En la parte I del primer volumen del Informe Final 2024, el Mecanismo dedica parte del esclarecimiento a comunidades campesinas indígenas y afromexicanas en el marco del control territorial, la lucha agraria y la contrainsurgencia pero solo fueron detectados 2 casos.
El primero de ellos es de 7 mujeres víctimas de detención arbitraria, tortura y violencia reproductiva que vivieron durante los operativos antinarcóticos de la Operación Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980.
Así como dos mujeres víctimas de tortura en la masacre del Rancho «El Mareño» en Michoacán, en 1985, en este registro documentaron que elementos de la Policía Judicial Federal asaltaron el Rancho El Mareño, en Michoacán, en donde presuntamente se encontraban secuestrados el agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.
Hay que señalar que esta investigación incluyó entrevistas con víctimas, militantes de organizaciones político-militares o de partidos políticos, profesorado, campesinos, pescadores, estudiantes, obreros, migrantes, hombres y mujeres que de una u otra forma tuvieron participación en la lucha popular, además de colectivas, periodistas y académicos.
Luchas agrarias: 130 personas asesinadas
En las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, la lucha por los derechos agrarios estaba creciendo de forma exponencial; fuertes grupos comunitarios exigían el control sobre sus tierras y una mejoría en la industria. En respuesta, el Estado inició una contención de estos movimientos civiles haciendo uso de su principal recurso: La violencia extrema.
El informe recopila, por ejemplo, el bombardeo aéreo que cometió el ejército contra el movimiento Partido de los Pobres y la cantidad de familias oriundas de Guerrero quienes tuvieron que escapar de sus comunidades que hasta la fecha han sido borradas del mapa. En total, el Mecanismo logró identificar a 123 mil 034 víctimas de desplazamiento forzado.
Asimismo, se identificó que entre las principales instituciones que cometieron estas violaciones se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional, que coordinó la implementación de planes, operaciones y estrategias dirigidas a exterminar estos movimientos. Esta institución se articuló con la, actual extinta, Secretaría de la Reforma Agraria, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Recursos Hidráulicos y los gobiernos de las entidades que fueron permisivos en estos actuares de abuso, tortura y masacre.
«El Estado hizo uso de instituciones federales y locales para diseñar, plantear y concretar sus políticas de desarrollo económico, que beneficiaron al estado e instituciones locales representadas por particulares promotores de las políticas de Estado.», denuncia el mecanismo.
A estas acciones se suman terratenientes y otros grupos armados financiados que, en conjunto con las instituciones estatales, se encargaban de ejecutar medidas como intimidación, agresiones, amenazas, control territorial y supuestas órdenes de desalojo.
Se habla de una cadena de violencia que empezó en los sesentas y terminó por arraigarse con otro fenómeno que comenzaba a arreciar: el narcotráfico. Una amenaza latente para el Estado que no logro contener, pero que sí resultó en un recrudecimiento de violencia contra las comunidades indígenas, poniendo la lupa, especialmente, en mujeres, niñas y adolescentes que fueron víctimas de tortura y violencia sexual por parte del ejército.
Contextos de violencia subsecuentes: Comunidades rurales e indígenas vs el narco
El Ejército ya había hecho de su hogar las comunidades rurales por órdenes del Estado por aplacar a toda reunión guerrillera o de probable colusión, sin embargo, el escenario inició un proceso de turbulencia aún mayor con la amenaza del narcotráfico; como si la fuerza ejercida en estos poblados no fuera suficiente, parecía que esta vez, no daría tregua, desatando así, una perpetración inhumana de violaciones contra familias campesinas, supuestamente, ligadas al narcotráfico.
Una criminalización sin precedentes que, según data el Mecanismo, se trataba de personas que eran extorsionadas para cubrir cuotas, entre la encrucijada, terminaban cultivando en sus territorios mariguana y amapola que el crimen organizado les demandaba; fueron estas familias las víctimas de las ejecuciones, de abuso sexual y de tortura. La población rural, empobrecida y explotada terminó pagando el precio de las operaciones de antinarcóticos.
Parte de las prácticas de tortura, el Ejército recurrió al cuerpo de las mujeres como botín de guerra, es decir, la tortura sexual. Mujeres de las comunidades también eran torturadas y víctimas de violencia sexual de manera reiterada por parte de miembros del ejército. Algunas de estas víctimas, eran niñas.
En este sentido, el Mecanismo registra testimonios anónimos de mujeres originarias de la Sierra Tarahumara, quienes reconocen que entre 1970 y 1980, fueron víctimas de tortura sexual.
«Es importante precisar, además, que hubo un patrón diferenciado en función del género y la edad, pues en las detenciones arbitrarias, las mujeres eran mucho más propensas a sufrir violencia sexual, mientras que los varones eran objeto tortura”
Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento
Asimismo, otro hallazgo es que se tiene registro de mujeres campesinas que fueron separadas de sus hijas e hijos como resultado de la violencia estatal.
Después de 60 años en el que la información se movió desde la opacidad y la información sobre el actuar de las fuerzas castrenses en las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas se mantuvo en resguardo, por primera vez, se reconoce que del 65 a 1990, el Ejército no sólo se asentó en campamentos político – militares de las áreas rurales de nuestro país, sino que ahora, se reconoce que muchas familias que migraron a otras entidades o zonas conurbadas en las últimas décadas, lo hicieron a causa de violencia ejercida por las Fuerzas Armadas quienes articularon sus 3 principales herramientas: Detenciones arbitrarias, desaparición forzada y violencia sexual. Finalmente, se reconoce un aproximado de 8 mil 593 víctimas de crímenes inhumanos como ejecución extrajudicial y tortura sexual.
¿Qué es el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico?
Es uno de los cinco mecanismos que conforman la Comisión para la Verdad, el cual se integra de un conjunto de personas independientes, expertas y con trayectorias relacionadas con el esclarecimiento de la verdad, la memoria, la justicia y la lucha por los derechos humanos en nuestro país.
¿Qué es la Comisión para la Verdad?
En octubre de 2021 fue creada por decreto presidencial la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
Tras años de lucha por la justicia y reconocimiento de las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de cientos de personas en diversas regiones de nuestro país. La creación de esta comisión surge del acuerdo entre la Presidencia de la República y los colectivos de sobrevivientes, víctimas y familiares, en respuesta a años de impunidad y el silencio de este periodo de la historia reciente de México.
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