La portación de arma de fuego, por la que se le acusa, "tenía el aval, la autorización y el permiso del Estado Mexicano", afirmó, el abogado del líder de las autodefensas michoacanas.
(Foto: Cuartoscuro)
El líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles,
cumplió dos años en prisión el lunes 27 de junio, luego de ser
detenido en ese estado, y acusado de portación de arma de fuego.
Por lo que en entrevista para Aristegui CNN, el periodista Julio Hernández, explicó que “es un caso evidente de un preso político
porque sin lugar a dudas al doctor Mireles se le mantiene en la cárcel
con un criterio selectivo. Él está preso acusado de portación de armas
de fuego junto con decenas de sus seguidores, en un
proceso de permanente violación a esa ley de armas de fuego y
explosivos, por parte de centenares de autodefensas que fueron
promovidos y tolerados por el gobierno Federal y en particular por el
comisionado para gobernar Michoacán de una manera ilegal,
intervencionista, como fue Alfredo Castillo Cervantes”.
“Las autoridades políticas, militares y policíacas, permitieron y promovieron la acción ilegal
de centenares de personas con armas de fuego, y sustituyendo labores
policíacas. A Mireles lo castigan porque se resistió al proceso de
desarme súbito que empujó Castillo tratando de frenar al propio
‘Frankenstein tarasco’ que había creado el gobierno Federal”, indicó.
Michoacán “se convirtió en un batidillo jurídico y político,
en una vergüenza institucional, porque dentro del proceso de
entendimiento de la administración Federal del presidente Enrique Peña
Nieto, de todo el problema del narcotráfico y el crimen organizado, en
todo el país. Ha ido dando tumbos y ha ido experimentando, Michoacán se
convirtió en un laboratorio en el cual se envió de manera absolutamente
infundada, a un interventor que violaba la Constitución del estado de
Michoacán y que violentaba el funcionamiento natural del sistma político
mexicano al sustituir de facto al gobernador Fausto Vallejo, y enviar a
un personaje que concentró todo el poder, sustituyó al gobernador”.
“Alfredo Castillo, que fue procurador del Estado de México, sustituyó
a Alberto Bazbaz, el abogado que inventó aquella historia de ficción
del colchón asesino de la niña Paulette. Alfredo Castillo viene de esa
misma matriz de ficción política a la que pertenecen Jesús Murillo
Karam, con su verdad histórica. Y otras vertientes que se han dado en
este período de la administración de Enrique Peña Nieto, entonces
Castillo ensayó en Michoacán con la idea de promover las autodefensas, con un sentido de absoluta irresponsabilidad”, acusó Hernández.
Mireles “está preso con un castigo ejemplar, para
que se entienda que nadie puede volver a las armas en defensa civil en
Michoacán como en su momento lo promovió el gobierno Federal”.
Por su parte, Ignacio Mendoza, abogado de Mireles
recalcó que “Mireles es tal vez el primer preso político con este país
documentado jurídicamente y me atrevo a hacer esta afirmación, porque
más allá de esta aseveración bajo criterios políticos, jurídicamente el
puede ser considerado de esta manera porque al final de cuentas a
Mireles nunca se le debió haber detenido”.
Ya que la portación de arma de fuego, por la que se le acusa, “tenía el aval, la autorización y el permiso del Estado Mexicano. Eso hace que el delito no se configure como tal”.
“El Estado Mexicano autorizó a todas las autodefensas,
miles de gentes que hasta la fecha nadie a contado exactamente, ni
tiene los nombres, ni los ubica. Sin embargo en el momento que Alfredo
Castillo firma un acuerdo con los dirigentes visibles de las
autodefensas, el 24 de febrero de 2014, suscrito, signado por el de puño
y letra, y avalado por el gobierno de Michoacán, en ese momento
encabezado por Fausto Vallejo, y plasmando incluso las firmas de
organismos que nada tienen que ver con el gobierno, los llamaron como
testigos”.
Agregó que en ese “acuerdo el gobierno está reconociendo a las autodefensas como un ente público en el cual se reconoce que portan y poseen armas, incluso los obligan a registrarlos, y todo ello sin ningún sustento legal”.
De esa manera “le estaban permitiendo al doctor Mireles y a las autodefensas portar armas. De tal suerte que hace dos años no debían haber sido detenidos”.
Por lo que estamos ante un hecho “con mátiz político y ante un preso y procesos con carácter político”.
El abogado recordó que son “70 personas, el día que detienen al
doctor Mireles, junto con él detienen a aproximadamente 70 personas más,
pero no los consignan en la misma causa penal. Abren
una por parte del doctor Mireles y los escoltas que lo acompañaban, y
otra por los casi 70 personajes que lo acompañaban”.
“Están en la misma circunstancia, bajo las mismas acusaciones que Mireles, pero también bajo el mismo supuesto de exclusión del delito, en virtud de que ellos también tenían permiso”, detalló.
Actualmente “estamos ante dos decisiones muy importantes que se habrán de tomar en el asunto del doctor Mireles”.
Respecto a una resolución que se bede dictar por un magistrado en
Jalisco, el abogado comentó que le hicieron saber al propio magistrado
“qué fue lo que pasó en Michoacán… él nos comentó que tendría que ver
esto a la luz del derecho. La realidad es que yo me vine un poco preocupado
porque me da la sensación de que los Tribunales en este país no tiene
la autonomía ni el deseo de aplicar la norma en el más amplio sentido de
hacer justicia”.
“Yo esperaría que de aquí al miércoles el magistrado reflexione y podamos tener un fallo favorable”, dijo.
También “promovimos con una reciente reforma, una solicitud para que se revisen las medidas cautelares…
y a la luz de la nueva justicia penal el juez de la causa revise las
condiciones de esta prisión preventiva, esto permitiría por lo menos que
se le aplicarán optras medidas cautelares”.
Pero “como es algo novedoso, los jueces no tienen idea de cómo resolver”.
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