José Luis Ríos Vera e Iván Montero
México atraviesa por un periodo histórico de gran crispación social, producto de un malestar generalizado sin precedentes recientes. La inconformidad social se sustenta en varios ejes: la monumental exclusión económica (desempleo, subempleo,); la asimetría gigantesca entre el valor real de la fuerza de trabajo y el salario real pagado al trabajador (superexplotación del trabajo); los procesos de precarización e informalidad laboral, el despojo territorial y de recursos naturales, la violencia estatal exacerbada, que ha arrojado innumerables atrocidades como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de luchadores sociales y periodistas, los feminicidios, las desapariciones; la escandalosa corrupción en todos los niveles del gobierno, la impunidad de la que gozan; el salario que recibe la alta burocracia; el descredito de todas las promesas que anunciaron con las reformas neoliberales y que resultaron en un inmenso engaño, y al contrario, han acentuado el deterioro de la calidad de vida de las mayorías.
En aparente paradoja, es en estas circunstancias que la concentración de la riqueza en México ha aumentado para los más ricos. Para estos acaudalados, la crisis social por la que atraviesa el país recae meramente en la “corrupción”, y es natural que así lo difundan, ya que esta concepción corresponde con sus intereses, pues los desliga del metabolismo social y superexplotativo que ellos encabezan. Así, su gran preocupación es el agotamiento de la democracia mexicana y la “gobernabilidad” –que impusieron en conjunto con los grandes partidos políticos desde la década de los ochenta–, pues esta puede poner en entredicho su dominación política, es decir, que se desmorone su hegemonía al mostrar que sus intereses de clase son lo que el Estado impone presentándolos como el interés “general” de la nación.
Y es que fueron las nuevas condiciones de la “democracia mexicana” controlada desde arriba, las que coadyuvaron a establecer su dominio político para que los gobiernos en turno generaran las condiciones extraeconómicas para imponer los ejes estructurales del capitalismo dependiente mexicano en el estadio neoliberal.
Es en esta coyuntura histórica que el bloque en el poder en México, subordinado a la economía de Estados Unidos, emprendió el viraje desde los años ochenta hacia el nuevo modelo de acumulación de capital, lo que lo llevó a lanzar una ofensiva contra el mundo del trabajo como premisa necesaria para acoplarlo a las nuevas exigencias del capitalismo mundializado.
Fueron las clases dominantes condensadas en el Estado quienes reorganizaron la acumulación del capital con centro en el motor externo y el enorme desprecio a las necesidades sociales ancladas en el mercado nacional, se desmanteló el aparato productivo industrial (desindustrialización) y se profundizó la radical separación del tejido productivo respecto a las necesidades de los trabajadores y de las masas populares. Se renunció a la diversificación productiva-industrial y se volcaron los procesos productivos hacia la especialización productiva basadas en bienes manufactureros elaborados en maquiladoras de exportación sustentadas en las férreas leyes de superexplotación del trabajo. Así también, se asentó la mayor expulsión de fuerza de trabajo del país al mismo tiempo que la constituyó en premisa del débil mercado interno vía consumo local (mediante remesas) de sus familias empobrecidas.
Ante las contradicciones del capitalismo dependiente, los tratados de libre comercio fueron impuestos como la panacea para “sacar” al país del atraso, no obstante, lo que se desarrolló fue el propio subdesarrollo.
Agotamiento de la democracia mexicana y nueva ofensiva del capital
La población (conformada en su mayoría por las clases trabajadoras), a lo largo de este período, ha logrado madurar que una “democracia” mexicana construida en las alturas del poder es una afrenta contra sus intereses. Y no es para menos, ya que esta “democracia” lleva el estigma del fraude, la extorción, el robo descarado, el saqueo a la sociedad, la demagogia a niveles nunca imaginados, el racismo, el cinismo, la xenofobia, la exclusión, el conflicto de interés, la corrupción, el despotismo, la impunidad …, expresiones en su conjunto que apuntan a su agotamiento.
En este agotamiento también se han podido desnudar los nexos orgánicos entre las clases dominantes –nacionales y extranjeras (Telmex, Televisa, Peñoles, Altos Hornos, grupo HIGA, Cemex, ICA, grupo CARSO, las mineras canadienses, automotrices y manufacturas trasnacionales, etc.)– y el Estado en el cual permanecen agazapadas. Por lo que es equivocación pensar que las patronales (Coparmex, CCE, Concamin, Concanaco, etc.,) puedan jugar un papel “progresista” en el país, ya que estos organismos han constituido un poder político cada vez más centralizado en el bloque en el poder, lo que les ha permitido imponer los conjuntos de intereses (económicos, políticos, jurídicos, culturales) de las clases y fracciones dominantes (locales-extranjeras), y con ello, han hegemonizado las formas y modalidades de acumulación centradas en la dependencia y subordinación externa contraviniendo las necesidades, aspiraciones e intereses de las clases trabajadoras, franjas populares, territorios y comunidades enteras.
