8/22/2024

Columnas y opinión del periódico La Jornada jueves 22 de agosto 2024



Comisión del INE aprueba mayoría calificada de Morena // No tienen por qué preocuparse, dice Claudia a inversionistas // El ministro Laynez

Por unanimidad, los cinco miembros de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobaron el proyecto de asignación de diputados plurinominales, que otorga la mayoría calificada a Morena y sus aliados. Podrán reformar la Constitución con apoyo del Senado y Congresos locales. Votaron los consejeros Uuc-Kib Espadas Ancona, Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey, Dania Paola Ravel y Arturo Castillo. Lo que sigue es la reunión en la que el consejo general del instituto analizará y votará el proyecto. En el cálculo más optimista, probablemente será avalado por nueve de los consejeros. En contra se pronunciarían la lorencista Claudia Zavala y Jaime Rivera. Anoche mismo se votaría la distribución de las senadurías, donde Morena quedó a tres votos de tener mayoría calificada.

La hecatombe

¿Irá a existir la República mexicana el próximo lunes? ¿Se saldrán de sus cauces los ríos y se desbordarán los mares? ¿Arrojará fuego y lava el Popocatépetl? No me refiero a un sismo mayor al de un 19 de septiembre, sino a las amenazas que se anuncian si Morena y sus aliados obtienen la facultad de reformar la Constitución. Organizaciones empresariales, una calificadora de crédito, publicaciones como The Wall Street Journal y Financial Times, bancos internacionales, inclusive el antes llamado subcomandante Marcos, muchas voces se unen en una gritería sospechosa. Se resisten a aceptar algo: la oposición perdió. Postuló a una mala candidata, Xóchitl Gálvez; la mezcla de partidos PRI, PAN y PRD que armó Claudio X. González fue desastrosa; los dirigentes se pelearon y no atinaron a presentar un programa de gobierno. Morena y aliados arrasaron en las elecciones ¿por qué tendrían que ceder a los vencidos lo que ganaron de acuerdo con la Constitución y la ley? Tranquilos. Difícilmente se acabará el país con la elección de jueces, magistrados y ministros por los ciudadanos; la creación de un órgano que vigile en serio a los juzgadores y obligarlos a que rindan cuentas. Finalmente, no es el fin del mundo que se ajusten a una vida austera.

No tienen por qué preocuparse

Con talante sereno, calmado, que le gusta mucho a la gente, la presidenta electa Claudia Sheinbaum abordó el tema del nerviosismo de los inversionistas. “No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación, por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, saben los problemas de corrupción que hay ahí. Y si hemos dicho que uno de los mayores problemas que tuvo México históricamente es la corrupción, no creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de la corrupción“. Agregó: “al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones, y va a haber un sistema, un Poder Judicial que va a atender a ricos y a pobres por igual, y que no va a tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución’.

Los ministros

El ministro de la Suprema Corte Javier Laynez afirmó que la mayoría de sus integrantes apoya el paro de jueces, ministros y trabajadores del Judicial; sin embargo, aclaró que no cesarán actividades. ¡Qué conveniente! Sólo animan a los paristas, pero de lejecitos. Si van al paro sería bueno que no cobraran sus cuantiosos sueldos y prestaciones porque lo que les sobra es dinero, con excepción de Lenia Batres.

Twiteratti

Lamento que el PAN se cierre a la sociedad y no se abra a los ciudadanos en renovación de la dirigencia. Imposible representar esperanza de cambio si se resisten a ciudadanizarse. Yo seguiré luchando para lograr en 2027 contrapesos en el Congreso y el cambio que anhelamos en 2030.

@damianzepeda

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Contra El Chapito, no contra EU // Inaceptable versión sobre Cuén // Cota: de Segalmex a otro cargo // Robledo: seguridad pública es percepción

Usualmente lenta, fallida y enredada, la fiscalía federal a cargo de Alejandro Gertz Manero dice ir confirmando detalles del más reciente jueves sinaloense negro y ha decidido centrar sus perspectivas judiciales en Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos, al acusarlo de traición a la patria por, según eso, haber secuestrado a Ismael Zambada y entregarlo a autoridades de otro país (Estados Unidos), luego de medio siglo de impunidad absoluta en México del jefe criminal conocido como El Mayo.

El enfoque seleccionado por la Fiscalía General de la República se alinea con la postura oficial del gobierno de Estados Unidos y con las declaraciones atribuidas a Zambada. Es decir, sienta bases para eludir posibilidades de reclamos mexicanos contra Estados Unidos por su probable involucramiento en este golpe en el que aún no queda claro si hubo participación de agencias del vecino país, aunque esta postura de la FGR prefiere centrar el asunto en la responsabilidad de un connacional.

Ya habrán de conocerse y valorarse los indicios firmes que han llevado a esa fiscalía a optar por esta vía interna. También habrá de verse si ese señalamiento de uno de los Chapitos como traidor a la patria y secuestrador de El Mayo incentiva la violencia de por sí creciente entre las dos facciones principales del cártel de Sinaloa. Por lo pronto, esta semana llegaron a Culiacán 600 soldados más.

En ese calculado reparto de presuntas responsabilidades le ha tocado otro impacto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el promotor de Sara Bruna Quiñónez Estrada para que fuera nombrada en la fiscalía estatal, y a quien le dio el consejo de que renunciara luego del escándalo de las maniobras forenses relacionadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, el encarnizado adversario del propio Rocha Moya. Ayer, la FGR señaló como inaceptable la versión propuesta y defendida por la entonces responsable de la fiscalía sinaloense. ¿El golpe alcanzará al gobernador del estado o sólo a la fiscal, a la que movió y removió?

La presidenta electa comentó que ha invitado a ocupar un cargo en su administración a Leonel Cota Montaño, quien fue, por impulso de López Obrador, gobernador de Baja California Sur, presidente nacional del PRD y, ya en el sexenio por terminar, subsecretario de seguridad pública y… director de Segalmex, donde sobrellevó la crítica situación del inocultable fraude cometido cuando el responsable era Ignacio Ovalle, a quien se mantiene a buen resguardo como funcionario menor en la Secretaría de Gobernación.

El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo ayer en entrevista que en un artículo transitorio de la propuesta de reforma judicial se incluye el señalamiento de que se busque reformar también a las fiscalías. En el tema ya estarían trabajando la consejería jurídica y otros personajes de la próxima administración claudista.

También declaró el diputado Robledo: lo que más ha crecido en México es la página roja en los noticiarios de radio y tv. Se le preguntó si los medios exageran o magnifican en cuanto a desbordamiento criminal: En este terreno, para mí, la exageran, y mucho (...) La seguridad pública es una percepción, no es el índice de criminalidad; desde luego que han crecido los crímenes, porque ha crecido la población, pero el reporte de la Secretaría de Seguridad es favorable en términos de delitos federales. Si a alguien hay que creerle, es a la autoridad que informa. La diferencia entre unos datos y otros datos es que si unos los puede decir cualquier persona (periodista, analista, diputado, profesor) y si miente por equivocación o descuido, no pasa nada; pero los datos que da la autoridad generan una responsabilidad para quienes los están diciendo, tienen credibilidad oficial (https://goo.su/egGiaR).

