(01 de julio, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- Después que el magisterio, situado en la lucha por la abrogación de la Reforma Educativa, doblegó a la Secretaría de Gobernación y la obligó a recibir a los familiares de las víctimas de la represión en Nochixtlán, el pasado domingo 19 de junio, otra victoria se vislumbra para el movimiento magisterial.
El Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre la Detención Arbitraria resolvió urgir al Gobierno de
México para que libere a 25 personas detenidas el año pasado durante
varias protestas en Oaxaca, además, alentó a ofrecerles una reparación
adecuada, incluyendo una compensación económica.
Según un informe del Grupo de la ONU,
Jesús Eduardo Sánchez Silva, Diblallin Islas Rojas, Jaime García Matías,
Luis Enrique Matías Hernández, Erik Omar Rodríguez Santiago, Germán
Guadalupe Mendoza Cruz, Santiago García Espinoza, Felipe López Morales,
José Alberto Andrés López, Javier López Martínez, y José Usiel Matías
Hernández, se encuentran detenidos de forma arbitraria.
Asimismo, Erick González Guillén, Javier
Aluz Mancera, José Enrique Ordaz Velasco, Humberto Castellanos López,
Eduardo Palma Santiago, Jorge Chonteco Jiménez, Luis Enrique López
López, José de Jesús Martínez Castellanos, Bailón Rojas Gómez, Eugenio
Hernández Gaitán, Celso Castillo Martínez, Eleuterio Hernández Bautista,
Roque Coca Gómez y Feliciano García Matías.
Durante la presentación de la resolución
17-2016 emitida por la ONU, Analy Peral Vivar, representante de la
Defensoría de los Derechos Humanos señaló que la resolución indica, “el
Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
liberar de inmediato las personas mencionadas anteriormente que siguen
detenidas, y conceder una reparación adecuada a todas las personas
mencionadas, incluida una compensación económica”.
Según el informe, las detenciones se
llevaron a cabo en el marco de las manifestaciones realizadas en la
marcha del 7 de junio de 2015 convocada por la Sección 32 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) en
protesta a la militarización del Estado de Oaxaca y por la defensa a la
educación pública.
El texto explica que dicha marcha se
debe a las reformas y adiciones a los artículos 3 y 73 de la
Constitución Política Mexicana, llevadas a cabo en el mes de febrero del
año 2013, las cuales, “tienden a lacerar los derechos laborales de los
trabajadores del sector educativo”.
Al terminar dicha marcha, a la altura
del puente de San Jacinto Amilpas, el grupo fue detenido junto con 61
integrantes del Frente Popular Revolucionario de Oaxaca (FPR) dando un
total de 86 detenidos, por la Policía Estatal Vial del Estado de Oaxaca,
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Gendarmería
Nacional.
Precisa el documento que al momento de
la detención -que fue llevada a cabo sin orden de aprehensión dictada
por un juez competente y sin proporcionarles información de los motivos
de la misma- los aprehendidos fueron obligados a bajarse del autobús,
fueron sometidos a malos tratos y despojados de sus pertenencias.
Posteriormente, añade el documento, los
detenidos fueron trasladados a un cuartel de la policía estatal, ubicado
en San Bartolo Coyotepec, en donde separaron a hombres y mujeres para
ser llevados, horas más tarde, a las instalaciones de la delegación
regional de la Procuraduría General de la República en Oaxaca.
La resolución de la ONU, señala dentro
de sus diez páginas que la detención se llevó a cabo aproximadamente a
las 2:30 de la mañana y no fueron puestos de manera inmediata a
disposición del Ministerio Público.
Posteriormente, el 7 de Junio de 2015,
entre las 19:30 y las 23:00 horas, 61 personas fueron liberadas, entre
niños, mujeres y personas de la tercera edad, quedando 25 personas
detenidas; hasta el momento ninguno de ellos ha sido sentenciado.
El Grupo de Trabajo subrayó que los
detenidos asistieron a una marcha pacífica, expresando sus ideas y
participando en la vida política y social, lo que está permitido y
amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ignora gobierno mexicano a la ONU
Durante la presentación de la resolución
de la ONU, Mayen Pilar Arellanes, representante de la comisión
magisterial de derechos humanos de la Sección 22, denunció que el Grupo
de Trabajo sostuvo que el Gobierno mexicano respondió a la comunicación
el 14 de abril de 2016, es decir, dos días más tarde de lo exigido por
la norma, aunque haya sido debidamente notificado, y niega los hechos
sin aportar ninguna prueba que sustente sus argumentos.
“En ausencia de la justificación por el Gobierno, el Grupo de Trabajo no puede aceptar esa respuesta como si hubiera sido presentada en los plazos. Sin embargo, según lo previsto en los métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo evaluará la situación del conjunto de la información a su alcance, incluida la ausencia de pruebas de la impugnación de los hechos”.
Entre las personas del grupo de
organizaciones que promovieron y presentó la resolución de la ONU se
encontró el académico del Instituto de Investigaciones de la UNAM, John
Ackerman, quien expresó a Revolución TRESPUNTOCERO lo que significa esta posición de la ONU ante México.
“Nos confirma que el gobierno actual y
por ello el Estado mexicano han emprendido desde el primero de diciembre
de 2012, un ataque sistemático en contra de la población civil y en
particular, en contra de los defensores de derechos humanos, los
periodistas y los activistas.
Este caso es grave, no se trata de una
detención arbitraria, sino de un secuestro temporal, una desaparición
forzada de 86 personas el 7 de junio de 2015. Policías cercan a un
camión lleno de jóvenes, mujeres, niños y adultos mayores y los llevan a
un lugar desconocido, lamentablemente esta práctica ya la conocemos, lo
mismo ocurrió el 26 de septiembre de 2014 con los jóvenes de
Ayotzinapa, en Guerrero”, explicó Ackerman.
En su lectura política de la situación
agrega que el “único crimen” de los presos fue resistirse y criticar al
gobierno y sus políticas neoliberales, en particular a la reforma
educativa. “México es un país que encarcela a sus activistas”,
sentenció.
Finalmente el comité de apoyo a los
presos políticos de Oaxaca expresó que integrarán la exigencia del
cumplimiento de esta resolución de la ONU a la mesa de diálogo que
sostiene actualmente el magisterio disidente y la Secretaría de
Gobernación,
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