La caída del encanto fetichista de la “democracia” capitalista que envuelve de modo mistificado el carácter de la dominación, ha instalado un periodo histórico marcado por la mayor inestabilidad política que cobra fuerza aún más con la crisis de legitimidad, que sumada a los anteriores problemas de la democracia mexicana (crisis del consenso, de representación, de los partidos políticos,) impactan en el Estado provocándole nuevas modificaciones.
Con la crisis de la democracia política se agudiza la crisis de legitimidad de una forma de Estado que se ha sustentado precisamente en un ideario jurídico y político liberal, cuyos principales axiomas son la “apertura política”, “pluralismo”, “ciudadanización”, “libertad e igualdad”, “inclusión política”, “Estado de derecho”.
El agotamiento de la democracia y sus impactos en la tan salvaguardada “gobernabilidad democrática” lleva a la emergencia y rearticulación política de las fuerzas sociales, de las luchas sociales y de la mayor movilización y politización de las clases explotadas, lo que abre la vía hacia las mayores confrontaciones, mismas que amenazan la estabilidad del régimen económico-político, tal como lo vienen mostrando las crecientes protestas sociales que amenazan el statu quo. Así, por medio de las contradicciones en el régimen económico y la profundidad que puede adquirir la crisis económica, el Estado se va encontrando cada vez más con la mayor presión popular, al punto de colocarse en callejones sin salida, por ejemplo, al no contar con el consenso y legitimidad para reprimir de forma abierta a la presión popular.
En estas coordenadas, se trata de un periodo histórico en el que las luchas sociales le imponen al Estado nuevas modificaciones. Así las cosas, para que las clases dominantes puedan salvar la bolsa exigen blindarla corona. Pocas cartas le quedan al bloque en el poder, y una de ellas es la que se abre con fuerza con la posibilidad de la constitución en México del Estado de excepción, una alternativa reaccionaria a las agudas contradicciones que se despliegan en el régimen actual.
En el marco de relaciones de dependencia histórico-estructural respecto a Estados Unidos, estas relaciones y “negociaciones” se desenvuelven bajo las relaciones de dominio y explotación internacional a las que históricamente las burguesías locales se han subordinado con singular carácter. Es en esta línea en que se profundizan las relaciones asimétricas con cargo en transferencias de valor, intercambio desigual y procesos de despojo y superexplotación ahondando en el lacerante atraso de nuestra sociedad.
La reproducción del capitalismo dependiente mexicano se sustenta sobre las premisas que el bloque en el poder en México ha hecho prevalecer desde el poder político del Estado: superexplotación del trabajo y disciplina salarial (condición de competitividad internacional), apertura externa, especialización productiva subordinada al exterior, desmantelamiento de estructuras industriales, nichos manufactureros y agro-industriales exportadores, endurecidas políticas neoliberales -monetarias, fiscales, cambiarias, presupuestales-, creciente endeudamiento, y mayores complacencias a la inversión extranjera.
Como la infraestructura energética liderada por el petróleo tuvo la significación de asentare como riqueza social (alimentando una tercera parte de los ingresos del sector público), el bloque en el poder (local-trasnacional) en México obligó al Estado mexicano a entregarla al gran capital petrolero trasnacional, más aun, involucrándose en nuevas inversiones para su usufructo privado (Slim: Carso Oil & Gas; Bailleres: Petrobal; Mexichem, la lista es larga).
De la misma forma, las lumpenburguesías no ahorrarán medios con los cuales presionar al Estado mexicano para entregar y transferir riquezas, activos (biodiversidad, energía, infraestructura, etc.), mayores subvenciones al capital, concesiones de grandes contratos y asociaciones, con el objetivo de “negociar” los nuevos y agresivos intereses impuestos por el imperialismo estadounidense y con ello lograr contrarrestar el deterioro de sus intereses. Aquí se pone de manifiesto la profundización de reformas fiscales regresivas, profundización de grandes recortes presupuestales, subvenciones de todo tipo al capital, transferencias de riqueza pública para resarcir “pérdidas”, nuevas reformas laborales anti-obreras, nueva oleada de privatizaciones, apertura de nuevos circuitos mercantiles, mayor explotación intensiva y extensiva del trabajo, mayor pérdida de derechos laborales, expropiación y entrega de recursos naturales, expansión de nuevas asociaciones “público-privadas” en obras de infraestructura, etcétera.
En síntesis, en el contexto de la economía mundial en crisis y de la democracia y economía mexicana en su etapa de agotamiento, las clases dominantes han lanzado una ofensiva agresiva que desafía las condiciones de vida de las clases populares, capas medias y clases trabajadoras, por lo que el Estado constituido con la mayor centralización del poder político, ha impulsado la estrategia de militarización de la protesta social con el Estado de excepción asegurado en la Ley de Seguridad Interior.