Y, mientras Martí Batres ha sido designado para dirigir el Issste en la administración Sheinbaum, ¡hasta mañana!

X: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero

Ministros protegen a evasores // Cancerberos de la oligarquía // ¿Y el adeudo de Salinas Pliego?

Y después se quejan: no sólo el ministro Luis María Aguilar Morales opera como un ilegal protector del impresentable Ricardo Salinas Pliego, sino que ahora a la palestra brinca la mismísima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, como parte del grupo de cancerberos del empresario de los abonos chiquitos y descomunales adeudos fiscales, que a la fecha acumulan un saldo por la friolera de 63 mil millones de pesos, y contando.

Desde los tiempos de Fox y Calderón, Salinas Pliego ha utilizado todos los trucos legales y legaloides para evitar el pago de sus adeudos fiscales, así como a los jueces, magistrados y ministros amigos que descaradamente lo han protegido para que incumpla con sus obligaciones fiscales.

Alrededor de un año atrás, el presidente López Obrador denunció públicamente que el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición para que la SCJN atraiga el caso de los amparos obtenidos por Salinas Pliego por los voluminosos y crecientes adeudos fiscales de una de sus consorcios, Elektra, y solícitamente el togado le brindó todo su apoyo, a grado tal que mantuvo los expedientes respectivos en los cajones de escritorio durante 10 meses y sólo los sacó a orear tras la citada denuncia, pero con el mismo resultado: proteger al magnate.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ganado todos los juicios, pero mediante trucos legaloides Salinas Pliego ha retrasado y retrasado, en connivencia con jueces, magistrados y ministros, el pago de sus adeudos fiscales, los cuales, como se apunta líneas arriba, son del orden de 63 mil millones de pesos.

De hecho, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha denunciado que no pocos jueces y magistrados han evitado el avance de los juicios o procesos penales, generando retraso en la impartición de justicia y, por tanto, impunidad. Se trata de asuntos de grandes contribuyentes que han afectado la posibilidad de financiar programas de Bienestar y obras de infraestructura por alrededor de 80 mil millones de pesos, lo cual equivale, por ejemplo, al presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro durante tres años y medio, o aumentar 25 por ciento el apoyo a todos los beneficiarios de la pensión de adultos mayores. Si este puñado de personas pagara lo que corresponde, mejorarían los programas sociales y tendríamos más obra pública.

Pero ahora se conoce que no sólo el ministro Aguilar Morales protege a Salinas Pliego, sino que en el enjuague participa la mismísima presidenta de la SCJN, Norma Piña, ahora muy preocupada por las consecuencias de la reforma al Poder Judicial que se cocina en el Congreso. Si ella, como sus contlapaches, hubiera hecho su trabajo, la citada modificación constitucional no estaría en debate.

No es gratuito el anuncio hecho ayer por el presidente López Obrador: dio instrucciones a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobernación para enviar un oficio a la ministra Piña con el fin de solicitar la resolución de dos adeudos fiscales (que de tiempo atrás la SCJN mantiene en su poder, sin avance alguno), que no son otros que los relacionados con Ricardo Salinas Pliego. En la mañanera, el mandatario dijo que le pediré (resolver), y lo vamos a hacer hoy por escrito, a la presidenta de la Suprema Corte que tiene el paquete de dos asuntos fiscales de 35 mil millones, y si ella no está en huelga ya puede resolver, porque, además, constitucionalmente no tienen por qué estar deteniendo ese fallo, que ya se resolvió en las instancias correspondientes.

Dicen en los corrillos del nepotista Poder Judicial que los actuales integrantes de la SCJN no están dispuestos a resolver el ya muy viejo asunto de los adeudos fiscales de Salinas Pliego, porque en todo caso, dicen, deben hacerlo los ministros que lleguen tras la reforma constitucional que se cita. El cinismo como norma en el máximo tribunal del país, siempre al servicio de la oligarquía.

Mientras, el sector financiero estadunidense se suma al chantaje: “El banco de inversión Morgan Stanley ‘recomendó’ a su clientela no invertir en acciones de algunas empresas mexicanas y reducir su participación en otras, porque la reforma al Poder Judicial ‘aumentará las primas de riesgo en México’” ( La Jornada, Julio Gutiérrez y Clara Zepeda).

Las rebanadas del pastel

Si de mugrero se trata, ahí está la muy bien aceitada industria del futbol en México, en donde la evasión y la elusión fiscal son cosa de todos los días, más la condonación de impuestos en sexenios pasados (como el de Felipe Calderón).

X: @cafevegacfvmexico_sa@hotmail.com

EDITORIAL

El año entrante, los partidos políticos nacionales que obtuvieron más de 3 por ciento de los votos en la pasada elección federal recibirán 7 mil 354 millones de pesos para sus actividades ordinarias, es decir, 745 millones más de lo asignado en 2024. Si las cifras resultan indignantes en sí mismas, lo es más saber que incluyen absurdos como la entrega de 140 millones de pesos para comunicaciones telegráficas y postales en una época en que esos medios se encuentran en desuso casi absoluto.

Más allá de la crítica que siempre ha recibido el financiamiento público a los partidos por su injustificable cuantía, es necesario reflexionar acerca de sus consecuencias indeseables para la democracia. Por principio de cuentas, supone una distorsión de la vida cívica al crear las condiciones para que la política partidista sea vista como un negocio en el cual se compite por votos, no por que se tenga un proyecto de país del cual se desea convencer a la ciudadanía, sino porque son la vía de acceso a salarios exorbitados, asignaciones discrecionales, autos de lujo, choferes, oficinas y demás servicios personales que es inadmisible pagar con los recursos de los contribuyentes.

Además, a estas alturas queda claro que los presupuestos multimillonarios no han podido garantizar que dichos organismos cuenten con partidas presupuestales cuyo origen sea lícito, claro y conocido por ellos mismos y el resto de los ciudadanos. El hecho es que ha resultado contraproducente: en cada periodo electoral es evidente para todo observador que uno o varios partidos excedieron de manera flagrante los topes de gastos, por lo que no sólo derrocharon el dinero público, sino que, para colmo, operaron con recursos de procedencia dudosa.

La afluencia de capitales virtualmente ilimitados a las campañas ha propiciado la confusión de la arena política con un mercado y el consiguiente surgimiento de un empresariado parásito que incluye a consejeros, asesores, firmas de consultoría y de imagen pública, agencias de publicidad y mercadotecnia, empresas de demoscopía, bufetes de abogados especializados en derecho electoral y demás giros que viven directa o indirectamente de las arcas públicas. La mercantilización abona el terreno para la corrupción y el tráfico de influencias, como demostraron los cinco ex altos funcionarios del INE (encabezados por el ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina) que unas semanas después de dejar sus cargos fundaron Pénte + Soluciones, empresa dedicada a lucrar con los conocimientos especializados, las conexiones personales y la información privilegiada a la que tuvieron acceso como integrantes de la élite del instituto.

