8/08/2024

Columnas del periódico La Jornada jueves 8 de agosto 2024

 Columnas 

Doscientos ocho mandatarios invitados, Putin entre ellos // Reservas en dólares aumentan 48 mil 553 millones // Bachelandia


Es superflua la discusión en torno a la invitación al presidente de Rusia, Vladimir Putin. No tiene nada de especial. La cancillería a cargo de Alicia Bárcena suministró oportunamente esta información a los medios: en concordancia con nuestro protocolo, el gobierno de México remitió notas diplomáticas a todas las naciones del mundo con las que mantiene relaciones y organismos internacionales en las que ostenta membresía para participar en la ceremonia de transmisión de mando de la virtual presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para la administración 2024-2030. Esto incluye a 208 mandatarios extranjeros y 34 titulares de organismos internacionales. Putin es uno de ellos, mitoteros.

Reforma fiscal

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) –un think tank del sector privado– insiste en la necesidad de una reforma fiscal integral que no sólo mejore la efectividad recaudatoria, sino que también promueva la equidad fiscal y responda a las necesidades de la transición demográfica. Dice: es necesaria una discusión pública sobre cómo reducir los gastos ineludibles y diseñar políticas recaudatorias acordes con los cambios demográficos que enfrenta el país. La discusión pública ya se dio en los Diálogos para la Transformación, de la campaña de Claudia Sheinbaum, que coordinó el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. La virtual presidenta electa ha insistido en que no habrá reforma fiscal, es decir, aumento de impuestos. Ha propuesto varias medidas como la digitalización de las aduanas y el SAT. En lo que sí hay coincidencia con el CIEP es en el combate a la informalidad, especialmente en el impuesto sobre la renta.

Megarreservas

Las reservas internacionales del país –una de las fortalezas contra las devaluaciones– aumentaron mil 437 millones de dólares durante la semana que terminó el 2 de agosto, para ubicarse en un nuevo máximo de 223 mil 162 millones de dólares, informó el Banco de México. Fue el mayor incremento desde el 8 de marzo de este año y permitió que estos fondos, que son acumulados por el Banco de México para hacer frente a un eventual choque financiero adverso, se ubicaran 4.9 por ciento por arriba del nivel que tenían al cierre del año pasado. Cuando tomó posesión el presidente López Obrador, en diciembre de 2018, sumaban 174 mil 609 millones de dólares. Han aumentado 48 mil 553 millones. Una de las fábulas inventadas por la oposición que estuvo muy de moda en aquellos días fue que Andrés Manuel iba a dilapidarlas, especulación que creció cuando designó a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Más allá de que antes fue funcionaria de Hacienda, por tanto, del equipo cercano de AMLO, ha resultado más estricta en el manejo del impresionante capital que cualquiera de sus antecesores priístas.

Ombudsman social

Asunto: Bachelandia

Leyendo la queja del señor Pablo Juan Mendoza, en la edición de La Jornada del 7 de agosto, en la que señala las malas condiciones en que se encuentra la carretera Transpeninsular por la cantidad de baches que tiene, me uno a su queja, pero por la carretera México 15, sobre todo el tramo Mazatlán-Tepic, que está, por la misma causa, en condiciones espantosas, con baches enormes que todos los días ocasionan daños considerables a los vehículos que por ahí transitan, y lo digo porque yo soy uno de los afectados con la rotura de dos llantas. Es evidente el nulo trabajo de mantenimiento, pues a estas alturas ya se requiere mucho más que eso.

Osvaldo Bernal Lozolla, Mazatlán

Twitterati

Sandra Cuevas buscará la presidencia en 2030 con la oposición. La ex alcaldesa de Cuauhtémoc por PRI-PAN-PRD y ex candidata al Senado por @MovCiudadanoMX declaró que está trabajando para crear el partido político Por la Familia y Seguridad de México.

@brauliolunan

X: @galvanochoaFacebook: @galvanochoaCorreo: galvanochoa@gmail.com

Desaparecidos en el Zacatecas de los Monreal // Madre buscadora irrumpe // Neorrosita deslavado electoralmente // G. Harfuch agradece a AMLO

El blanco era predominante. Guayabera de ese color en el personaje central, el gobernador del estado que, frente a un par de centenares de invitados, también con vestimenta superior blanca en su mayoría, escuchaban y aplaudían a David Monreal Ávila, quien desgranaba estadísticas y frases de optimismo institucional dentro de la Agenda de la Paz: presentación de acciones que transforman.

A mitad de su periodo de gobierno (el próximo 12 de septiembre cumplirá tres años en el cargo), Monreal Ávila aseguraba que, seis meses después de haber arrancado con tal Agenda de la Paz, las cosas han cambiado notablemente, para bien. Y vaticinó, confiado: no tengan duda de que este gobierno pasará a la historia por lograr la pacificación de Zacatecas.

El encanto fue roto en ese Palacio de Convenciones de la capital del estado por el grito de Virginia de la Cruz: ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Pinchi perro! ¿Por qué no das la cara?. Ella, madre buscadora, pasó ocho meses tras el rastro de su hijo, una más de las muchas personas desaparecidas en esa entidad caracterizada por la violencia de los grupos del crimen organizado y la ineficacia o complicidad de políticos y gobernantes. Hasta que se enteró de que el cuerpo de su hijo llevaba esos meses en la morgue del Servicio Médico Forense sin que nadie le avisara.

Mi hijo (José Alejandro) ha estado en el Semefo desde el 30 de noviembre (de 2023). Tenían toda la información para localizarme: ADN, dirección, todo, pero nunca me llamaron. Yo seguí insistiendo, preguntando por mi hijo y nunca me dieron razón, dijo De la Cruz en julio pasado a la Associated Press entre llantos, tras quejarse, en su primera denuncia pública del caso, en el Congreso estatal, de que el gobernador y diputados de Zacatecas nunca la escucharon.

La madre buscadora fue sacada a jalones y empujones del Palacio de Convenciones, luego se dijo que se había desvanecido (hay imágenes de ella tirada en el suelo) y fue llevada a recibir atención médica. Monreal Ávila siguió con su optimista lectura. Al final, remitió el asunto a otra instancia: Ojalá y pronto pueda ella tener la posibilidad de, como Dios le permita, encontrar a sus seres queridos. Esta historia, sucedida en la Zacatecas de los Monreal (gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones, senadurías, cargos federales, aspiraciones incluso a la alcaldía chilanga Cuauhtémoc), puede ser adaptada a la realidad de ¿casi? todos los estados del país: ceremonias, datos alegres, estadísticas amables, sentidos discursos y una realidad apabullante: la de las personas desaparecidas y los poderes del Estado entretenidos en pretender camuflarse de blanco.

Astillas

Siguen jugando a representar a la sociedad civil. Ayer fue anunciado que tal sociedad designó (¿cómo? No se sabe) a Leonardo Valdés Zurita (último presidente del IFE, de 2008 a 2013) como representante y orador de la manifestación de color neorrosita electoralmente deslavado de este domingo contra la sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el Congreso Federal… Y, mientras el presidente López Obrador sigue cerrando expedientes, ayer al recibir en Palacio Nacional a Omar García Harfuch (quien posteó una fotografía de tal encuentro, que le es tan políticamente nutritivo, sólo con la frase “¡Gracias, Sr. Presidente @lopezobrador_ !”; un jefe policiaco capitalino de historial polémico que fue indeseado en tal Palacio como aspirante a gobernar la Ciudad de México, pero luego fue sostenido por la presidenta entrante para temas de seguridad pública (en una secretaría descafeinada, con todo el control en el ámbito militar) y, sobre todo, de inteligencia (gulp), ¡hasta mañana, con lo publicado en una nota de The New York Times: El Mayo Zambada “creía que se dirigía a ayudar a uno de los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, a mediar en una disputa entre dos políticos locales, según tres personas familiarizadas con el asunto”!

