Reconoce que el gobierno de Peña cerrará con el mismo índice de homicidios que el de Calderón
Roberto Campa, subsecretario de Gobernación
Aunque no es la realidad deseada, la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones del países absolutamente indispensablepara contrarrestar los altos niveles de violencia e inseguridad generados por el crimen organizado, de ahí la importancia de contar con la ley de seguridad interior, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Al preguntarle sobre el tema luego de la presentación de los avances de una campaña contra la trata de personas, indicó que aunque es una minuta pequeña, de 34 artículos, muchas de las personas que han opinadono han leído ni siquiera el primero. Sería conveniente para todos quienes tienen inquietud y preocupación sobre esta ley, que le dedicaran una hora; en ese tiempo puede fácilmente leerse, reflexionar y meditar sobre cada uno de estos artículos.
Consideró que el reto que hoy enfrenta el país, y que se debate en el Senado –donde se revisa la minuta– es hacer compatible la presencia de las fuerzas armadas en muchas regiones de México, con la necesidad de fortalecer a las instancias civiles de prevención y persecución de los delitos, y el pleno respeto a los derechos humanos.
Muchas veces, dijo, no se magnifica el tamaño del problema que se tiene por la inseguridad y la violencia ocasionada por las bandas del crimen organizado. Pidió, por ejemplo, recordar las cifras de homicidios dolosos de los meses recientes, aunque no las mencionó. Hay que señalar que Gobernación dio a conocer hace unas semanas que 2017 podría ser el año más letal, pues tan sólo en octubre sumaron 2 mil 371 homicidios dolosos, convirtiéndose en el mes más violento no sólo del sexenio, sino de las dos décadas recientes.
Ligado a ello, el subsecretario comparó la tasa de homicidios entre el actual y el anterior sexenio. La administración de Felipe Calderón, dijo, recibió el país con alrededor de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes y lo cerró con 22 por cada 100 mil. El gobierno de Enrique Peña Nieto recibó esas tasas, pero pudo reducirlo a 17 por cada 100 mil en los primeros años, y cerrará con 22 por cada 100 mil.Vamos a cerrar más o menos con las mismas cifras que se recibió.
Otros tres elementos por los que se pronunció en favor de que se regule la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad son: porque para las bandas de traficantes la cercanía de nuestro país con el principal consumidor de estupefacientes respresenta un lucrativo negocio, pues a lo largo de 3 mil kilómetros de frontera del lado de Estados Unidos hay al menos 9 mil tiendas de armas donde se puede comprar cualquier cosa (lo que aprovechan los criminales) y porque se ha descuidado el desarrollo, protección y oportunidades para la juventud, que pueden enrolarse con el crimen.
En este entorno tenemos que actuar, reconocer la necesidad de la presencia de las fuerzas federales en algunas regiones. Son la única forma de enfrentar a esta delincuencia armada y empoderada. ¿Qué es mejor? ¿Tener una situación legal apoyada apenas en una jurisprudencia, donde prácticamente cualquier decisión es discrecional, o conviene más tener un marco legal que defina cuándo, cómo y hasta cuándo, por cuánto tiempo deben de tener presencia las fuerzas armadas? Desde mi particular punto de vista, es mucho más conveniente hacerlo con la ley en la mano.
Emir Olivares y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 12 de diciembre de 2017, p. 3
Las más de 200 organizaciones y grupos de la sociedad civil que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra entregaron ayer al Senado un documento en el que esgrimieron tres argumentos contra la minuta de ley de seguridad interior. Además, académicos, especialistas y agrupaciones de derechos humanos exigieron a los legisladores no aprobar esa norma.
En el documento entregado, el colectivo advirtió que la minutatiene profundos problemas de constitucionalidad, de convencionalidad y de ausencia de contrapesos y controles democráticos. Y lo más grave (es que) no contribuye a transitar hacia el México seguro y en paz que anhelamos.