A todos estos males debe sumarse el infligido al medio ambiente: sólo en la Ciudad de México, las campañas electorales pasadas dejaron tras de sí 30 mil toneladas de desechos plásticos, el doble de lo generado en los comicios de 2021. Los millones de pendones, espectaculares, lonas y otros materiales publicitarios hechos de plástico que pasan a ser simplemente basura en el minuto en que concluyen las tareas de captación del voto siempre han sido un dispendio cuestionable, pero se han vuelto francamente injustificables en una era en que una mayoría de la población se informa y entretiene en plataformas digitales.

Estas lacras para la democracia podrían evitarse si se volviera a un modelo de financiamiento de los partidos basado en las aportaciones de sus militantes bajo un estrecho escrutinio de sus ingresos y erogaciones. Semejante esquema tendría múltiples ventajas: por supuesto, el ahorro para el erario, pero también la racionalización del gasto, el involucramiento de los ciudadanos en las actividades de los partidos a los que apoyan, la exigencia de rendición de cuentas a los dirigentes por parte de una militancia empoderada y sacar de la vida política a los oportunistas sin vocación democrática.

El Correo Ilustrado
Aclaración a nota sobre la Suprema Corte

Con relación a la nota Siguen sin presentar su contrapropuesta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicada ayer, me permito aclarar lo siguiente:

1. Es falso que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández haya dicho que no tiene aún el proyecto de contrapropuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación.

2. Es falso que ella haya solicitado a sus pares que analicen el dictamen que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados (sic).

3. La ministra presidenta consultó a las ministras y los ministros sobre si habría una postura institucional en torno a la reforma judicial.

4. Las ministras y los ministros expresaron posturas diversas sobre la reforma judicial y acordaron que quienes estén a favor del dictamen difundido el 16 de agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y quienes así lo deseen, harán llegar a la presidenta de la Corte sus observaciones para que por su conducto se entreguen al Poder Legislativo.

Mucho agradeceré se publique esta aclaración.
Jorge Ramos Pérez, director general de Comunicación Social de la SCJN

Respuesta de los reporteros
Respecto de la carta enviada con relación al contenido de la nota Siguen sin presentar su contrapropuesta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deseamos señalar que la información publicada fue proporcionada por ministros que participaron en la sesión privada.
Gustavo Castillo García e Iván Evair Saldaña, reporteros

La soberanía y los poderes
El tamaño del ruido mediático de las derechas muestra el tamaño e importancia de las reformas constitucionales en curso. Se ha lanzado contra ellas el poder sin autenticidad republicana de los jueces, ministros y magistrados. Un lawfare a la mexicana: no hemos visto aún todas sus argucias. La reforma busca unir el Poder Judicial, su sentido y su práctica, a la soberanía popular. “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste” (énfasis de JB), dispone el artículo 39 de la Constitución Política. La huelga loca y los ocupantes del Poder Judicial desconocen esa disposición. El Poder Judicial también dimana del pueblo y se ha de instituir en beneficio de éste.

A la cruzada de los jueces se unieron los medios de la derecha (casi todos), los empresarios más ricos y activistas, aunque, como siempre, de modo escurridizo, y algunos bancos extranjeros. Es hora de que todos asumamos vivir en la República que dispone la Constitución.

José Blanco
Reforma judicial, como en juego de beisbol
El primer bat, seguro de sí mismo, reclama designación para entrada inicial y al primer lanzamiento pega palazo de cuadrangular solitario que vuela y cae por todo el jardín de la derecha, aviso de que va con todo; el segundo batazo se repite, pero ahora es con casa llena y el estadio estalla al unísono. Así, fiel a su estilo, dio palo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero y luego el 2 de junio con anuncio de reforma al Poder Judicial y el triunfo de Morena para la Presidencia y mayoría calificada en el Legislativo.

Palazos fulminantes más allá del diamante, la carroña zopilotera, élite judicial, revolotea aterrada y desesperada arrastrando a sus polluelos, trabajadores del Poder Judicial, a un paro, huelga; tan inédito como patético, pues sus demandas, seguro, acabarán en autodeclaración de estupidez y sentencia a patíbulo colectivo sin derecho a confesión y extremaunción de sus amos y capataces de la oligarquía financiera, nacional e internacional; como el banco estadunidense Morgan Stanley, que recomienda y acusa, antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, de aumento de primas de riesgo por la reforma judicial en ciernes. ¡Huy, qué miedo!, ni siquiera pueden con su severa crisis histórica político-electoral y económica interna. Para eso nos gustaban y falta el tercer macanazo, dixit del preciso, con promedio arriba de realismo mágico y trágico. Alguien mande a Milei por palomitas.

Ismael Cano Moreno
Invitaciones
Hachiko 2, de Xu Ang
Invitamos al programa itinerante de Cineterapia de #emergentemx. Se proyecta la película Siempre a tu lado Hachiko 2, de Xu Ang. Modera la charla Ana Bárcenas. La cita es hoy, a las 18:30 horas. La proyección se inicia a las 19 horas. Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones al 55-5554-6228. Entrada libre

Presentan la obra de teatro El pequeño dragón
Juguito de Uva Teatro, presenta la obra: El pequeño dragón. De Lise Vaillancourt. Traducción Boris Schoemann y Elena Guiochíns. Producción y dirección: Carlos Rangel.
Funciones: los sábados del 17 de agosto al 7 de septiembre a las 12 horas, en el Centro Cultural El Hormiguero (ubicado en Gabriel Mancera # 1539, colonia del Valle Sur, alcaldía Benito Juárez) teléfono: 55 51 31 57 53.
Dos por uno los jueves en la página: boletopolis.com
30 por ciento de descuento a estudiantes, maestros, INAPAM y vecinos de la alcaldía Benito Juárez
 

El pasado 19 de agosto se cumplieron 70 años del fallecimiento de Hermila Galindo, una extraordinaria mujer mexicana, pionera del feminismo, cuya vida fue un ejemplo de compromiso con los derechos de las mujeres. Nació el 2 de junio de 1886 en la ex hacienda de Avilés, en Lerdo, Durango. Quedó huérfana de madre a los tres días de nacida y perdió a su padre cuando tenía 16 años. Estudió comercio, taquigrafía, mecanografía, telegrafía y gramática española. Muy joven dio clases en la Comarca Lagunera y trabajó como secretaria en un despacho jurídico en Durango y Torreón.

Desde joven tuvo conciencia de que era necesario un cambio democrático en el país y que había que luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz. Al cumplir 20 años entró a una agrupación que reivindicaba el pensamiento de Benito Juárez y era opositora al gobierno. Tuvo un temprano compromiso para luchar por los derechos de las mujeres. Se afilió al maderismo, que luchaba por acabar con la dictadura porfirista. En el gobierno de Madero fue secretaria particular del general Eduardo Hay, colaborador cercano al líder de la Revolución. Cuando el constitucionalismo llegó a la Ciudad de México a fines de 1914, pronunció un discurso en el cumpleaños 55 de Venustiano Carranza, quien le pidió que fuera su secretaria particular.