X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillerojuliohdz@jornada.com.mx

Dos Bocas fortalece soberanía // Oposición gritona e inservible // Norma Piña, jefa de pandilla

Concluye el sexenio y la autodenominada oposición –que opera como pandilla– no presentó una sola iniciativa tendiente a fortalecer al país en lo social y lo económico, ni para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Casi seis años (por no incluir los anteriores) con una sola estrategia: rechazar absolutamente todo, con gritería de por medio, a lo propuesto por el gobierno de López Obrador y las obras de infraestructura por él realizadas.

Es una oposición totalmente inútil (que incluye al Poder Judicial) para el país y los mexicanos, en todos los aspectos, amén de que se ha quedado ronca de tanto gritar no, no, no sin siquiera saber, en la mayoría de los casos, de qué se tratan las propuestas presentadas. El quid de su estrategia es que le quitaron los jugosos negocios de los que gozó en sexenios pasados, le cerraron la válvula presupuestal, los moches, los contratos leoninos y todo lo que le generaba abundantes cuan ilegales ganancias.

Eso sí, los ya roncos gritones de la oposición son multitemáticos, porque un día vociferan en contra de la sobrerrepresentación (la misma que gozaron en sexenios pasados) en el Congreso; otro, apuntan al plan C y la dictadura que conlleva; algunos más denuncian las obras faraónicas; del INE no se toca en automático pasan a convocar una marcha contra el propio instituto y así por el estilo. Un día sí y el siguiente también, sin ninguna propuesta alternativa.

Lo anterior viene a colación, porque el pasado sábado inició la producción de gasolinas en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, una de las obras de infraestructura más necesarias para el país. Desde el anuncio mismo de su construcción, esa oposición gritona e inservible registró severos ataques hepáticos y presagió que sería un rotundo fracaso. De hecho, Felipe Calderón (el mismo que prometió una refinería, la Bicentenario, que, esa sí, resultó ser fantasmal) aseguró que se trataba de una crónica de un desastre anunciado.

Fue tal el desastre que la Refinería Olmeca ya produce gasolinas (y diésel desde julio pasado, con todo y el no, no, no) y su producción fortalece la soberanía energética del país y reduce sustancialmente el gasto por importación de combustibles, que en el régimen neoliberal sirvió para engrosar las fortunas de ensueño de unos cuantos.

Se trata de la primera refinería del Estado mexicano en 45 años (la más joven del sistema nacional de refinación, la Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, data de 1979 y fue inaugurada por José López Portillo). Hasta ahí llegó, porque tres años después el régimen neoliberal tomó por asalto el gobierno y en él se quedó 36 años como vil gerente del gran capital. En esta materia se dedicó a importar combustibles al por mayor, porque, decía, producirlos en México no es rentable y sería una dilapidación de recursos del erario, mientras sangraban las arcas nacionales.

Como cápsula de memoria, la primera refinería del país (la Francisco I. Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas) se inauguró en 1914 y pertenecía a El Águila, propiedad original de los británicos Weetman Pearson y James Hyslop, quienes llegaron a controlar 50 por ciento del mercado petrolero mexicano. Fue expropiada por el general Lázaro Cárdenas en 1938 y pasó a formar parte de los activos de la nación.

El inventario de refinerías de Pemex llegó a totalizar siete plantas productivas, pero en 1991 Carlos Salinas de Gortari clausuró la 18 de Marzo, en Azcapotzalco (inaugurada en 1933 y expropiada por Cárdenas en 1938), por supuestas razones ecológicas, de tal suerte que dicho inventario cerró 1982 con seis plantas. Pero arribó el régimen neoliberal y no construyó una sola, mientras la importación de combustibles se incrementó prácticamente de forma exponencial, porque elaborarlos en el país no es negocio.

De ahí la relevancia de la Refinería Olmeca, la cual, junto con las seis existentes y la adquisición de Deer Park, en Texas, permitirá reducir en 90 por ciento la importación de combustibles, con miras a que sea el 100 por ciento a corto plazo.

Para dar una idea de qué se trata, sólo en 2018, último año de Peña Nieto (la información es de Pemex), México importó gasolinas automotrices por alrededor de 22 mil millones de dólares, un monto 31 por ciento superior al costo de construcción de la Refinería Olmeca (16 mil 800 millones de billetes verdes). De ese tamaño.

Las rebanadas del pastel

No podía esperarse otra cosa: Norma Piña, en su calidad de jefa visible de la pandilla, se dedica a reventar los foros sobre la reforma al Poder Judicial.

X: @cafevegacfvmexico_sa@hotmail.com

EDITORIAL 

El juez F. Dennis Saylor IV del tribunal distrital de Estados Unidos en Massachusetts, desechó la demanda de México contra las armerías Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock & Strum y Ruger, argumentando que no tiene jurisdicción para evaluar la responsabilidad que la cancillería les atribuye en el comercio de armas que ingresan ilícitamente a territorio mexicano. La decisión no afecta el proceso contra otras dos fabricantes de armamentos ni implica que los mencionados queden absueltos de los delitos de los que se les acusa.

En octubre de 2022, el mismo togado desestimó la querella del gobierno mexicano contra siete fabricantes (los referidos más Smith & Wesson) y un distribuidor mayorista de armas de fuego, bajo el argumento de que las leyes de ese país inequívocamente prohíben demandas legales buscando responsabilizar a fabricantes de armamentos por los actos de individuos que las usen para sus propósitos y de que no hay excepciones aplicables al caso. De este modo, aunque entonces Saylor expresó considerable simpatía para el pueblo de México y ninguna para aquellos que trafican armas a organizaciones criminales mexicanas, en los hechos garantizó la impunidad de quienes –como señalan las autoridades mexicanas– diseñan, fabrican y comercializan arsenales de guerra de una manera que saben que provee de manera rutinaria a los cárteles de la droga.

Las sucesivas decisiones del juzgador de Massachusetts exhiben hasta qué punto el marco legal estadunidense favorece los intereses de estas compañías: la legislación citada por Saylor, la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), fue firmada en 2005 por el entonces presidente republicano, George W. Bush, para permitir a los armeros desentenderse de las consecuencias letales de sus actividades lucrativas. Esta normativa refleja, a su vez, tanto la capacidad de disuasión del lobby armamentista para frenar a cualquiera que intente acotar sus abusos, como lo arraigado que se encuentra el culto a las armas en todas las capas de la población estadunidense.

Pese a los reveses sufridos en las cortes, el gobierno federal mexicano expresó su determinación de continuar con las acciones jurídicas en contra de las armerías, a las cuales exige una indemnización por 10 mil millones de dólares. De lograrse el cobro de esta cantidad, se sentaría un precedente histórico que obligaría a las empresas que lucran con la muerte a pensárselo dos veces antes de facilitar de forma activa o pasiva que sus productos alimenten a los grupos generadores de violencia en México. Incluso si la estrategia jurídica nacional se saldara con una derrota, tiene el mérito y la importancia de desenmascarar a los proveedores de armas del crimen organizado, así como la hipocresía de Washington al pretender que combate el tráfico de drogas al mismo tiempo que mantiene intacto el poder de fuego de los delincuentes.