En el primer punto indicaron que hasta ahora el Senado no ha informado si revisa las múltiples observaciones al dictamen –agrupadas en 14 rubros– formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ni los 10 puntos que propuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Subsisten preocupaciones específicas y concretas sobre aspectos tan relevantes como la convencionalidad del concepto de seguridad interior; la inexistencia de límites temporales precisos respecto de la vigencia de las declaratorias de afectación a la seguridad interior al preverse la posibilidad de que se soliciten prórrogas ad infinitumsin controles agravados de carácter progresivo (artículo 15); la ausencia de controles adicionales en materia de derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias (artículos 7 y 12), y la ausencia de contrapesos legislativos ex post para evaluar los resultados de las declaratorias (artículo 33), por mencionar puntualmente algunos numerales en un esquema meramente enunciativo y no limitativo”.
Destacaron además que una semana resulta insuficiente para abrir un debate transparente sobre la ley a todos los sectores, por lo que se propuso que el diálogo se dé el próximo 20 de enero; reiteraron su llamado a no aprobar esta ley debido a que existe un amplio consenso internacional, regional y nacional sobre los riesgos de las propuestas albergadas en el documento, que han sido advertidas por la CNDH, la Comisón Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, organizaciones civiles, sectores académicos y grupos empresariales, entre otros.
Además, ayer las comisiones dictaminadoras de la minuta recibieron a académicos expertos y organizaciones civiles.
Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señaló a los senadores: “Esta ley es más laxa y sin controles, con menos responsables y sobre todo con alta discrecionalidad del Ejecutivo; está peor que la que hace un año se discutía (…) Sabemos lo que ustedes saben, que la política de militarizar la seguridad pública es contraproducente”.
Juan Ibarrola destacó:el país está militarizado no porque las fuerzas armadas lo hayan pedido, sino por las tareas que se le han asignado.
Orlando Camacho, de México SOS, aseveró:No entiendo por qué con esta ley el país se va a militarizar, si ya tenemos la colaboración de las fuerzas armadas en 27 estados. Perfeccionemos de la minuta lo que haya que perfeccionar y si hay alguna ambigüedad, corrijámosla.
Gobernadores piden a comisiones del Senado hacer los cambios necesarios a la minuta respectiva
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 12 de diciembre de 2017, p. 4
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió al Senado hacer modificaciones a la minuta de ley de seguridad interior que le envió la Cámara de Diputados, porque contieneexcesosy disposiciones querebasanlo que han solicitado las fuerzas armadas.
Incluso, detalló,contiene varios artículos en los que se pasa de la coordinación a la subordinación, y eso es un riesgo para la soberanía de los estados.
Mancera se manifestó en favor de un marco jurídico para el Ejército, pero este proyecto, advirtió,contiene excesos, entre otros el hecho de establecer que las fuerzas armadasidentifiquen y prevengan cualquier tipo de amenaza; eso es extranormativo.
El artículo 11 fracción segunda, precisó el jefe de Gobierno ante gobernadores y senadores, es delicadoporque se puede dar la declaratoria, se puede emitir por falta o insuficiente colaboración de estados y municipios. Eso, añadió,ya no es el espíritu de lo que se habló; ello es descalificar a estados y municipios, es imponer la seguridad. No me queda claro quién va a argumentar esos supuestos, según quién se va a comprometer a un gobernador o alcalde.
Continuó: el artículo 16 es un refrito de lo que alguna vez se dio en un debate muy acalorado allá en la Cámara de Diputados, cuando se habló de aquellos casos en que las amenazas de seguridad interior representan un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones. El presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias o entidades sin perjuicio de emisión de la declaratoria que se hará posteriormente”.
Esto, subrayó,ya se intentó alguna vez, causó un debate acalorado y me pare que es vulnerar la propia ley. Esto no nos lo están pidiendo las fuerzas armadas. Otro artículo que debe modificarse es el 26.
