Privatizarían el aire si pudieran

La privatización empezó con Miguel de la Madrid, después Salinas, Zedillo, y así sucesivamente hasta llegar con Enrique Peña Nieto.

Manuel Fuentes

Los alfiles de Luis Videgaray, actual secretario de Hacienda, se encuentran en áreas estratégicas del gobierno mexicano y desde allí están vendiendo el país; privatizarían el aire si pudieran.

Están metidos en Pemex, IMSS, CFE, SEP y desde sus cómodos sillones dictan los mecanismos para permitir que la iniciativa privada maneje grandes negocios a costa del quehacer público.

Apenas si se dio a conocer la votación en Inglaterra de su salida de la Unión Europea y de inmediato Videgaray anunció un recorte presupuestal de 31 mil 715 millones de pesos sumados a los 132 mil 300 millones que aplicó en febrero de este año.  Es evidente que buscaba un pretexto más para un recorte en el presupuesto a pesar de que el intercambio comercial con ese país representa el 0.7%.

Esto ha provocado el anunció de recortes de plazas de honorarios, cancelación de contratos eventuales y el cese de miles de trabajadores con el disfraz de jubilaciones anticipadas. Un efecto carambola, como nube negra, a comercios que atendían a esos trabajadores.

La crisis ha sido el argumento de estos gobiernos para entregar negocios suculentos a la iniciativa privada. Estos funcionarios yuppies preparan los siguientes negocios en los que seguirán al término de gobierno, ya sea como asesores, directivos o como accionistas de esas empresas beneficiadas.

En los puestos que laboran esos cuasi gobernantes no se sienten servidores públicos, se sienten gerentes, pero de las empresas que van a manejar después.

Miguel de la Madrid empezó a deshacerse de empresas públicas industriales (se cuentan más de 155), mineras y turísticas, bancos.  Con Salinas de Gortari se abrió el espacio privatizador en ejidos, teléfonos, carreteras, empresas de radio y televisión, y abrió sin restricción la puerta al comercio de libre para dar entrada a grandes empresas trasnacionales. Con Zedillo fueron los ferrocarriles, los aeropuertos, los satélites. Con Vicente Fox y Calderón se desmantelaron infraestructuras de servicios paraestatales, aseguradoras, las pensiones de los trabajadores, Luz y Fuerza del Centro, la creación de la ley de Asociaciones Públicos Privadas.

El actual gobierno de Enrique Peña Nieto, con sus reformas estructurales entregó el servicio de energía eléctrica y recursos energéticos a empresas privadas y sigue obcecado para privatizar todo lo posible antes que se vayan.  Los aires de la alternancia política ya la sienten y se apuran a privatizar todo lo que les sea posible.

La idea de su administración para mejorar la Nación, según ellos, es debilitar el Gobierno, adelgazarlo para liberar las fuerzas del mercado.

La Ley de Asociaciones Público Privadas que fuera creada el 17 de enero de 2012 por el binomio PRI-PAN hace del gobierno federal una agencia contratista de empresas de servicios; para que dispongan para su beneficio del presupuesto público, de los bienes de la Nación, de los recursos naturales y energéticos, todo con fines de lucro.

No tenemos presupuesto dicen ellos, pero no es obstáculo para que la iniciativa privada asuma la “tarea social” aunque se harte de ganancias, digo yo.

Este binomio, gobierno y capital privado hace de la función social un negocio para unos cuantos.  Tarea que debe ser de responsabilidad exclusiva del gobierno se convierte en la entrega de funciones.  Los convenios de explotación son por lo menos a 30 años o hasta 50 años, para que sea redituable para los inversionistas, dicen ellos.

Son convenios transexenales para que no importe el tipo de gobierno que llegue para blindar a estos negocios privados.  Contratos que están sujetos a cortes judiciales internacionales para alejar jueces nacionales a modo que pretendan anular estas suculentas inversiones.

Esta Ley de Asociaciones Público Privadas es tan benigna para los inversionistas que les permite usar y disponer de la infraestructura gubernamental como parte de la sociedad.  Estás políticas privatizadoras se han impuesto en todo el país no importando la corriente política que se encuentre en turno, las izquierdas o derechas.

La privatización del IMSS: una provocación

La información publicada en el periódico Reforma en una nota de Norma Zúñiga del 26 de junio de 2016 de que el IMSS concesionará a empresas privadas obras y servicios bajo la figura de Asociaciones Público-Privadas (APPs) es una muestra de la entrega cínica a particulares de operaciones que corresponden en exclusiva a esa institución llevar a cabo.

El director del IMSS Mikel Arriola está equivocado si pretende hacer a un lado al personal de esa institución en la operación de nuevos hospitales como el que se anuncia en Bahía de Banderas, Nayarit.  No puede por ningún motivo desconocer un contrato colectivo de trabajo que es sustento de la seguridad social en este país.

Pretender privatizar la fumigación, mantenimiento de instalaciones y equipos, fotocopiado, esterilización, vigilancia, jardinería, estacionamiento, provisión de alimentos, laboratorios, entre otros, lo que es un grave retroceso contra el Instituto Mexicano del Seguro Social.

No se puede concesionar la construcción de un hospital para delegar responsabilidades a empresas privadas y éstas hagan del negocio, de los beneficios privados, su principal objetivo.

Mal vamos cuando un gobierno como el que tenemos entiende el bienestar social poniendo en subasta al país.

@Manuel_FuentesM
@OpinionLSR