Si realmente tienen el propósito de disminuir las más de 100 mil muertes por sobredosis que cada año dejan las sustancias ilícitas entre la población estadunidense, la Casa Blanca y las agencias de espionaje de ese país harían bien en atender la problemática de las armas, sin las cuales los cárteles no podrían desafiar a las fuerzas del orden público.

José Agustín Ortiz Pinchetti, maestro de vida

Escribo estas líneas a manera de reconocimiento y agradecimiento al maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, al que conocí hace poco más de ocho años, cuando me acerqué a él para colaborar en su trabajo como representante de Morena en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y quien durante ese tiempo me permitió aprender de él, día a día.

Sabía de su amplia trayectoria como defensor de la causa democrática en nuestro país, pero desconocía la grandeza de su calidad humana que tuve la fortuna y privilegio de observar durante los siguientes años.

Llamaba la atención que en el pizarrón utilizado por José Agustín como agenda para sus actividades había una frase de guía para los que ahí trabajamos: ¿En qué puedo ayudar. Resultó ésta no ser una frase vacía, pues siempre estaba el maestro dispuesto a apoyar a quien fuera de manera desinteresada.

Durante los años que me permitió colaborar con él pude atestiguar cómo se desempeñaba con una gran responsabilidad en sus tareas de fiscal electoral, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (en la que sus alumnos le tomaron un gran cariño), escritor en su columna de La Jornada, político, pero sobre todo como un maestro de vida que daba consejos muy concretos si uno los pedía.

Era imposible no preguntarle acerca de los grandes cuestionamientos de la vida, para los cuales siempre daba respuestas concretas, suficientes y sabias.

Recientemente José Agustín publicó un libro junto con su hermano Francisco, en el que ambos narran sus experiencias de sexenio en sexenio, porque bien decía el maestro: la vida en México cambia cada seis años, según el estilo de gobernar de cada presidente.

Las memorias del maestro, además de narrar las influencias de su pensamiento, como los jesuitas, permiten acercarse a la historia de los últimos 90 años de nuestro país y conocer movimientos políticos casi desconocidos a través de uno de sus testigos y protagonistas.

La vida y trayectoria de José Agustín debe ser estudiada por aquellos que se dedican a la política y quienes lo hagan podrán darse cuenta de cómo se puede transitar por los caminos de tan difícil profesión sin perjudicar a nadie, manteniéndose honestos y apegados a principios sólidos.

En alguna ocasión pregunte al maestro José Agustín cuál había sido la constante en las responsabilidades que había tenido a lo largo de su vida, a lo que me respondió con su sonrisa tan característica: siempre me divertí mucho.

Hasta siempre, querido maestro José Agustín Ortiz Pinchetti.

Mario Antonio Domínguez

Puigdemont regresa a Cataluña protegido por ley de amnistía

Le agradezco que por medio de El Correo Ilustrado me permita publicar que hoy el presidente de Cataluña Carles Puigdemont i Casamajó retornará del exilio a Barcelona y regresa protegido por la ley de amnistía aprobada.

Sin embargo, la posibilidad de que sea detenido por el gobierno español es muy alta.

Por eso es importante estar atentos a este acontecimiento, donde se juega el derecho a decidir del pueblo catalán, su independencia y la democracia.

Mireya Zapata Tarragona

El pueblo, inmune a los violadores rosas

Los rosados vuelven para tratar de violar la Constitución.

El Prian, a través del Frente Cívico Nacional, La Marea Rosa, UNID@S, Sociedad Civil México y cualquier grupo impresentable de la sociedad política, regresan tratando de engañar a aquellos a quienes no les gusta leer la Carta Magna.

Bajo la bandera de una nueva mentira llamada sobrerrepresentación, intentan hacer creer que Morena y sus aliados no merecen lo que el pueblo les ha otorgado.

¿Acaso los antagonistas que decían antes que el INE no se toca están tratando de robar escaños y curules bajo la bandera de el INE sí se toca?

Una pobre y descolorida oposición que piensa que su único camino es el engaño para intentar arañar aún algo de sus privilegios, ya que su intención no tiene nada que ver con el pueblo, sino con intereses personales.

Sabemos que, por ejemplo, el porcentaje de votos de Morena fue de 45.52 por ciento, más 8 por ciento que marca la Constitución, nos da un total de 53.52 por ciento, y los diputados que le corresponden al partido guinda es de 49.6 por ciento.

Ya que 49.6 por ciento no rebasa 53.52 por ciento, la asignación de legisladores está dentro de la ley, como marca el artículo 54 de nuestra Constitución.

La oposición decide continuar viviendo en el camino de la mentira y manipular a los más débiles, pero el pueblo de México es sagaz, inmune a los violadores rosas.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

Invitaciones

Natalicio de Zapata

El grupo Arte y Pensamiento y el Museo Casa de la Memoria Indómita invitan a la conmemoración del 145 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata Salazar.

El acto se realizará hoy en el Museo Casa de la Memoria Indómita. Habrá música en vivo relacionada con la madre Tierra, poesía dedicada al general del Ejército Libertador del Sur y comentarios sobre la participación de otros héroes que abrigaron el Plan de Ayala como fundamento de su lucha.

La cita es a las 16 horas en Regina 66, Centro. Entrada libre.

Alejandro Zenteno Chávez

Asambleas informativas sobre la reforma al Poder Judicial

Se hace una cordial invitación a las lectoras y lectores de este diario a las asambleas informativas sobre la Reforma al Poder Judicial, que se realizará el viernes 9 de agosto, en el bajo puente Eje 5 Sur, esquina Eje 3 Oriente, colonia Nueva Rosita a las 17 horas, con la ponencia de Jaime Castañeda. El sábado 10 de agosto, efectuaremos una sobre la Jubilación digna, en el Bajo Puente de Eje 6 Sur, esquina Filósofos, colonia Jardines de Churubusco, alcaldía Iztapalapa, a las 17 horas, con la participación de facilitadores del INFP de Morena.

Militantes Organizados Por La Transformación. Marcos Alan Jiménez Gómez

Se buscan lectores

Los invitamos a leer y comentar por escrito toda la obra: La desaparición de la santa. Una historia de hechicería, del autor brasileño Jorge Amado. Que no desaparezca el grupo. Jueves 8 de agosto de 2024 a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).


El pasado 29 de julio, más de mil compañeros de la sección 341 en Gómez Palacio, Durango, tomaron una decisión valiente y necesaria: estallar una huelga contra la empresa Linamar. La negativa de esta compañía canadiense a negociar su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y a reconocer al Sindicato Nacional de Mineros –que me honro en presidir– como su legítimo representante es una flagrante violación de los derechos sindicales establecidos en nuestra legislación federal, así como en los acuerdos 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por México. Este acto de resistencia no sólo marca un hito en la lucha laboral, sino que también subraya la importancia de la unidad y la solidaridad entre los trabajadores.

