de los poderes ejecutivo y legislativo, pero es sobre todo la demostración de lo que pueden lograr las mujeres mediante la organización feminista, la claridad de objetivos y la perseverancia contra la adversidad.
Pensar en Argentina es hoy pensar en la Marea verde y en la consigna #NIUNAMENOS, pero el camino ha sido largo y pedregoso. Lastrada por la dictadura militar y su legado de violaciones de Derechos Humanos, con 30 mil personas desaparecidas y miles exiliadas, la sociedad argentina, en particular las mujeres, ha dado diversas lecciones de entereza y creatividad en defensa de los DH que merecen retomarse para avanzar la causa de las mujeres en toda la región.
Desde las Madres de Plaza de Mayo hasta la Marea Verde, la conjunción de voces – diversas y hasta discordantes– y la acción colectiva han sido clave para defender la vida contra la violencia y el autoritarismo, contra la imposición de una visión unívoca y regresiva, contra la pretensión de moldear las mentes y controlar los cuerpos en nombre de una “verdad” rígida que acaba por ser inhumana.
Así, tras un largo recorrido que se inicia en los años 80 cuando, junto con el impulso democrático, las feministas reclaman el derecho a vivir sin violencia y el derecho a decidir sobre la maternidad, los diputados primero y el Senado después aprobaron la ley que permite la interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la 14ta. semana de gestación y mantiene las causales de aborto por violación o por peligro para la salud de la madre después. Como la reforma de 2007 en la Ciudad de México, esta ley permite la objeción de consciencia del personal de salud pero obliga a las instituciones a garantizar la IVE de modo que los objetores no puedan boicotear el derecho de las mujeres, como ha sucedido en Italia y ha intentado promover la iglesia católica en México.
A diferencia de otras, la Ley argentina busca ser incluyente en dos sentidos: por un lado, contempla la posibilidad de que niñas menores de 13 años puedan acceder a la IVE con el acompañamiento de uno de sus padres o un tutor, esto reduce –aunque no elimina- la limitación que implica el permiso parental, particularmente nefasto en casos de incesto o abuso familiar. Por otro lado, la ley menciona no sólo a las mujeres sino también a “personas de otra identidad de género”, con lo que incluye a hombres transgénero que puedan necesitar una ILE. Este tipo de lenguaje puede resultar incómodo en cuanto la lucha por el aborto seguro ha sido causa de las mujeres, no de hombres trans ni de ningún otro grupo. En este sentido es importante recordar y reivindicar las luchas históricas de las mujeres por sus propios derechos.
A más de una década de la aprobación de las reformas que despenalizaron el aborto hasta la duodécima semana en la Ciudad de México, periodo en que sólo se logró un avance legal significativo en Oaxaca y se han dado retrocesos en más de 18 estados debido a la presión de las iglesias y a la complicidad de todos los partidos, conviene retomar algunos de los argumentos planteados por la senadora argentina Gladys González, quien se presentó ante sus colegas como una mujer católica practicante y madre de familia, que fue acosada y amenazada por haber votado a favor de la IVE, en 2018 cuando, en una primera discusión, el Senado rechazó esta medida.
Con gran honestidad, la senadora rechazó unirse a quienes pretenden imponer su particular interpretación de la religión para prohibir el aborto, los anticonceptivos o la educación sexual. Basada en su experiencia, afirmó que el aborto clandestino es “un negocio” que afecta sobre todo a las mujeres pobres, que no pueden acceder a un procedimiento seguro y gratuito y “siguen muriendo en abortos clandestinos”. Contra quienes confunden ampliación de derechos con imposición, explicó que la Ley no obliga a nadie a abortar. Insistió así mismo en que la despenalización del aborto es una cuestión de justicia social que debe ir acompañada, entre otros, de programas de prevención del embarazo adolescente.
En el caso de México es preciso añadir la exigencia de que se garantice el acceso al aborto legal en caso de violación, causal vigente en todo el país. Recordemos también que los derechos humanos pueden ampliarse, no reducirse, por lo que no se puede revertir los avances en la Ciudad de México y Oaxaca. Hay que señalar también que plantear, como lo ha hecho el presidente, que el derecho a decidir se pueda someter a consulta es ignorar que los derechos humanos tampoco se pueden decidir “por mayoría”, son derechos propios de cada persona por el hecho de existir; y, sobre todo, que imponer la maternidad desde el Estado, la Iglesia o la familia, es una forma de tortura y que en ninguna sociedad se puede legalizar ésta. Tampoco se puede pretender buscar una sociedad más igualitaria y al mismo tiempo avalar prácticas discriminatorias como la prohibición o restricción del aborto que restringe la autonomía y libertad de las mujeres.
La lucha por el acceso al aborto seguro, legal y gratuito en México ha sido una de las causas feministas más arduas y perseverantes. Ningún gobierno ni ninguna iglesia logrará detener la lucha de las mujeres por nuestros derechos, a decidir, a vivir sin violencia. Nada nos detendrá si nos organizamos y dejamos atrás protagonismos y divisiones y damos prioridad a la causa de la justicia social.
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