Aprovechó ese cargo para intensificar su actividad política. Fue la principal propagandista del feminismo durante la Revolución Mexicana y también de las ideas políticas de Carranza. En 1915 dirigió la revista La mujer moderna, donde criticó la condición en que se encontraban las mujeres y promovió la conquista de sus derechos. Proponía que se emanciparan de la religión, librándose de la condición de sometimiento a la que las condenaba el cristianismo; a emanciparse de los hombres, rebelándose a que su destino fuera el matrimonio, y del condicionamiento social, que las confinaba única y expresamente para remendar calcetines y atender el cocido.

Fue una de las organizadoras del primer Congreso Feminista de México, celebrado en Yucatán, bajo el gobierno de Salvador Alvarado, en enero de 1916. En ese congreso se planteó por primera vez no sólo el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, sino también el derecho a decidir sobre su cuerpo y ejercer libremente su sexualidad. Hermila presentó la ponencia La mujer en el porvenir, en la que expuso sus ideas feministas y propuso la educación sexual, así como reformar la legislación para evitar los abusos masculinos y la indefensión legal en que se encontraban las mujeres. Criticó que las consecuencias de la sexualidad eran inequitativas, pues mientras las mujeres se embarazaban, los hombres fundaban orfanatorios y casas de cuna para remediar sus aventuras sexuales.

Sus ideas sobre la liberación sexual de las mujeres causaron escándalo. Varias la tacharon de inmoral. Se defendió argumentando que no era inmoral conocer sus cuerpos y sus pulsiones y reafirmó la necesidad de impartir educación sexual.

Ese mismo año se celebró el segundo Congreso Feminista en Yucatán. Ahí reiteró sus ideas feministas y expresó:

“Yo, señoras congresistas, laboro por esta tesis: la emancipación de la mujer del estado de abyección en que se encuentra, y de su dignificación, dándole los medios indispensables para confortarla con su alta misión en la sociedad. Estos son mis más vehementes anhelos y a ellos se encaminarán los afanes entusiastas de toda mi vida… busco un alto ideal de libertad y progreso que, poniendo la mujer al nivel del hombre, la comprenda, no sólo nominalmente en la misma ilustración y justicia, sino que le otorgue los mismos derechos y las mismas prerrogativas que se conocen al sexo fuerte.”

Más adelante expresó su condena al matrimonio impuesto a las mujeres como destino:

“Repugno abiertamente que la mujer trafique con su cuerpo, convirtiéndose en una mercancía apreciable en dinero, como repruebo también que la mujer vaya a formar familia con un hombre a quien no quiere y a quien tal vez odia, sólo porque así lo exigen las conveniencias, aunque semejante unión revista la forma de ley, y aunque sea santificada con todas las bendiciones de la Iglesia. Sin amor el matrimonio es un negocio, en lugar de ser el centro de todos los afectos íntimos en donde se cultiven las virtudes y en donde se forjen el alma y el temple de las generaciones del porvenir.

“La mujer en el hogar no tiene ningún derecho; excluida de la participación de la cosa pública, no tiene personalidad para celebrar ningún contrato, no puede ni disponer de sus bienes propios, ni siguiera administrarlos, y está incapacitada para defenderse hasta de los mismos despilfarros del marido… carece de toda facultad sobre sus hijos, no tiene el derecho de intervenir en su educación, y a tal grado está supeditada a la voluntad del esposo, que éste, al morir, puede ordenar que su consorte consulte el parecer de determinadas personas, de tal modo que, si no lo hace, podrá ser privada de la potestad de sus hijos.

“Este es, señoras congresistas, el cuadro de sujeción en que se encuentra la mujer mexicana, sujeción que no me cansaré de repetir, está grabada por su estado de ignorancia, y por su falta de prerrogativas y derechos…”

A 70 años de su deceso, las mujeres mexicanas han avanzado en muchos de los derechos por los que Hermila luchó toda su vida. El mejor homenaje para esta mujer precursora del feminismo es leer y reflexionar sobre su obra.

El legado de transformación profunda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha construido en el ámbito laboral durante los últimos cinco años es innegable. Hemos sido testigos y formado parte de un esfuerzo titánico por rectificar las desigualdades históricas y modernizar las condiciones de trabajo en nuestro país. Con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, es crucial que este rumbo se mantenga firme y que no se pierda de vista la necesidad de continuar fortaleciendo los derechos de la clase trabajadora.

Los próximos años deben ser decisivos para consolidar y ampliar las reformas que ya han comenzado a dar frutos. No basta con haber alcanzado logros como la prohibición de la subcontratación de personal o la incorporación de derechos para las y los trabajadores del hogar; es imprescindible que avancemos hacia la aprobación de otras medidas que quedaron pendientes en la última legislatura, tales como la reducción de la jornada laboral, el incremento del aguinaldo, la creación de un fondo de pensiones, y la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados. Estas iniciativas no solo mejorarán las condiciones de vida de millones de trabajadores, sino que también contribuirán a una mayor justicia social en nuestro país.

En este sentido, resulta imperativo que el nuevo gobierno establezca una agenda laboral clara y concreta, dirigida a cumplir con estas metas que son de vital importancia para la mayoría de los ciudadanos. México cuenta con una fuerza laboral robusta y dinámica que, en gran medida, sostiene la economía del país. Las leyes laborales no son simplemente disposiciones legales; son la columna vertebral de la estabilidad y el bienestar de millones de familias mexicanas.

La próxima administración tiene la responsabilidad de no dar un paso atrás. La transformación del mundo del trabajo debe continuar con la misma fuerza e ímpetu con que ha sido emprendida hasta ahora. La presidenta Sheinbaum debe guiar al país con un rumbo claro, asegurando que las reformas laborales no solo se mantengan, sino que se profundicen, con el objetivo de garantizar un México más justo y equitativo para todos.

Las reformas laborales de los últimos años que he impulsado como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, han incluido más de 30 modificaciones legales, todas en beneficio de la clase trabajadora, y han sido un avance significativo; sin embargo, no debemos conformarnos con lo que ya se ha logrado. La agenda laboral debe ser una prioridad absoluta, y las metas a obtener deben estar orientadas hacia la protección y el fortalecimiento de los derechos de la clase trabajadora. Sólo así podremos asegurar que el futuro de nuestro país esté cimentado en la justicia social y el respeto por la dignidad de cada trabajador.

Hoy tenemos en nuestras manos la oportunidad de continuar con esta gran transformación y hacer historia. Es el deber del gobierno de México, de los sindicatos y de la clase obrera comprometerse y avanzar en unidad en esta dirección, sin titubeos, con determinación y con una visión clara de un México más digno y justo para todos.

Es momento de unirnos en la lucha por los derechos laborales, pues no se trata sólo de políticas o leyes abstractas, sino de la vida y la dignidad de millones de mexicanos. Cada avance en esta causa es una victoria compartida; cada paso atrás, una pérdida para todos. La justicia laboral no es un asunto exclusivo de los trabajadores; nos atañe a todos como sociedad. En nuestras manos está el poder de construir un México donde el respeto por la labor humana sea inquebrantable, un país en el que el esfuerzo de cada persona sea valorado y protegido. Involucrarnos en esta lucha no es sólo un deber moral, es una responsabilidad colectiva. Juntos, podemos y debemos ser los guardianes de los derechos que tanto nos ha costado conquistar.