Los resultados de esta huelga han sido significativos y positivos. Tras arduas negociaciones en el Tribunal Federal Laboral, Linamar reconoció al Sindicato Nacional de Mineros como titular del CCT, aceptó pagar 100 por ciento de salarios caídos y reinstalar a cinco obreros injustamente despedidos hace un año por apoyar el cambio de sindicato; también se comprometió a no tomar represalias contra estos empleados y a revisar el contrato colectivo en enero de 2025. Este triunfo es testimonio del poder de la unidad y la perseverancia de los trabajadores.

La huelga en Linamar es sólo un ejemplo de la lucha constante de las y los trabajadores por sus derechos. En esta ocasión, las acciones de la empresa representan un desafío no sólo para nosotros, sino para el concepto mismo de justicia laboral en México. Es inaceptable que una compañía extranjera actúe con tal impunidad y desprecio hacia los obreros mexicanos. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades para que actúen con firmeza y garanticen el respeto a nuestros derechos en todo momento, sin importar la empresa o la circunstancia.

Defender los derechos laborales en México es una prioridad para nosotros y nuestros aliados internacionales. En mayo de 2024, una delegación del United Steelworkers (USW), encabezada por el director del Distrito 6, Myles Sullivan, se reunió con la subembajadora de Canadá en México, Shauna Heming-way, y varios de sus colegas, para expresar nuestras preocupaciones sobre las violaciones continuas de los derechos laborales, a pesar de la entrada en vigor de la reforma laboral en México y el capítulo laboral del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (Cusma). Esta colaboración mundial es fundamental para avanzar en la justicia laboral y garantizar que las voces de los trabajadores sean escuchadas y respetadas.

Por tanto, en este proceso la solidaridad internacional ha sido crucial. Agradecemos el apoyo del sindicato United Steelworkers (USW) de Canadá y Estados Unidos, con quienes compartimos una estrecha colaboración y compromiso en la lucha gremial. Este apoyo fortalece nuestra posición y pone a los trabajadores en el centro de la discusión laboral mundial. La solidaridad internacional destaca la importancia de una visión progresista en demanda de condiciones justas y dignas para todos.

Otra victoria reciente fue en ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ejemplo de cómo la unidad, la resistencia y la vida sindical garantizan triunfos desde las bases. Después de 55 días de huelga logramos acuerdos sin precedente, incluyendo la auditoría de las utilidades de la empresa y el pago de 100 por ciento de salarios caídos. Además, se acordó igualar el reparto de utilidades entre los empleados de ArcelorMittal México y ArcelorMittal Las Truchas, así como un adicional de 60 mil pesos, más 17 mil netos en vales de despensa como incentivo para cada compañero de planta y eventuales sindicalizados. Este éxito no hubiera sido posible sin la fortaleza que prevalece entre los integrantes de la sección 271, quienes a pesar de los ataques de la empresa, se mantuvieron en la lucha con gran dignidad y persistencia.

Estamos convencidos de que el próximo gobierno pondrá especial atención y no habrá marcha atrás en la lucha por los derechos laborales. Es fundamental otorgar mayor protagonismo al movimiento obrero, el que verdaderamente refleja la situación del país. Debemos fortalecer la auténtica libertad sindical para lograr condiciones justas y una distribución equitativa de los recursos producidos por la clase trabajadora. La administración entrante debe tener presente que esta lucha es prioridad, y no hay manera de retroceder.

Sin duda, en las empresas ArcelorMittal y Linamar la huelga sigue siendo una herramienta y símbolo de resistencia y dignidad. El reconocimiento de la libertad sindical y la elección de trabajadores para ser representados por el Sindicato Nacional de Mineros es un triunfo sin precedente, pues esta empresa se ha negado a la sindicalización incluso en su país de origen, Canadá, y en sus plantas de Estados Unidos. Así, los mineros mexicanos marcan un momento histórico, muestra contundente de que la lucha de los trabajadores da resultados.

Nuestro compromiso con la justicia laboral es inquebrantable. Protegeremos los derechos de nuestros afiliados, fortaleciendo nuestra unidad y solidaridad, y asegurándonos de que ninguna empresa, nacional o extranjera, los viole impunemente. Hago un llamado a los trabajadores y a la sociedad en general para que se unan en este fin: la unidad y la solidaridad son herramientas poderosas; juntos podemos garantizar un futuro más justo y equitativo para todos.

En este contexto, es imperativo que las autoridades laborales actúen de manera efectiva e imparcial ante tales injusticias. No podemos permitir que empresas de cualquier nacionalidad actúen de manera impune e ilegal. Se deben respetar y garantizar los derechos de nuestros hermanos mineros.

La huelga en Linamar y la victoria en ArcelorMittal son ejemplos claros de que la lucha por los derechos laborales no conoce fronteras. Es una batalla global que requiere solidaridad, unidad y una visión progresista. Seguiremos luchando por un futuro donde todos los trabajadores, sin importar su nacionalidad, sean tratados con dignidad y respeto, y donde sus derechos sean plenamente reconocidos y protegidos.

La mayor fiesta deportiva mundial está próxima a concluir. En las hazañas casi sobrehumanas que han merecido cada medalla deportiva, se ha puesto en alto una vez más lo mejor del espíritu deportivo que cada cuatro años se honra en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, como sucede en cada edición, en París 2024 las grandes contradicciones políticas y sociales que atraviesan nuestro mundo también han aparecido.

Ya desde la elección de la sede, diversas voces se alzaron, sobre todo dentro de Francia, para cuestionar el costo de albergar los Juegos Olímpicos en un país que vive tensiones importantes respecto a las medidas regresivas que los gobiernos recientes han aplicado a su política social, especialmente aquella que protege los derechos de los trabajadores. Muestra de ello han sido las expresiones y disturbios ocurridos en las calles de París durante los años y meses recientes, que cuestionaron la legitimidad de la celebración de los Juegos Olímpicos no sólo en Francia sino en cualquier otro lugar, por los efectos económicos y sociales que supone albergarlos.

Las escenas que han mostrado los desalojos forzados de personas en situación de calle e inmigrantes en París han sido expresión indignante de las políticas discriminatorias y violatorias de derechos humanos empleadas para llevar a cabo una justa olímpica que en vano se ha esforzado por presentarse ante el mundo como impoluta. A la fuerza y con maquinarias de limpieza de por medio, centenares de personas sin hogar y sin trabajo fueron desalojadas sin que se hubiese llevado a cabo un plan de atención integral a su situación de precariedad. Pareciera que los Juegos Olímpicos son una fiesta para todo el mundo, excepto para los marginados.

En París 2024 hemos visto también los efectos del descuido de nuestra casa común, pues a pesar de las cuantiosas inversiones realizadas para limpiar el río Sena, la decisión de celebrar las pruebas de triatlón y nado en aguas abiertas ha sido motivo de polémica por el riesgo que supone para la salud de los competidores la exposición a los tóxicos presentes en aguas que año con año reciben descargas de aguas residuales, práctica que es norma en casi todo el mundo y también en la glamorosa París. Contra ello, no ha bastado ni retrasar el calendario de esas pruebas ni el saneamiento de las aguas intentado durante meses y años recientes para garantizar la salud de los atletas. Ello es un ejemplo elocuente de la inutilidad del dinero para remediar lo que la sistemática explotación y descuido de los bienes comunes, animada por el interés económico, provocan siempre a corto, mediano o largo plazo.

