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La política de
criminalización y represión de los movimientos populares que está
llevando a cabo la presidencia de Enrique Peña Nieto, alcanzó el pasado
domingo una nueva cuota de horror y tragedia. Como respuesta a las
demandas de los profesores normalistas, en particular de los maestros de
la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), las fuerzas de seguridad estatal y federales
respondieron con el uso de armas para reprimir las manifestaciones en la
ciudad de Nochixtlán, Oaxaca. Aunque tanto los hechos como las cifras
han sido negadas en parte o bien tergiversadas por el Estado, que desde
la Comisión Nacional de Seguridad argumentó que ninguno de los policías
portaba armas al momento del conflicto, las evidencias que se
viralizaron en las redes sociales desmintieron y replicaron la versión
de los hechos. [i] Al
momento, fuentes locales aseveran un conteo de al menos 13 muertos, más
de 20 desaparecidos y otras tantas decenas de heridos.
La
matanza tuvo lugar en el bloqueo de la autopista Oaxaca-Puebla, que
mantenía desde hacía varios días la CNTE con el apoyo de otros
movimientos sociales y de los pobladores locales, en defensa de los
reclamos normalistas. Entre las 10.30 de la mañana, momento en que
comenzaron los disparos y hasta pasadas las 15 de la tarde, cuando las
fuerzas policiales debieron replegarse por la constante presión de los
manifestantes, los puntos de choque se presentaron como escenario de
confusión y caos, a juzgar por el contraste entre los relatos ofrecidos.
Sin embargo, lo único que emerge cristalino es la evidencia de una
masacre que expone la excepcionalidad como regla en el operar del estado
mexicano. Diversos testigos en Nochixtlán recogen la frase “Tiren a
matar”, pronunciada en contra de los manifestantes
[ii] , tras lo que desde el partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) declararon que el presidente “pasó de ser un represor a ser un
asesino. Llevar al extremo una imposición de una reforma con la vida de
mexicanos, eso rebasa los límites de tolerancia del pueblo de Oaxaca”. [iii]
Los hechos del 19 de junio son parte de un ciclo de protestas que
comenzó tiempo atrás, desde la aprobación a finales de 2012 de una
reforma educativa presentada por Peña Nieto y sus intentos de aplicar la
ley en el territorio nacional. Quienes reprueban la reforma, señalan
que la misma no es otra cosa que el intento de recuperar la potestad de
control sobre el movimiento magisterial. Ocurre que, bajo la promesa de
trabajar en los déficits de la educación mexicana –con su tasa de
graduación por debajo del promedio de la región, entre otras falencias-,
desde el estado se espera recuperar el terreno cedido a la CNTE para la
regulación del trabajo docente. Sindicato de trayectoria disidente al
oficialismo y de amplia penetración entre los maestros al sur del país,
la CNTE desde el 2015 enfatizó sus reclamos a favor de la supresión de
los nuevos criterios de evaluación docente
[iv] , de la garantía de los puestos laborales y de la necesidad de
entablar una mesa de negociación para discutir la reforma con la
Secretaría de Educación. Desde el gobierno enfatizan su disposición al
diálogo, bajo la premisa irrevocable de que se terminen las protestas y
se acepte la flamante legislación.
En el cortocircuito de ese
punto muerto, forzado desde el Palacio Nacional, se despliegan los
acontecimientos. La sección 22 de la CNTE, representando a la
coordinadora en Oaxaca, viene sufriendo en los últimos años la detención
arbitraria de numerosos integrantes: precisamente aquellos de mando
intermedio, impulsores del movimiento de protesta, con un claro objetivo
de desarticular las luchas emprendidas contra el estado.
[v] Agrupados bajo el lema de “Maestro, aguanta, el pueblo se levanta”,
los pobladores locales se fueron radicalizando en un movimiento que
recuerda a los comienzos de las luchas en 2006 encabezadas por la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). En palabras de Víctor
Zavala Hurtado, líder de la CNTE, “los padres de familia están apoyando a
sus maestros, incluso hay algunos que están tomando las escuelas con
los estudiantes. El gobierno debe entender que la situación que estamos
viviendo está a punto de un estallido social”. [vi]
Paradójicamente, tras el estallido del domingo el gobierno debió abrir
los canales de diálogo vedados a la CNTE en el pasado, que deberá
resolverse en los días venideros.
[vii] Tal medida, aceptada a regañadientes y una vez efectuada la
masacre, evidencia los límites de la singular democracia mexicana, que
pondera en primera instancia la imposición de una reforma que atenta
contra aquellos a quienes se dirige y que la defiende con balas y
sangre, en perjuicio de los derechos y de las reivindicaciones
populares.
[ii] http://desinformemonos.
[iii] http://parentesisplus.
[iv] En el documento elaborado por la CNTE “Hacia la educación que
necesitamos los mexicanos”, que contrasta las propuestas de reforma
presentadas por el Poder Ejecutivo con las suyas: en relación a los
criterios de evaluación del desempeño docente, por ejemplo, frente a la
aplicación de un sistema rígido y verticalista la CNTE propone “una
evaluación distinta, de abajo hacia arriba (…), horizontal realizada
desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio
dialógico a nivel de cada zona, región y entidad federativa”. Ver http://www.lahojadearena.
[v] Ver detalle en http://
[vi] http://
Fuente: http://todoamerica.
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