En memoria de Julio Pomar

“Comenzamos escribiendo un artículo como una advertencia de los riesgos que veíamos en la concentración de las redes físicas de telecomunicaciones, pero parece que escribimos un manual para que el gobierno de EU las volviera un arma.” Así comienza el libro Underground Empire: How America weaponized the world economy, donde Abraham Newman, catedrático de la Universidad de Georgetown, y Henry Farrell, de la Universidad de Toronto, describen el proceso por el cual firmas privadas, proveedoras de servicios de telecomunicaciones y servicios de Internet, construyen hubs en el mundo que, por la naturaleza de industrias de redes, se vuelven cuellos de botella por donde pasa toda la información, y cómo es que el gobierno de EU utiliza las agencias regulatorias de su país y sus leyes para aprovechar dicho sistema y utilizarlo como arma. El proceso es relativamente simple: EU obliga a que toda la información sea transportada vía algún servidor en suelo estadunidense, el cual puede ser visitado, auditado y/o desconectado con 45 minutos de anticipación. La empresa que no cumpla puede enfrentar sanciones como ser desconectada del sistema de pagos SWIFT, lo cual literalmente las arruinaría. Así, EU ejerce presión sobre economías y gobiernos.

Recientemente se difundió la conformación de la fórmula republicana a la presidencia, y por eso este tema se vuelve trascendental para México. El ex presidente Trump tiene una relación de mucha cercanía con el mundo de la tecnología en EU, particularmente con los de Silicon Valley (SV). Peter Thiel, multimillonario e inversionista en aplicaciones como Facebook, Palantir, Airbnb, SpaceX, Linkedin y Spotify, y miembro del Partido Republicano. Fue el primero que declaró públicamente su apoyo a Trump en 2016 y financió su campaña. Posteriormente, lo han seguido integrantes de lo que se conoce como la mafia de Paypal, de los cuales destaca Elon Musk, dueño de X, (antes Twitter) Space X y Starlink (proveedora de Internet), quien recientemente comprometió 45 millones de dólares mensuales para financiar la campaña de Trump a la presidencia. Thiel también financió la carrera política de un personaje hasta hace poco desapercibido, J. D. Vance, hoy candidato republicano a la vicepresidencia junto con Trump. Thiel fue el mentor de Vance en Silicon Valley y fue él quien hizo posible su carrera política y lo convenció para apuntarse a una elección para el Senado por el Partido Republicano. Presentó a Vance con Trump y convenció a éste de apoyarlo para llegar al Senado en 2021 y, muy probablemente, de nombrarlo como su compañero de fórmula.

Recientemente hemos visto el potencial de las redes sociales y el de las agencias estadunidenses. Facebook jugó un papel relevante en la elección de Trump en 2016 (Cambridge Analytica), Twitter bloqueó a Trump en 2021 como consecuencia de la toma del Capitolio. Elon Musk se ha expresado en eventos geopolíticos recientes tomando postura y amplificando todo aquello que sirva a sus intereses dentro de su red social, tales como su apoyo al golpe de Estado en Bolivia, la elección presidencial de Venezuela y el cierre de sus oficinas en Brasil por un desacuerdo con un juez de dicho país. Las agencias de EU obligaron a Facebook, Twitter y proveedores de Internet a suprimir información relacionada con el hijo del presidente Biden, Hunter Biden (como revelaron los Twitter y Facebook files), el Departamento de Estado obligó a TikTok a tener toda la información de ciudadanos estadunidenses en servidores en EU, desvincularse de cualquier red que físicamente dejara su territorio, y que fuera propiedad de una compañía con propiedad 100 por ciento estadunidense so pena de ser vetada. Tanto EU como Canadá y algunos aliados europeos han prohibido descargar TikTok en teléfonos de empleados gubernamentales.

Con estos antecedentes, no nos será difícil imaginar un escenario donde, de ganar Trump, se utilicen las herramientas de coerción ya probadas en materia de telecomunicaciones y de servicios financieros, para someter a gobiernos, generar inestabilidad, alimentar posturas, establecer narrativas y expandir las noticias falsas y/o la desinformación. Vale la pena recordar que X acaba de lanzar un servicio de inteligencia artificial que es capaz de generar videos hiperrealistas. Sin una alternativa de infraestructura y plataformas públicas, (como los medios públicos) se estaría a merced de lo que ellos consideren correcto. En momentos de crisis, bien podrían cortar la comunicación, dar de baja usuarios, y/o suprimir información, como ya han hecho anteriormente.

Debe pasar a primer plano la discusión de generar alternativas de redes físicas y plataformas en México que garanticen la seguridad y el interés nacional, en especial en aquellos momentos en que más se necesita. Las advertencias están ahí, el campo de batalla cada vez más se traslada al mundo digital, pero sigue siendo, en esencia, un tema de infraestructura. ¿Quién es dueño, dónde está y a dónde llega?

X: @aloyub

Alguno de sus asesores políticos cobramillones les ha de haber dicho que una imagen vale más que mil alegatos jurídicos. Por eso le dieron a Ciro la exclusiva: transmitir en tiempo real la detención de Javier Corral por agentes judiciales chihuahuenses.

De esta manera, el gobierno de Chihuahua decidió construir su posverdad sobre los motivos de la persecución que trae contra el ex gobernador Corral para influir en los sentimientos del público y sean éstos y no los hechos objetivos lo que establezcan qué es la verdad, Real Academia dixit (https://bit.ly/4cBIVF1).

Pero, como otras, esta posverdad se combate explorando su génesis y su contexto:

En 2016 la ciudadanía chihuahuense llevó a Javier Corral a la gubernatura con un contundente mandato: combatir y castigar los múltiples hechos de corrupción del gobierno de César Duarte. Aunque puede ser que en algunos otros aspectos del gobierno quedara corto, no fue en este combate: la operación Justicia para Chihuahua reveló el descomunal atraco de recursos al erario y la red de complicidades que lo hizo posible, que involucra a varios integrantes del actual gabinete y a la dirigencia nacional del PRI en aquellos años, beneficiada por la ya muy conocida Operación Safiro.

Hasta 2018, Andrés Manuel López Obrador y Javier Corral hicieron públicas sus críticas uno del otro. Pero precisamente la lucha frontal contra la corrupción de Corral y los esfuerzos transformadores del Presidente, además de sus largas pláticas y recorridos los fueron acercando. También ayudó la trayectoria progresista de Corral, su oposición a la ley Televisa, a la reforma energética del Pacto por México, su defensa de causas como de los desaparecidos o el rechazo al fracking.

Luego se fue dando un acercamiento y colaboración del gobernador de Chihuahua con importantes figuras del gobierno de la 4T y un distanciamiento del PAN, cada vez más alejado de su mística socialcristiana y más cercano al neoliberalismo salinista y al PRI. Corral terminó renunciando al PAN y, conocedora de su trayectoria, la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo invitó a encabezar el equipo que elaboró su plataforma anticorrupción.