Más allá de las contradicciones locales, la alta conflictividad en el plano geopolítico también se ha hecho presente de diversas maneras en la justa olímpica. Ya como una muestra de la persistencia del colonialismo de otros siglos, que hacen de Tahití el escenario del surf olímpico o como en el caso de la gimnasta Kaylia Nemour, vetada por su país de nacimiento, Francia, que cosechó un oro para su país de ascendencia, Argelia. Pero también en otra dimensión, como en el tratamiento diferenciado que se ha hecho a los atletas provenientes de países como Rusia, Bielorrusia e Israel; pues mientras a los atletas de las primeras dos naciones se les vetó de representar a su país y sólo se les admitió bajo la figura de Atletas Individuales y Neutrales debido a la invasión a Ucrania; en contraposición la bandera y los colores israelíes han estado oficial y abiertamente representados en la justa olímpica, e incluso su himno ha sonado ya una vez, pese a que en el marco de la Corte Penal Internacional pesan acusaciones contra Israel por genocidio en el entorno de las acciones bélicas que ha desplegado sobre Palestina y también sobre Líbano y Yemen, mismas que se mantienen mientras se celebran los juegos. Mención aparte merece la participación del Equipo Olímpico de Refugiados, que se incluyó desde las Olimpiadas de Río 2016 (10 atletas), se mantuvo en Tokio 2020 (29), y que ahora en París 2024 integra un grupo de 37 competidores, progresión que da cuenta de la incapacidad de numerosos gobiernos locales y de la comunidad de naciones en su conjunto para atender y resolver las causas de la migración forzada en nuestro mundo.

Numerosas disputas ideológicas y sobre derechos humanos también se han suscitado en el marco de París 2024. La más notoria ha sido la participación de la boxeadora argelina Imane Khelif, quien ha sido víctima de transfobia a pesar de ser mujer en términos genéticos y biológicos. Curiosamente, mientras es venerada la amplia superioridad física sobre sus competidores de atletas varones como Michael Phelps, Usain Bolt o Armand Duplantis, la superioridad física de mujeres como Khelif es objeto de condena. Con independencia de este caso, lo cierto es que está pendiente un debate serio y con perspectiva de derechos humanos respecto de la participación de atletas trans y la vigencia de la división de categorías masculina y femenina centrada exclusivamente en la condición genética, sin consideración de otros parámetros o categorías relevantes en nuestro momento histórico.

Por último, no podemos ignorar en esta panorámica la realidad del deporte mexicano, donde cada medalla ha significado un esfuerzo de superación personal desplegado a menudo en un marco de adversidades estructurales, respecto de las cuales el Estado ha fallado como facilitador del desarrollo deportivo. Si bien de por sí históricamente los atletas mexicanos de alto rendimiento no han gozado del apoyo estatal requerido, es preciso advertir que desde 2014 el presupuesto de la Conade ha ido a la baja y desde 2018, el apoyo al deporte de alto rendimiento ha disminuido en más de la mitad de acuerdo con México Evalúa. Esta condición, expuesta ya por muchos atletas olímpicos que han visto mermados sus apoyos y becas, los ha obligado a dedicar tiempo y esfuerzo extra a la procuración de fondos y patrocinios, afectando las propias condiciones de posibilidad para el logro de mayores metas.

Los Juegos Olímpicos son sin duda la mayor fiesta deportiva, pero no podemos permitir que la alegría oculte las grandes zonas oscuras que hay detrás de este evento. Disfrutemos los días que faltan y celebremos cada logro y cada medalla conseguidos por nuestros atletas, pero no abandonemos la agenda de derechos humanos que todavía está lejos de concretarse para tener realmente unos Juegos Olímpicos justos, inclusivos, sostenibles y pacíficos.

Américo Saldívar, amigo y contemporáneo mío del 68 (acaba de publicar sus interesantes memorias), me llamó a raíz de mi artículo anterior y dice que me siente un tanto escéptico. Me imagino que para algunos habré resultado infidente, impresentable, etcétera. El escepticismo es preguntarse, dudar y buscar criterios para escardar lo verdadero de lo falso. Me siento obligado a dar ciertos pormenores de por qué soy escéptico desde una visión de izquierda.

A esa visión quiero dar la mayor coherencia posible. Siempre he preferido a una fuerza política o gobiernos de izquierda que a aquellos de derecha. Un ejemplo: en la disputa por el poder en Venezuela estoy a favor del gobierno de Maduro y en contra del eje golpista Estados Unidos-Elon Musk-María Corina Machado (la cara de Edmundo González, el candidato triunfante, basta para saber del montaje avalado por la OEA). Esto no quiere decir que apruebe incondicionalmente todas las medidas, gestos y expresiones del presidente venezolano.

Lo mismo puedo decir del gobierno israelí, a cuyo líder genocida le rindió gran aplauso el poder legislativo de Estados Unidos. En realidad fue un autoaplauso. Estoy con el pueblo palestino.

E igual con el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador. Lo prefiero a su oposición de derecha carente de autoridad política y moral. Sus reformas me parecen necesarias aunque ajustables en el debate, así como vana la reiteración de exonerar al Ejército en el caso de los 43 de Ayotzinapa y defender así su fuero e impunidad. Con esto me deslindo del periodismo que, salvo excepciones, pulula en las redes sociales cargado de amarillismo y tono oficialista.

En mi artículo anterior decía que el neoliberalismo se extiende hasta el actual sexenio. Una prueba científica de ello: en una noticia de La Jornada se hablaba de los cinco ultrarricos de México clasificados por Bloomberg. En el gobierno amloísta, estos individuos incrementaron su fortuna en una cantidad equivalente a 20 por ciento de la deuda pública del país.

El actual gobierno ha respondido a las características definitorias del neoliberalismo: el mantenimiento de las condiciones estatales, apropiatorias, financieras, productivas, infraestructurales, fiscales y laborales para aumentar aceleradamente la acumulación del capital. Que las haya benignizado no quiere decir que las haya desaparecido. Y asumir su erradicación es cesar la lucha contra ellas.

La parte del capital acumulado hay que restarla del fondo único que genera la producción; lo que sobra, muy poco, queda en manos de los trabajadores, la gran mayoría social. No son fondos distintos. López Obrador consiguió otorgarle una porción mayor de la riqueza producida, y esta medida del todo plausible diferencia a su gobierno de todos los anteriores, pero no basta para considerar que la distribución de la riqueza en México se haya mejorado sustancialmente. Sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Con hacer que paguen los billonarios no es suficiente, y negarse a efectuar una reforma fiscal progresiva es una medida netamente neoliberal. Claro, la diferencia parece magnificada, al igual que el rescate de recursos nacionales y la soberanía, por la rapacidad y gemela desmesura del empobrecimiento de la sociedad y de la nación por los gobiernos anteriores.

Altagracia Gómez, una de las principales dueñas del Grupo Promotor Empresarial de Occidente (Dina, Minsa, Campo Fino, Almer y Siembra Capitales) es la coordinadora del comité de empresarios que asesorará a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. En la entrevista que le hizo Sabina Berman ( Largo aliento) a la agraciada, culta e inteligente jalisciense, ésta decía que de lo que se trata es de que haya menos pobres, pero no menos ricos, ante la tesis de Sabina de que un peso de más para los ricos es un peso menos para los pobres, y al revés.

Lo que cada rico y ultrarrico se apropia de esa riqueza –1 por ciento– se resta automáticamente a 99 por ciento de la población. Y a esto se pretende llamar democracia. Donde no hay una horizontalidad socioeconómica aceptable no hay justicia y donde no hay justicia no hay democracia.