Los gobernadores se reunieron ayer con los presidentes de las comisiones dictaminadoras del Senado: la de Gobernación. que encabeza la priísta Cristina Díaz; de Estudios Legislativos Segunda, a cargo del petista Benjamín Robles; de Defensa Nacional, que está en manos del panista Fernando Torres Graciano.
Además estuvieron los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, el priísta Enrique Burgos; de Derechos Humanos, Angélica de la Peña; de Seguridad Pública, el priísta, Ernesto Gándara, además de los coordinadores de PT-Morena, Manuel Bartlett, y del PRD, Luis Sánchez, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera, del tricolor.
Otros siete gobernadores se pronunciaron en favor de que se cree un marco jurídico para las fuerzas armadas, incluso en esta ley, pero con las modificaciones que se requieren.No les estamos pidiendo que no le cambien ni un sola coma; hagan los cambios que se requieran.
El gobernador priísta, de Colima, José Ignacio Peralta, dijo queesta ley no busca militarizar al país ni sustituir a las autoridades civiles. En tanto, el mandatario de Durango, el panista José Rosas Aispuro, pidió al Senado aprobar la minuta, porque es una ley quese constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y a los tratados internacionales en la materia.
Héctor Astudillo Flores, gobernador priísta de Guerrero, también pidió aprobar la minuta. A su vez, el mandatario estatal de Querétaro, el panista Francisco Domínguez, demandó que se hagan los cambios que se requieran.
De la Redacción
Periódico La Jornada
Martes 12 de diciembre de 2017, p. 4
Más de dos años han pasado desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que se reabriera la investigación por el asesinato de Mariana Lima. Además de tipificar el delito de feminicidio, la sentencia determinó que la indagatoria se realice con perspectiva de género. Hasta ahora, nada ha pasado, afirmó la mamá de la víctima, Irinea Buendía.
En una carta con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (el pasado domingo), indicó que debido a las denuncias que ha hecho, ella y su familia han sido agredidas, al grado de tener que dejar su casa.
El 10 de junio de 2010 Mariana fue asesinada por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán, estado de México. Las autoridades judiciales de la entidad pretendieron cerrar el caso con el argumento de que se había tratado de un suicidio.
La perseverancia de la señora Irinea y con el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, logró que la SCJN revisara el caso, el primero en su tipo en manos del máximo tribunal del país. En marzo de 2015 emitió su sentencia. Además de ordenar una nueva investigación con perspectiva de género, esta tendría que integrarse con diligencia. También sancionar a los servidores públicos que incurran en irregularidades que obstruyan el acceso a la justicia.
La Corte también ordenó a las autoridades de la entidad garantizar la reparación del daño e impulsar un cambio cultural y de educación en el personal encargado de la administración de justicia.
En su carta, Irinea afirmó que no ha habido avances en la investigación y, por el contrario, las agresiones en contra de ella y su familia se intensificaron y más luego del cambio de penal de Hernández Ballinas.Ahora el feminicida sigue teniendo su red de apoyo, poder y control en la zona oriente, situación que nos afecta como familia, pero tal parece que están más protegidos los derechos del asesino que los nuestros, sostuvo.
Persisten los vicios
Somos objeto de agresiones físicas, difamación, amenazas de muerte y fabricación de delitos, agregó la señora. Dijo que a pesar de la capacitación al personal del sistema judicial, persisten los vicios, y casos de muertes violentas de mujeres no se investigan con perspectiva de género, a fin de determinar si se trataron de feminicidios.
Las autoridades, agregó, no aplican los protocolos nacionales e internacionalesporque los desconocen, a lo que se suman omisiones, negligencias y falencias en la indagatoria. Eso lleva a la obstrucción de la justicia y la impunidad.
Irinea exigió al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al gobierno del estado de México, que a la brevedad atiendannuestro grito de auxilio. Las mujeres estamos en una situación muy grave y seguimos en constante riesgo. Exigimos acceso a la justicia, porque el mensaje que les siguen mandando a los hombres misóginos, perversos, violentos, cobardes y asesinos es que pueden asesinar a una mujer y no pasa nada.