Al llegar María Eugenia Campos a la gubernatura de Chihuahua en 2021, con la alianza PAN-PRI-remanentes del PRD, se hace presente la red de complicidades tejida en torno a César Duarte. Desde entonces, en total connivencia y sin separación alguna, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial del estado buscan revertir la operación Justicia para Chihuahua: se va liberando a los responsables presos hasta culminar con la libertad condicional al propio Duarte, dos días después de las elecciones del 2 de junio pasado. Al mismo tiempo se organiza una persecución de ex funcionarios corralistas, comenzando por el fiscal anticorrupción, y un ataque sistemático a través de los medios de comunicación pagados por el gobierno del estado.

En este contexto se inscriben los hechos de 14 de agosto: la ilegal tentativa de los agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de aprehender a Javier Corral en un restaurante de la Ciudad de México, la intervención del encargado del despacho de la FGJCDMX, Ulises Lara, para impedir la detención extralegal, así como las expresiones de López Obrador y Sheinbaum en apoyo a Corral y condenando la venganza política instrumentada por las autoridades chihuahuenses.

Más allá de lo episódico, estos hechos merecen por lo menos dos reflexiones sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad: la primera es que la corrupción es mucho más que un grupo de personas, unidas sólo circunstancial y localmente. Es un sistema, una red con nodos nacionales y hasta internacionales, metastasiado en toda la sociedad. Es muy difícil combatirla sólo a nivel local porque ahí los grupos de poder actúan sin contrapeso e imponen sus intereses. Para desterrarla es necesario que los esfuerzos locales se apoyen y se complementen con acciones efectivas de los poderes federales.

La segunda es que las redes de corrupción no sólo se defienden jurídicamente. Cuentan con todo un aparato ideológico cuyo fin primordial es desacreditar las acusaciones de quienes las combaten, generar confusión e influir en la ciudadanía mediante el oscurecimiento y aislamiento de los hechos reales, racionales, y la construcción de posverdades, basadas más en imágenes y emociones que en datos fácticos y razonamientos. Es una forma de dominación política que pretende que el público crea ciegamente en algo, haya o no evidencia que lo soporte.

De ahí que los gobiernos corruptos busquen comprarse y controlar todo un aparato de medios de comunicación, redes sociales, influencers y bots para imponer su posverdad a la ciudadanía. En el caso del gobierno de Chihuahua, desde septiembre de 2021 ha gastado mil 90 millones de pesos en medios, portales y redes sociales, casi el doble del presupuesto anual de los seis municipios más pobres de la Sierra Tarahumara.

Entonces, la transmisión del fallido intento de detención ilegal de Corral en tiempo triple A no se debe a la suerte de reportero, sino a una filtración de las autoridades norteñas a uno de los medios al que el gobierno de Chihuahua le ha pagado en lo que va de esta administración 16 millones de pesos por ser portador privilegiado de su posverdad.

A escasas semanas del cambio de administración en el gobierno federal, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que recupera los hechos de violencia política y violaciones a derechos humanos ocurridos durante el periodo conocido como guerra sucia, presentó su informe Fue el Estado. A través de recopilaciones amplias de testimonios, rigurosas investigaciones técnico-científicas y un obstinado esfuerzo por encontrar la verdad en medio de las resistencias y obstaculizaciones, el informe presenta los avances en la documentación de las violaciones a derechos humanos ocurridas en dicha época, así como recomendaciones de medidas de restitución y reparación para las víctimas.

Lo presentado allí supone también una evidencia contundente de la crisis generalizada de desaparición que azota al país desde la segunda mitad del siglo XX. El informe destaca cómo aquellas prácticas y estrategias contrainsurgentes del Estado y las fuerzas armadas operadas en la época de la guerra sucia persisten hoy en la desaparición de personas ya no sólo ejecutada por agentes del Estado, sino por el crimen organizado. Con ello, la crisis de desaparición que el presente gobierno no pudo atender de manera efectiva actualiza muchas aristas cuyo inicio se remonta a la década de los 60.

Vamos a los datos oficiales. Al corte del 21 de agosto, el recuento de personas desaparecidas y no localizadas es de 115 mil 404, de las cuales 101 mil 365 ocurrieron desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha y 51 mil 465 ocurrieron en el actual sexenio. Sabemos también que la tragedia de la desaparición es también una tragedia forense. Desde 2021 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reportó que hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en fosas comunes y cementerios públicos. De ahí que se haya impulsado la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que, no obstante, ya ha sido abandonado por las autoridades.

Las anteriores cifras nos llevan a coincidir con el diagnóstico del MEH respecto de la magnitud de la crisis de desaparición que vive el país. Hoy los procesos institucionales auténticos de verdad y de justicia siguen ausentes, mientras el Estado y sus instituciones continúan obstaculizando las investigaciones y el acceso a información crucial, especialmente en manos del Ejército Mexicano. No es casualidad que las mismas barreras en el acceso a la verdad y la justicia se repliquen para el caso Ayotzinapa, próximo a cumplir su décimo aniversario, y tantos otros casos de graves violaciones en el país cuya investigación sigue obstaculizada.

Hoy, lo que ha quedado claro es que las grandes violaciones a derechos humanos son puestas a la luz gracias al trabajo de las víctimas y las organizaciones que las acompañan. Frente a la mayor crisis humanitaria documentada del país, nuevamente son las víctimas, la sociedad civil organizada y trabajos extraordinarios desde el periodismo independiente, como el que recientemente sacó a la luz los denominados vuelos de la muerte, los que entregan a la sociedad retazos de verdad para avanzar en el esfuerzo de encontrar verdad y exigir justicia y no repetición de los hechos. Como ha quedado evidenciado reiteradamente, son las madres buscadoras, quienes encuentran y desentierran los cuerpos de los desaparecidos, y es la voz colectiva que marcha por las calles la que nombra y demanda el cumplimiento de sus responsabilidades a un Estado que no ha podido frente a la magnitud de la crisis.

El próximo 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y en la inminencia del inicio del gobierno próximo resulta pertinente insistir en señalar los claroscuros en la agenda de desaparición de personas en México, caracterizada por la incansable labor de las familias de las víctimas.

El 1º de octubre Claudia Sheinbaum asumirá su cargo heredando una crisis en materia de desaparición en condiciones estructurales poco distintas de las que recibió López Obrador hace seis años. La atención de la crisis de desaparición en México, especialmente de sus víctimas, tendrá que ser tratada por Sheinbaum y su gabinete de manera urgente, estableciendo medidas claras y efectivas desde el primer momento; y con una pauta distinta de la seguida en el sexenio actual, incorporando los señalamientos que tanto el MEH como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa denunciaron en su momento respecto a las barreras del Estado y las medidas desatendidas de restitución, reparación y no repetición.

En la narrativa historiográfica dominante de Nuevo León se negó, durante décadas, la huella étnica y cultural de los judíos, a pesar de muy diversas tradiciones hebreas que forman parte de la identidad de los habitantes del estado. Hoy el tema se aborda abiertamente.

La historia comenzó con las capitulaciones (una especie de acuerdo real) que otorga Felipe II en 1579 a Luis Carvajal y de la Cueva. Con el nombramiento de gobernador, este oficial funda al doblar la década, bajo el nombre de Nuevo Reino de León, un enorme territorio de 800 por 800 kilómetros por lado. Entre ellas se estipula que su cometido es colonizar, pacificar y poblar esas tierras. A su largueza, también señalaba la prohibición de traer consigo a familias que no fueran de cristianos viejos o, dicho de otra manera, a judíos o judaizantes. Su infracción podía ser penada con la muerte.