Las elecciones son el nido donde se mata la representatividad. La gran mayoría de los ciudadanos sólo cuentan con su voto; los ricos cuentan con su inversión para financiar las campañas. Y las cobran con creces a los candidatos triunfantes. ¿Por qué, como ocurrió en el sexenio que está por concluir y en el que lo sustituirá, se conforma un comité asesor de ricos y no, también, otro de pobres? ¿Porque el pueblo es sabio, pero no tanto como para hacerse escuchar en corto por el/la Presidente de la República?

Los pobres no están organizados ni el propósito es que se organicen. Pero pensemos en los trabajadores. Ellos sí están organizados. Aunque se trata, con alguna salvedad, de cacicazgos antidemocráticos y corruptos o extensiones administrativas de las empresas. No representan los intereses de la clase trabajadora. Como sea, si los pobres –por lo general son trabajadores– no están sino para votar por los individuos en el poder u ofrecerles sus saludos y porras, eso me parece que es clasismo. Así como racismo es permitir que un puñado de empresas se enriquezcan quitándoles el agua a numerosas comunidades indígenas para luego venderles esa misma agua, simple o azucarada.

Silenciosamente, la comunidad rarámuri de El Trigo, en el serrano municipio de Uruachi, Chihuahua, avanza en su lucha por el agua, ambiente y territorio.

La comunidad interpuso un amparo tras la expedición de cuatro títulos de concesión de agua para uso industrial (minero) y un decreto presidencial de 2016 que eliminó las zonas de veda en la subregión hidrológica del río Fuerte. En primera instancia la jueza de distrito decidió no entrar al fondo del asunto, tras considerar que la comunidad indígena no contaba con interés jurídico ni legítimo, pues la expedición de los títulos de concesión y su registro no le generaban por sí solos una afectación jurídica, al no tener efectos en su territorio.

La comunidad interpuso un recurso de revisión (709/2023) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su fallo la Corte concluyó que la comunidad indígena solicitante habita esa región desde principios del siglo XIX y tiene como principal sustento el cultivo del maíz, en torno al cual organiza la mayor parte de su vida cotidiana, cultural y ceremonial. Para esto depende del agua de la subregión hidrológica del río Fuerte. Por tanto, concluyó que dicha comunidad sí cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo contra los actos que reclama, puesto que pueden afectarla directamente, en sus derechos al territorio, al uso preferente de los recursos naturales, así como al derecho al agua y al ambiente sano. Esto generaba la obligación de realizar una consulta libre, informada y previa a la emisión de tales actos, pues las concesiones mineras pueden disminuir el flujo o contaminar el líquido vital del que se beneficia la comunidad.

Por tales motivos, la primera sala de la Corte determinó procedente revocar la sentencia y conceder el amparo para dejar sin efectos el decreto impugnado, así como los títulos de concesión para uso y explotación industrial de las aguas superficiales de la cuenca, otorgados por Conagua con base en el decreto de 2016. Asentó que, en caso de emitir otro decreto o una nueva concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas de la subregión hidrológica río Fuerte, las autoridades responsables realicen la respectiva consulta previa. Y otra conclusión no menor: la sala destacó el papel que tienen los pueblos y comunidades indígenas en la protección y desarrollo del ambiente, al precisar que la naturaleza es fundamental en el desarrollo de su cultura, cosmovisión, creencias, patrimonio e identidad (https://bit.ly/3SAmPvp).

Además de lograr este fallo favorable en el que se establece su interés legítimo por todo el acuífero del río Fuerte, la comunidad de El Trigo ha insistido en la petición P-2121-19 presentada en 2019 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para detener las concesiones mineras y de agua dentro de la subregión hidrológica del río Fuerte en Chihuahua. La petición ya está en la etapa de fondo con el número 15481.

La lucha ha enseñado a la comunidad que no puede confiarse ni en las instituciones gubernamentales, como en el caso del estudio elaborado por Conagua este año sobre la disponibilidad media anual del agua del río Fuerte, estado de Sinaloa, en el que su ubican las corrientes de la comunidad El Trigo, se concluye que el acuífero mantiene un balance favorable entre extracción y recarga, pero este balance corresponde sólo a donde se obtuvo la información piezométrica, un área de 2 mil 192 kilómetros cuadrados, siendo que el acuífero cubre 34 mil 496 kilómetros cuadrados. El estudio, pues, no abarca ni 10 por ciento del acuífero, por tanto, no se puede hacer una correcta evaluación para la manifestación del impacto ambiental de los proyectos mineros (https://bit.ly/3YzRWeh).

Más: el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) hizo algunas observaciones a las manifestaciones de impacto ambiental de los tres proyectos mineros planeados o en operación en la cuenca y acuífero del río Fuerte en la sierra de Chihuahua. Según el IMTA, en ninguno de los tres proyectos se incluye un estudio hidrogeológico del área del desarrollo minero, ni censos de aprovechamientos subterráneos, ni dirección de los flujos subterráneos, ni modelo conceptual hidrogeológico. Por tanto, no se cuenta con información base que caracterice la zona de los tres proyectos mineros y proporcione elementos de juicio sobre el origen y dirección del agua de laboreo, y para determinar si se intercepta la recarga del río Fuerte.

Ante tantas mentiras o verdades a medias de las mineras y aliados, ante las mañas para aprobar los proyectos extractivistas que afectan el agua de las comunidades, hacen bien los rarámuris de El Trigo, en acudir a todas las instancias. Ahora que la Cámara Minera de México promueve la campaña Minería Consciente, la comunidad prefiere no esperar a ver si esa minería es posible y si hay voluntad eficaz para practicarla. A pesar de las amenazas de los capitalismos conscientes, inconscientes o demenciales, siguen luchando.

De unos años a la fecha, un número considerable de intelectuales afines a los poderes fácticos ha afirmado que la derrota electoral del PRI, en 2000, significó el fin del régimen de partido-Estado y el inicio de la llamada transición a la democracia. Denominar así al fin de la larga hegemonía del PRI no sólo pretendía nombrar a un nuevo periodo histórico, sino que deseaba valorar negativamente el régimen de la Revolución Mexicana (1940-1982) y orientar el quehacer político hacia un horizonte de nueva normalidad neoliberal.

En apariencia, esta postura tenía coherencia; pues en su momento la derrota del PRI trastocó el viejo sistema político, el cual, como se recordará, era antidemocrático, corrupto y autoritario. No obstante, resulta curioso que estos intelectuales no hayan mostrado el mismo interés de valorar el significado de la finalización de otra larga época, particularmente cuando el Estado priísta a inicios de la década 1980 abrazó los postulados del libre mercado, las privatizaciones y la apertura comercial.

Por el contrario, de los 80 a 2000, estos intelectuales fueron críticos con el PRI, pero prefirieron concentrarse en denunciar abusos de poder, desfalcos al erario, magnicidios y represiones, aquello que resultaba por demás obvio. En aceitada estrategia de simulación, se esforzaban por hacerse pasar como críticos implacables del poder político; aunque pocas veces del religioso, jamás del mediático, mucho menos del económico; de ahí su silencio ante las modificaciones estructurales sobre el Estado posrevolucionario.

