Magdalena Gómez
La Jornada
Están por cumplirse tres años de la promulgación de las
reformas a los artículos tercero y 73 constitucionales y la emisión de
legislación secundaria que conforman el sustento jurídico de la mal
llamada reforma educativa, los mismos que la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) ha exigido su abrogación. A partir
del pasado 15 de mayo incrementó las movilizaciones en gran parte del
país.
Como ha sido denunciado, dicha reforma tiene su eje de aplicación en
la evaluación punitiva hacia los maestros, sin considerar siquiera la
opción también legal de evaluaciones internas en las escuelas, que no
impliquen afectar la permanencia laboral del magisterio. A la fecha, la
Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha presentado un proyecto que
de manera integral aborde la problemática educativa, mucho menos ha
convocado a los maestros para tales efectos. Su discurso ha sido de
denostación al magisterio, a la propia CNTE a cuyos líderes ha
criminalizado y a algunos de ellos los mantiene en prisión. El lema es
evaluar y cesar a toda costa. Es difícil suponer que quienes se han
presentado a las evaluaciones lo hayan hecho en ánimo pedagógico o de
genuina aceptación de la mal llamada reforma educativa, de manera que
las cifras que se difunden desde la SEP podemos señalar que lo son del
miedo que entraña perder su permanencia en el empleo. Tal es el telón de
fondo de las movilizaciones de la CNTE exigiendo diálogo, tal es la
responsabilidad del Estado que buscó el desgaste de dicho movimiento
hasta el punto de la participación de policías federales en lo que se
conoce ya como la masacre de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio.
Es en ese contexto de movilización y represión que se ha iniciado el
diálogo de la CNTE con la Secretaría de Gobernación. Mientras, se amplía
la solidaridad y la exigencia de justicia en casi todo el país, incluso
fuera de él. La CNTE llega al diálogo con el apoyo tanto de padres de
familia como otros sindicatos, autoridades municipales e indígenas,
particularmente de Oaxaca, académicos, estudiantes universitarios y
escritores.
El pasado 22 de junio la CNTE reiteró ante el secretario de
Gobernación la exigencia sobre la abrogación de las reformas
constitucionales y legales, sin que tuviera aceptación a la misma.
Obviamente hay caminos formales para ello, hay facultad del Ejecutivo
para presentar iniciativas y pactar con las fracciones parlamentarias;
puede hacerlo y corregir sería inédito, ciertamente, pero resulta
indispensable. La CNTE mantiene la demanda; sin embargo, se acordó
buscar caminos de corto y mediano plazos, construir rutas, trabajar en
la distensión, abordar el tema de justicia en Nochixtlán y reunirse de
nuevo para construir una agenda. La exigencia por resultados del diálogo
es más amplia que la propia CNTE, pues el futuro de la educación y la
dignidad del magisterio son de interés nacional.
No es único el agravio educativo constitucional, el gobierno
federal debería tenerlo muy presente. A partir de 1992 se han consumado
diversas reformas consideradas estructurales en el proyecto neoliberal.
Ello ha implicado vulnerar y trastocar los que fueron principios básicos
de la Constitución de 1917, corolario de la revolución social. Los
artículos tercero, 27 y 123 eran expresión acabada del nuevo proyecto
nacional. El 27 fue reformado durante el salinato para propiciar que
principalmente las tierras ejidales ingresaran al mercado, entre otras
implicaciones justificadas en la necesidad –decían– de dar certidumbre
jurídica y acabar con situaciones de hecho, pues las tierras –agregaban–
se rentaban fuera de la ley. Hoy, como tendencia, se venden y no se
registra tal operación. Dicha reforma se ha mantenido y promovido, pese a
las numerosas protestas campesinas e indígenas. A ello se sumó el
incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno
federal y el EZLN. La contrarreforma constitucional del artículo
segundo en 2001 también se encuentra en el memorial de agravios. Por
otra parte, contra el precepto de que la propiedad originaria de los
recursos naturales corresponde a la nación, el actual gobierno ha dado
dos pasos fuertes en materia energética para otorgar concesiones y abrir
al capital trasnacional con la creación de zonas económicas especiales.
Estas últimas también han provocado acciones de resistencia jurídica y
de movilización. Y es sólo el inicio. No es casual que campesinos,
indígenas y trabajadores vean en la lucha magisterial la posibilidad de
fortalecer y unir sus resistencias para detener el embate neoliberal,
porque no es poca cosa el caudal de agravios perpretrados con la
Constitución como instrumento. El Estado tendría que hacer un alto en el
camino, iniciar un proceso donde se construyan conjuntamente las
propuestas para atender la problemática educativa, garantizar la
permanencia del magisterio y la de los valores de la educación en su
carácter público, laico y gratuito.
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