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 12 de diciembre de 2017, p. 4
San Cristóbal de Las Casas, Chis.
La Secretaría de Salud estatal informó que al momentono existe reporte del fallecimiento por frío de cuatro niños y dos adultosdesplazados en el municipio de Chalchihuitán, como se divulgó el pasado fin de semana.
En un comunicado, dijo que en los límites entre Chenalhó y Chalchihuitánpermanecen 18 unidades médicas móviles para otorgar atención y surtir medicamentos, y no se les ha notificado de los presuntos decesos.
El alcalde de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, afirmó que cuatro niños y dos adultos de los 5 mil desplazados por el conflicto de límites con Chenalhó han muertopor el frío y por la falta de atención médica.
La Secretaría de Salud replicó queen cumplimiento a las indicaciones del gobernador Manuel Velasco Coello, los servicios de atención médica se mantienen en ambos municipios y hasta la fecha se ha atendido a la población de las comunidades de Las Limas, Majumpepemtic y Fracción Polhó, de Chenalhó.
Señaló quebrigadas de salud han intervenido en las localidades de Kanaluntic, Chen Mut, Pom, Tzomolton, Bejelton, Tulantic, Cruzton, Vololchojon y Cruz Cacal, de Chalchihuitán, dondelas brigadas de salud han otorgado hasta hoy mil 900 consultas aproximadamente.
Destacó quepara atender a las familias de ambos municipios, la Secretaría de Salud se ha coordinado con instancias de Protección Civil y organismos de derechos humanos, así como con autoridades municipales, ejidales y líderes comunitarios.
Aún faltan estadísticas que permitan dimensionar el problema: ONU
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 12 de diciembre de 2017, p. 5
Gracias a la campaña #AquiEstoy contra la trata de personas, recientemente se logró la liberación de 20 víctimas, todas ellas mujeres de entre 17 y 24 años de edad que eran víctimas deexplotación de la prostitución ajenaen un centro nocturno de la delegación Venustiano Carranza.
Esta campaña, lanzada en julio pasado por el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, y que es apoyada por la dependencia, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito y la organización Consejo Ciudadano de la Ciudad de México,ha tenido impactoy el número de denuncias mediante la línea de apoyo (01800 5533000) ha crecido de 100 a más de 300, de agosto a la fecha.
Al presentar los avances de la campaña, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseveró que uno de los éxitos de esta iniciativa es que los reportes son confidenciales y garantizan la seguridad de la víctima o de la persona que hace la denuncia.
Recordó que la trata de personas, junto al tráfico de drogas y armas, es de los tres delitos trasnacionales más importantes de nuestra era, y una nueva forma de esclavitud para las personas.
Dijo que cuatro meses (lo que lleva la campaña) no son suficientes para conocer resultados sustanciales, los cuales se podrán tener al celebrar el año del lanzamiento. Agregó que la denuncia ciudadana permite fortalecer la investigación y mejora la persecución de estos delitos. Las canalizaciones hechas por el Consejo Ciudadano son reforzadas por acciones de seguimiento en la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas.
El presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wertman Zaslav, resaltó que gracias a este esfuerzo el número de denuncias a la línea ha crecido considerablemente. Las llamadas efectivas subieron 75 por ciento, al pasar de 32 antes de la campaña a 56; además, las consideradas de alto riesgo, es decir, donde hay elementos que establecen la comisión de otros delitos, subieron 126.6 por ciento, esto es de 60 a 136 en promedio mensual.
Las formas más comunes de explotación, enfatizó, son prostitución ajena, trabajos forzados, explotación laboral, mendicidad forzada, menores de 18 años incorporados contra su voluntad a actividades delictivas y matrimonio forzado o servil.
Felipe de La Torre, oficial de Gestión de Programas de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, lamentó que en el país no se tengan estadísticas claras sobre la dimensión de este delito, por lo que esa oficina y otras instancias trabajan en una plataforma de información única.
Foto José Antonio López
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 12 de diciembre de 2017, p. 3
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