La genealogía del relato de la transición a la democracia es larga. Comienza a promoverse poco después de la llegada del PAN a la Presidencia y casi a la mitad de la década de 2000, ya había adquirido legitimidad y popularidad, principalmente en revistas, periódicos, editoriales e instituciones hegemónicas de aquella época. Su sustento historiográfico, por decirlo de manera muy condescendiente, se fundamentaba en la analogía que estos intelectuales establecían entre el fin de la dominación priísta de casi 70 años, el fin del franquismo en España y la caída del llamado socialismo real a inicios de los 90. Como se podrá constatar, dos procesos históricos ajenos a la situación mexicana.

Estos intelectuales, conocidos como transitólogos, construyeron una particular narrativa, en que argüían que sucesos históricos fundamentales en la memoria de la izquierda mexicana –el movimiento estudiantil de 1968, la matanza del 10 de junio de 1971, la guerra sucia , la participación social tras los sismos de 1985 y el fraude electoral de 1988– fueron los acontecimientos que condicionaron la derrota del PRI en 2000 y el advenimiento de la democracia. Con hábil interpretación histórica, se apropiaron de palabras que representaron demandas dirigidas contra el sistema priísta de corte corporativista, como sociedad civil, autonomía e independencia y les asignaron significados gerenciales y empresariales.

Sin embargo, algunas voces han comenzado a poner en entredicho la interpretación histórica de la narrativa de la llamada transición a la democracia. Por ejemplo, se señala que no existe ruptura alguna con el triunfo electoral del PAN en 2000, ya que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón continuaron las mismas políticas que sus antecesores priístas neoliberales, particularmente desde De la Madrid, Salinas y Zedillo. Cabe recordar que los panistas concedieron la banca mexicana al capital extranjero, entregaron concesiones a las mineras canadienses y permitieron el ingreso del capital privado en las empresas estratégicas nacionales, como Pemex y la CFE. Esto al margen de que Calderón desencadenó la mal llamada guerra en contra del narcotráfico, de funestas consecuencias.

Por ello, si se desea hablar de rupturas en la historia reciente, se sugiere identificar dos fundamentales: la de 1982, cuando el Estado priísta abandonó los postulados de la Revolución Mexicana, y la elección de 2018, cuando una compleja y heterogénea coalición social, liderada por Andrés Manuel López Obrador, conquistó con amplio apoyo social la Presidencia de la República.

Estas interpretaciones históricas contribuyen a que se concluya que la llamada transición a la democracia fue un atractivo mito clasemediero, urbano y chilangocentrista. Conviene elaborar otra mirada al pasado reciente. Una en la que se reconozca que, el actual presente, se encuentra atravesado por la disputa entre fuerzas políticas que aspiran a desmontar, por una parte, el aparato neoliberal y, por otra, impedir que se desarticule el viejo orden. Esta es la impronta de nuestro tiempo presente. Y esta es la ruta a seguir para comprender nuestro pasado inmediato.

* Investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (@vivangm)

Las recientes elecciones celebradas en Venezuela ocurren en un contexto de enorme complejidad, no sólo por la importante dinámica interna, sino también porque tiene una dimensión geopolítica en donde están inmersos tanto el diseño neocolonial y neomonroista que intenta Estados Unidos para apropiarse de los recursos territoriales y estratégicos de América Latina y el Caribe, al cual algunos de nuestros países se subordinan, entre otros el Ecuador de Noboa, la Argentina de Milei y el titubeante Chile de Boric, que por ahora no son una tendencia dominante ante otra que busca mayor independencia y soberanía frente al injerencismo inaceptable en estos tiempos de intensificación de la crisis hegemónica de EU frente a la emergencia de nuevos bloques de poder como el de los BRICS.

De la importante conferencia magistral impartida por la ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner con motivo del cierre del curso Realidad política y electoral de América Latina, organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena el 3 de agosto pasado, con la colaboración de varios institutos de la región, destaco tres puntos:

“Siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo global… comprobada… con millones de barriles por arriba de los sauditas (Arabia Saudita )… expliquémosles a nuestros compatriotas latinoamericanos que hay un país en nuestra región que tiene más petróleo que los árabes y que se llama Venezuela.”

El segundo punto es el del bloqueo que sufren dos países latinoamericanos, Cuba (hace más de 60 años ) y Venezuela (desde 2014), sin que a EU le importaran crisis como la pandemia y sin escrúpulos para aceptar que el objetivo es afectar directamente a la población para que se levante contra esos gobiernos.

Cristina señaló con ironía que ni Hayek, Friedman, Adam Smith o Marx “tienen una descripción de economía de bloqueo… ni podrían explicar que un país haciendo uso de su hegemonía militar y política imponga que otro no pueda vender nada a nadie ni nadie le puede comprar nada.” Menos aún entenderían estos autores dónde quedó la economía de libre mercado de la que hablan los neoliberales.

El tercer punto que quisiera comentar de los abordados por la ex mandataria son los constantes actos de injerencismo en los asuntos de Venezuela de larga historia: los intentos de golpe de Estado, como el de 2002 contra el presidente Hugo Chávez y otros intentos de suplantar a las presidencias legitimas, léase Carmona, Guaidó y ahora González.

No tendría el espacio para explicar todos los candados de seguridad que tiene el sistema de votación venezolano, a lo cual otros colegas se han referido de manera detallada, pero existe un tiempo legal para que el Consejo Nacional Electoral contraste el voto electrónico con las actas impresas y en pleno proceso de conteo la oposición ya cantaba fraude argumentando con apresuramiento que habían tenido un triunfo histórico lo que generó un día de mucha violencia en las calles.

La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión extraordinaria el 30 de julio (con la esperanza de la caída del régimen chavista, según dijo el canciller peruano González-Olaechea), pero no hubo consenso sobre la resolución que pedía al gobierno venezolano publicar de inmediato las actas. La ausencia de México y varios países del Caribe, más la abstención de 11, entre ellos Brasil, Colombia y Bolivia, dieron al traste con la intención (Infobae, 5/8/24).

Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la valiosa observación de que el conflicto poselectoral en Venezuela tiene que apegarse a la legalidad de ese país, criticando de manera serena y contundente el papel de la OEA que a dos días de la elección ya había declarado que no había ganado un candidato, sino otro sin tener pruebas de nada, y sin facultades legales, ¿con qué facultad se erige como juez electoral? Eso en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava. (Emir Olivares y Laura Poy, La Jornada 2/8/24).

El inefable secretario de Estado, Antony Blinken, señaló que dada la abundante evidencia, es claro para EU y, más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González obtuvo la mayoría de votos ( La Jornada, 2/8/24). Aunque a los cinco días esa oficina aclaró que no reconoce aún a González como presidente, desde México López Obrador critica a Blinken al considerar que no es legal emitir un fallo para dar como ganador o perdedor a un candidato como lo hizo con González.

Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando como perdedor o ganador a un candidato de otro país ¿que es eso? No hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos (Lidia Arista, Expansión, 2/8/24).

Facebook: John Saxe Fernández

Londres. Las quejas de que los motines ultraderechistas de la semana pasada han sido enfrentados con más dureza que otros disturbios recientes equivalen a “ gaslighting racista”, sostienen activistas en pro de la igualdad.

Mark Rowley, jefe de la policía metropolitana londinense, ha calificado de completa tontería las acusaciones de un doble rasero policiaco, y sostuvo que quienes hacen tales afirmaciones ponen en riesgo a los oficiales.