Ocultar a los judíos era ocultar las atrocidades de la Inquisición. Tal omisión la literatura la va revelando en trazos deslumbrantes, apasionados, persuasivos de esa época aciaga que inician los muy católicos reyes de España con la expulsión de árabes y judíos de su territorio. Gabriela Riveros nos guía a través de Olvidarás el fuego, una de las novelas de mayor rango que se haya publicado en lo que va del siglo XXI.

Una de las familias expulsadas se exilia en Portugal. Carvajal y de la Cueva nació en Mogadouro, villa de este reino, y en Benavente, otra de ellas, el hijo de una hermana suya: Luis de Carvajal, El Mozo. A él, a sus padres y hermanos, los convence de mudarse a tierras de América. Desde muy joven, Luis sorprende al círculo familiar con sus luces y virtudes. Su tío, al iniciar el ejercicio de su conquista, lo convierte en el heredero de su gobierno. Pero su vocación espiritual lo conduce por una senda distinta y se traslada a la capital de la Nueva España, donde estudia con los jesuitas bajo el seudónimo de Joseph Lumbroso. Hasta que en el seno familiar le revelan su origen étnico y la fe de sus mayores. Su padre, Francisco, le hace prometer antes de morir que mantendrá la ley vieja de Moisén.

Joseph Lumbroso se inicia en una clandestinidad llena de peligros. Mantener el secreto de la creencia familiar, en un mundo donde se ha inducido la delación como hábito premiado, lo hace llevar el peso de la sospecha adonde quiera que va. Pero es superior a su temor y esto lo convierte en uno de sus fieles practicantes y el más celoso de sus guardianes.

Carvajal y de la Cueva es objeto de las envidias y rivalidades cortesanas en el virreinato. Pero sus enemigos no encuentran la vía que facilite su malevolencia. La fama de Carvajal es la de un militar victorioso al servicio del imperio español, la de un negociador que ha preferido el abrazo a la contienda frente a las tribus indómitas que habitan el norte de la Nueva España. Empero, su destino fue sellado en sus antecedentes esclavistas por la maldición de Yanka, la joven africana cuya familia es arrebatada de su hogar para vender a sus miembros en el mercado de esclavos. En tierras de América lo alcanzará su maldición. A la corte virreinal llegó un intelectual de oficio intrigante que da con la clave para hundir a Carvajal: su posible nexo con la fe perseguida. En su pasado y su familia lo encuentran.

Siguiendo esa pista, Carvajal y de la Cueva es puesto en prisión y castigado a destierro. Muere en esta triste condición. La familia Carvajal se torna en el blanco inquisitorial y Joseph, entonces líder de la comunidad judía en la Ciudad de México, en su diana.

A Joseph Lumbroso la novelista le sigue los pasos en su vehemente investigación en Portugal, en el Nuevo Reino de León, en las aventuras peligrosas a las que se enfrenta en este entorno y por propia mano (se autocircuncida), en la ardua escritura de sus Memorias, magnífico primer testimonio judío en América, del cual reproduce en la edición su cuidadosa caligrafía. Lo hace vivir y nos hace sufrir el rigor de su tormento en los hipogeos de la Inquisición. Una pena mayor resulta para aquel cruzado de su fe cuando, a efectos de la tortura, delata a toda su familia y al círculo de sus conocidos y amigos, al punto de intentar suicidarse. No lo logra y es condenado por hereje y relapso a la hoguera, junto con su madre y dos de sus hermanas en un auto de fe.

Carlos Fuentes tenía razón al considerar en El espejo enterrado, que la Conquista de México tuvo lugar en uno de los peores momentos de la intolerancia religiosa en el mundo.

Gracias a la palabra escrita, las Memorias de Luis (Joseph), ocultas, robadas y recuperadas tras varios episodios para el patrimonio documental de México, y a una magistral escritora como es Gabriela Riveros, ese primer holocausto genocida de los judíos nos queda en la conciencia y en la piel. Si así pudiera ser leída Olvidarás el fuego por toda la comunidad judía, no dudaría en condenar con todas sus fuerzas el similar intento, ahora a cargo del gobierno de Israel y de quienes lo apoyan. También sus víctimas, el pueblo palestino, están dejando testimonios donde la palabra escrita resonará con un estruendo mayor al de todas sus bombas y se levantará para acusarlo ante un tribunal memorioso cuyo juicio no prescribirá jamás.

Los medios de propaganda monopolizados por Estados Unidos no se cansan de nutrir de noticias a sus repetidoras en todo el mundo, quitando y poniendo hechos muy graves que después desaparecen de la atención pública y luego reaparecen, esta vez como farsa: The Wall Street Journal (WSJ) ahora nos vende una supuesta bomba informativa: la verdad sobre la voladura del gasoducto Nord Stream en mayo de 2022, citando a fuentes militares ucranias, desde luego anónimas, el pasado 14 de agosto.

Al banalizar un hecho geopolítico tan grave como el sabotaje contra los estratégicos gasoductos Nord Stream, que eran garantía de acceso a gas natural abundante y barato, que abastecían poco mas de la mitad del gas que necesita Alemania, país considerado la locomotora económica europea y hoy en proceso de desindustrialización, el WSJ presentó una caricatura.

Según un artículo de Bojan Pancevski titulado “Una noche de copas, un yate rentado: la verdadera historia del sabotaje al gasoducto Nord Stream (14/08/24) se atribuye tan compleja operación a un grupo de ucranios que decidieron en una borrachera detener la invasión rusa ( sic).

Supuestamente hasta Zelenski sabía del plan, y aunque el gobierno alemán trató de dar una imagen de cautela, en realidad ha tenido una actitud de subordinación, permitiendo la humillación de su país al no exigir explicaciones sobre el mayor acontecimiento geopolítico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial,

Ahora esta noticia de fábula de una noche de borrachera le ha dado al gobierno alemán la posibilidad de reaccionar de alguna manera al lanzar una orden de captura por el sabotaje contra un instructor de buceo ucranio que vive en Polonia ( sic) (DW, 14/08/24).

Si ya los principales medios convencionales habían logrado sacar de la atención pública el tema del sabotaje; si Suecia y Dinamarca ya habían cerrado la investigación que llevaba a definir el hecho como sabotaje, pero argumentando que no contaban con la base jurídica para abrir un caso penal, ¿a qué viene este relanzamiento de la temática? ¿A tratar de desmentir la relevante investigación realizada por el notable periodista Seymour Hersh, en la que explicó al público el alto grado de complejidad logística y técnica para realizar tal acto de sabotaje en un área del mar a la cual la OTAN somete a una alta vigilancia? ¿Desviar la atención y alejar la responsabilidad del presidente Joe Biden, cuyo partido político se juega en la figura de Kamala Harris la presidencia de Estados Unidos?