El salto cualitativo del Estado de Excepción
En la nueva etapa de luchas y confrontación social frente al Estado y los intereses del bloque en el poder que en el actual periodo histórico se registra en nuestro país, el Estado tiende a derivar con mayor fuerza hacia la vía autoritaria, una peligrosa matriz de contención para apagar los estallidos del conflicto social.
Esta vía se refiere en los fundamentos de un refinamiento jurídico (bárbaro) de los aparatos y dispositivos de fuerza y aniquilación al cuestionamiento popular. Se trata de una reconstrucción jurídico-política que salta de la fase de criminalización de la protesta social hacia la militarización -en diferentes espacios, escalas y tiempos- del cuestionamiento popular.
Dentro del Estado y las fracciones hegemónicas del bloque en el poder, el Estado de Derecho se presenta como el establecimiento del “orden” y de la “paz social”. No obstante, en esencia se trata de la garantía -mediada por la “fuerza pública”- de la reproducción del capital y de los intereses prevalecientes mediante la violencia de clase.
Dada la crisis de representación, del consenso y de legitimidad que corroe al cuerpo político estatal en México, para las clase dominantes, el Estado de Derecho encierra “vacíos”, “huecos”, por lo que para el Estado es cada vez más imperativo dotar de legitimidad al uso de la “fuerza pública” y su negligente y represiva usurpación de funciones (el ejército en labores civiles) que, dicho sea de paso, lleva más de diez años.
En este contexto se presentan en el congreso (aprobada ya en la cámara de Diputados) las propuestas y formulaciones de una “Ley de Seguridad Interior” que establezca un cuerpo jurídico (de protección) a las mismas fuerzas armadas, y la elaboración de una “Ley Reglamentaria” que habilite “en apego a la Constitución” el Estado de excepción en México. Con ello, se busca colmar de un modo permanente una pieza “ausente” y decisiva para aniquilar toda fuerza, razón e impugnación social al “orden” establecido, ello bajo el manto manipulatorio de la “seguridad” ante el “narcotráfico” y el “crimen organizado”.
A todas luces se trata de la nueva arma jurídica-política-ideológica-militar del orden económico-político en México. En tanto las instituciones de la estrecha democracia-electoral se han precipitado en su crisis, las clases dominantes han agotado los recursos políticos para dotar de alma y de vida al desgastado patrón de legitimidad del control y del dominio.
Una supuesta reconstrucción del Estado de Derecho -figura superior del alma del capital-, bajo una Ley de Seguridad Interior y una nueva regulación jurídica que establezca el Estado de excepción en México, son indisociables de la pretensión de las clases dominantes de lograr una legitimidad perdida, aunque esta vez no del orden social en sí, sino de la propia violencia estatal dirigida a hacer prevalecer el “orden”.
Con una Ley de Seguridad Interna y el nuevo Estado de Excepción que le subyace, el capitalismo dependiente mexicano se auto-impone objetivamente el derecho de aniquilar el cuestionamiento popular al modelo económico y político que prevalece en el país.
Sin duda asistimos a un componente que viene a redefinir una nueva morfología del Estado en México: la estatalidad excepcional, que si bien de modo permanente ha venido desplegándose de facto, ésta tiende a metamorfosearse cualitativamente hacia el mantenimiento continuo y permanente de una excepcionalidad de jure, esto es, jurídico-política, al normativizar, juridificar y normalizar los instrumentos institucionales de muerte y aniquilación (desaparición) de la violencia del Estado esparcidos plenamente en la sociedad.
El establecimiento de un Estado de excepción suena muy escandaloso, sin embargo, para el régimen es más “natural” de lo que pudiera parecer. Por ejemplo, sin ir muy lejos, es menester señalar que la vía maestra del Estado de excepción en apelo al Estado de Derecho fue abierta en Perú por el régimen neoliberal del ex presidente Ollanta Humala, quien en distintas ocasiones, decretó el Estado de excepción en contra de la protesta social y popular en defensa de los recursos naturales, territorios y comunidades que veían peligrar sus condiciones de existencia ante los proyectos de despojo territorial auspiciados por la especialización productiva exportadora fincadas en la minería y el agronegocio.
En estos tiempos de depresión y estancamiento económico (nacional y global), qué fracción de las clases dominantes no exigiría auxiliarse en la “Constitución” apelando al “Estado de excepción” amparado y legitimado la nueva Ley de Seguridad Interior y la procuración del Estado de Derecho.
Ante una creciente crisis económica, política y social, de qué modo el Estado no apelaría al mantenimiento de la estatalidad excepcional y apagar con esta nueva “herramienta” las expresiones más agudas de las contradicciones sociales que entraña la sociedad mexicana.
Con la nueva Ley de Seguridad Interior, estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, vastos territorios, movilizaciones colectivas (paralización de vías de comunicación, bloqueos carreteros, etc.) fuerzas sociales y movimientos en resistencia y lucha frente al despojo territorial, destrucción ambiental y la erosión de los derechos laborales y sociales, ven amenazados y en riesgo sus propias condiciones de vida, de lucha y de resistencia.
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