El gobierno del país ha desechado también las insinuaciones de que estos disturbios se han enfrentado con mayor severidad que otras protestas y desórdenes recientes. El primer ministro Keir Starmer, a quien Elon Musk, dueño de Twitter/X, ha apodado Keir Doble Rasero, expresó que las acusaciones no son tema.

El primer ministro ha sido acusado también por Robert Jenrick, contendiente al liderazgo de los tories, de no ser tan claro como podría ser en cuanto a que algunos de los disturbios partieron de bandas sectarias.

La popularidad que ha ganado la frase doble rasero policiaco constituye “un ejemplo más de complicidad de los grandes medios con el gaslighting racista”, consideró el destacado grupo británico de expertos en justicia social Runnymede Trust.

La doctora Shabna Begum, presidenta de esa organización, declaró a The Independent: “es insultante sostener que las comunidades de color enfrentan un trato policiaco ‘más favorable’. La popularidad que ha ganado la frase ‘doble rasero policiaco’ es un ejemplo más de la complicidad de los grandes medios con el gaslighting racista.

La frase implica que hubo un nivel equivalente de violencia en las protestas de BLM (Black Lives Matter), las cuales fueron pacíficas en su mayor parte, y que la policía se mostró blanda con esas protestas; ninguna de las dos cosas es cierta. La idea de que la policía alguna vez ha favorecido a las comunidades de color es un insulto directo, dado todo lo que sabemos del uso desproporcionado de la fuerza en contra de ellas.

Las estadísticas muestran muchas disparidades raciales en el trato policiaco cotidiano. Datos oficiales indican que las fuerzas de la policía en Inglaterra y Gales detienen y catean en forma desproporcionada a personas de comunidades étnicas minoritarias. Las personas negras representaron 46 por ciento de todas las detenciones para revisiones en el año que concluyó en marzo de 2023, en comparación con su proporción de 4 por ciento de la población, en tanto que las de personas asiáticas constituyeron 39 por ciento, en comparación con su 9 por ciento de la población.

La organización Runnymede sostiene que la evidencia de un trato policiaco de doble rasero se corrobora en la naturaleza de los cargos que se aplican a los involucrados en los actuales disturbios racistas. Si acaso, debería ponerse una interrogación en por qué los cargos hasta ahora han sido por desorden violento, y no los cargos más serios que se utilizaron contra los manifestantes de la campaña Kill the Bill en 2021 (contra una propuesta de legislación policiaca y penal), añadió la doctora Begum.

Señalando los levantamientos en Londres en 2011, en respuesta al asesinato a tiros de Mark Duggan, la abogada Abimbola Johnson señaló que las actuales afirmaciones de trato desigual son ignorantes de la historia. En 2001 vimos emitir muchas sentencias de custodia contra quienes fueron convictos de participar en los disturbios, indicó Johnson, también ex presidenta de un plan de acción racial policiaca.

“Muchos eran jóvenes, personas de color y delincuentes primerizos. Vimos un número significativo de personas arrestadas y luego consignadas con base en identificaciones policiacas provenientes de imágenes bastante granulosas de televisión de circuito cerrado, además de una significativa expansión del uso de polémicas facultades de detención y cateo sin sospechas. Muchos delincuentes primerizos recibieron sentencias de custodia debido sobre todo al contexto de inquietud pública. La idea de que el uso de métodos semejantes en la actualidad representa un ‘doble rasero policiaco’ es, por lo tanto, ignorante de la historia y francamente falsa.”

En meses anteriores, un estudio de la Red de Observación de la Policía (Netpol) detalló una respuesta policiaca confusa, racista y amenazadora a las marchas en favor de Palestina, con niveles inusitadamente altos de vigilancia y acoso.

En 2021, Netpol publicó otro reporte referente a la actuación policiaca en las protestas de Black Lives Matter, la cual reveló uso excesivo de la fuerza, con inclusión de cargas con cachiporras, cargas con caballos, uso de gas pimienta y arresto violento.

Kevin Blowe, coordinador de campañas en Netpol, sostuvo que las acusaciones de doble rasero policiaco constituyen un mensaje en código deliberado e islamofóbico, así como un distractor. Su propósito es “simular que la ultraderecha y su violencia deliberada son sólo ‘opiniones legítimas’ tratadas injustamente por la policía”, advirtió.

Puedo entender por qué la gente querría demostrar que es una falsedad, analizado estadísticas de arrestos y sentencias, pero eso es exactamente lo que la ultraderecha quiere: un distractor respecto de su propia conducta violenta. La pregunta más importante es con qué se está alineando y respaldando un político como Nigel Farage, en el peor momento posible: el lenguaje de revoltosos que aterrorizan a comunidades.

En partes de Reino Unido han estallado disturbios violentos a raíz de especulaciones falsas respecto de la identidad de un adolescente sospechoso de asesinar a tres jóvenes mujeres en un ataque a cuchilladas en Southport, el mes pasado. Se han realizado más de 400 arrestos en marchas de ultraderechistas, en tanto que más de 100 personas han sido consignadas.

El obispo Desmond Jaddoo, radicado en las Tierras Medias, fundador de la Organización Nacional Windrush, sostuvo que el discurso de doble rasero es un distractor de ojo por ojo. Están usando mucha retórica política; no debemos olvidar a nuestras tres jovencitas que perdieron la vida, y que estos disturbios son vil racismo.

Estos comentarios no ayudan a crear una Gran Bretaña mejor, cuya prosperidad de posguerra se basa en que personas de color, la generación Windrush (personas de color provenientes de países caribeños) y la Mancomunidad Británica han hecho su parte. El único discurso firme que necesitamos en este momento como nación es enfrentar de una vez por todas las causas de raíz de esto, porque tenemos un ciclo periódico de disturbios raciales, que sólo suscitan comentarios sin ningún resultado tangible de progreso hacia convivir como una nación de personas de procedencias diversas.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

A punto de concluir el sexenio de los abrazos a la delincuencia, con cifras nunca vistas de asesinatos e impunidad, entre muchos otros, suele olvidarse el efecto colateral de la producción industrial de drogas químicas para la exportación al vecino del norte y a muchos otros países. Elaborar narcóticos consume mucha agua y los procesos no son limpios (deja residuos en los cuerpos de agua como en flora, fauna, aire y tierra). Si los miles de muertos en el consumo y producción no fueran razón suficiente para actuar contra los criminales (el tráfico nunca se detiene, no importan las detenciones de capos) e impedir que las zonas rurales sean devastadas, la contaminación irreversible de ecosistemas debería ser causa para enfrentar a los empresarios de la muerte ambiental.

En los pocos laboratorios encontrados, se hacen labores castrenses de detección y consignación de materiales (precursores y producto final), a veces, de narcotrabajadores, pero, por tratarse de una peculiar sustitución en labores policiacas, la Sedena no hace trabajos de limpieza y menos repara daños ambientales. Prácticamente la procuraduría encargada de esto no es llamada y parece dejarse de lado este problema que sólo puede solucionarse por especialistas. Las detenciones de narcos no resuelven el deterioro ambiental que se extiende a territorios en aparente paz, contaminando la vida de hombres, animales, vegetación y calidad de la tierra. Muchas zonas afectadas no serán viables para labores agropecuarias. Todos tenemos interés jurídico en pedir que limpien tales áreas. Del ataque al narcotráfico, ni hablamos. Abrazos aparte.

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