Vale recordar la virtual amenaza que hizo el presidente Joe Biden a Rusia en conferencia de prensa con la presencia del canciller alemán, Olaf Scholz, antes de que se iniciara la operación especial (para contener la expansión de la OTAN), al advertir que si Rusia invade con tanques y tropas la frontera con Ucrania, no habrá más Nord Stream, le pondremos fin, y a la pregunta de cómo lo haría si está dentro de la jurisdicción alemana, contestó a la periodista: Le aseguro que sabemos cómo hacerlo. La cereza en el pastel la puso la entonces subsecretaria de Estado Victoria Nuland al celebrar después del estallamiento que el Nord Stream fuera ya un pedazo de chatarra en el fondo del mar.

Desde el sabotaje, la Fiscalía General de Rusia inició una investigación sobre el incidente, al que calificó de acto de terrorismo internacional y solicitó en repetidas ocasiones información sobre las explosiones, pero no ha recibido respuesta, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov (Xinhua Español, 19/08/24).

Oleg Tyapkin, del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, dijo que Moscú ha presentado quejas formales ante Alemania y otros países afectados, instándolos a cumplir con sus obligaciones bajo las convenciones antiterroristas de Naciones Unidas. Por su parte, el embajador de Rusia en Washington, Anatoly Antonov, dijo que no había forma de que Kiev atacara los oleoductos sin recibir un guiño de Estados Unidos, y criticó el hecho de que se pretenda trasladar toda la responsabilidad a sus marionetas ucranias (DW).

Estos dimes y diretes sobre hechos de enorme trascendencia cobran transcendencia en el marco del proceso electoral que se desenvuelve en medio de una crisis hegemónica de varias dimensiones en Estados Unidos. Una de ellas es un punto de mayor conflicto interno y externo del momento político estadounidense, centrado en el magno apoyo militar, económico y político al exterminio sistemático del pueblo palestino, a las masacres continuadas, diarias, a los crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno sionista de Israel , apoyado por Estados Unidos con miles de millones de dólares y armas de todo tipo para seguir el bombardeo contra toda la infraestructura que permite la vida y su recuperación.

Dice la revista inglesa The Lancet que se calcula que el numero de palestinos muertos en Gaza podría alcanzar conservadoramente 186 mil almas ( El Doomer Noticias, 18/08/24).

¿Cuales son las alternativas que se están ofreciendo a la sociedad estadunidense si los y las jóvenes de las universidades públicas y privadas, muchos de ellos y ellas judíos que se movilizaron contra la política genocida del gobierno de Israel y contra el contubernio de la clase política de su país fueron reprimidos y amenazados con cancelar sus créditos, mientras los maestros que se pusieron de su lado perdieron sus cátedras?

¿Que pueden esperar las jóvenes generaciones afectadas profundamente por estas matanzas imperdonables de mujeres y niños, que ven cómo esta clase política recibe a Netanyahu como héroe en el Congreso de Estados Unidos y le aplauden de pié mientras ellos son violentamente reprimidos por protestar por tan despreciable actitud? En aquella ominosa ocasión la congresista Rashida Tlaib, abogada demócrata y primera mujer de ascendencia palestina que ha llegado al congreso, levantó una pancarta que decía: Netanyahu, culpable de genocidio.

La incomprensión de la organización judicial lleva a políticos a suponer como delito grave el paro de trabajadores o a señalarlos como títeres de los jueces. Esto, además de incomprobado, restringe el ejercicio de derechos laborales, sancionado en el código penal federal (149 TER F II). Hay, por lo menos, una tentativa punible. A quienes laboran bajo un sistema de obediencia vertical resulta incomprensible que los jueces no obedezcan a la ministra presidenta y menos entienden que mecanógrafos y abogados no se plieguen al juez con quien trabajan.

La reforma afecta seriamente a los trabajadores. Los legisladores piensan que con dejarlos laborar con el mismo sueldo deberían estar callados. La carrera judicial es experiencia demostrable en concursos de oposición para ser juez. Ser juzgador es una decisión de vida que inicia con cargos, menores en el escalafón, pero igual de importantes en el aprendizaje. Miles de proyectistas llevan años en espera de ser juez. De ser los primeros en la fila para concursar y ganar, ahora serán los últimos: si el argumento para quitar a los jueces es su corrupción (no precisada y menos demostrada) hay una presunción de que quienes laboraron con ellos también lo son, por lo menos como cómplices y encubridores, lo que les anula posibilidades de ser votado para juez. A quienes no pueden o quieren ser juez, se les afecta con el cambio patronal, el cambio de las condiciones laborales y el cambio de órgano revisor. De la afectación salarial, sobra hablar. Hoy la Constitución federal impide que las resoluciones laborales del Consejo de la Judicatura Federal sobre sus trabajadores sean revisadas fuera del Consejo. La posibilidad de perder la fuente de empleo y carecer de tribunal externo, todavía hace más evidente la afectación a los trabajadores judiciales.

Los políticos apostaron por la separación de los titulares con sus trabajadores, por la sumisión y silencio de éstos, de ahí su sorpresa ante la acción independiente de paro. Los concursos para ser mecanógrafo, notificador y secretario, más la basificación correspondiente (con el complejo camino para cesar a un trabajador) dan a estos empleados rasgos de independencia inconcebibles a los políticos.

El precario argumento justificativo para la reforma (la corrupción total e irreversible de todos los titulares y ahora de sus trabajadores) se desbarata ante la existencia de mecanismos al interior del poder judicial para sancionar y cesar a los corruptos (jueces y trabajadores) con procedimientos laborales y administrativos bien establecidos. Desde la Contraloría hasta la Secretaría de Disciplina, siempre hubo mecanismos para abatir esa supuesta corrupción, el problema no es de los juzgadores y su personal sino de quienes no demuestran en la forma alegada esa conjeturada corrupción, en apariencia sólo reclamable cuando las sentencias van en contra de los intereses políticos de legisladores y del ejecutivo federal.

La posibilidad de que los ministros se jubilen anticipadamente con un monto proporcional a lo laborado es la antesala para que jueces y magistrados ratificados (con un contrato constitucional para estar en el cargo hasta los 75 años) puedan retirarse en iguales condiciones que los ministros, varios con menos tiempo en el cargo que cientos de juzgadores salidos de concursos de oposición.

Las fechas señaladas a consejeros y magistrados electorales para dejar el cargo también deben replicarse para jueces y magistrados. Tal diferenciación implica que la incomprobada corrupción sólo se dio entre jueces y magistrados. El discurso debe ser congruente: los consejeros son los encargados de vigilar a los juzgadores. En el llano terreno laboral, no puede haber mejores consideraciones a ministros y consejeros.

Si la reforma sólo se trata de un reacomodo político para facilitar las maniobras del autodenominado izquierdista partido en el poder y evitar determinaciones judiciales molestas, los ministros y consejeros aventajan a los jueces. Maniobraron con los otros poderes de la Unión para llegar al cargo. Los juzgadores salieron por méritos y el Consejo de la Judicatura tiene áreas que limitan la labor pública y política de los juzgadores. Pero el paro de los trabajadores y el de los juzgadores muestran que el camino legal es más sorpresivo que el político. Ya se involucran organismos internacionales en este proceso que ha dejado de ser interno. Las obligaciones jurisdiccionales insertas en el T-Mec saldrán a la luz pronto. Una vez más, la legalidad podría superar a la política y a sus confiados beneficiados.

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