Los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México, Enrique Graue; de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, e Iberoamericana, David Fernández, pidieron al Senado no aprobar la ley de seguridad interior y convocar a un diálogo nacional incluyente.
En un pronunciamiento conjunto, los rectores advirtieron que la aprobación de la ley, en términos de la minuta remitida por la Cámara de Diputados,corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad, sin que los legisladores y nadie más puedan prever las consecuencias en favor o en contra de la seguridad, en particular, y de los derechos humanos, en general.
Señalaron que ese amplio diálogo nacional, que solicitan convoque el Senado, debe incluir la voz de las víctimas y privilegiar los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas en los ámbitos nacional e internacional.
Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son responsables de la seguridad pública, como de las fuerzas armadas, manifestaron.
De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4
Los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunirán hoy en Washington con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y la responsable de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, con la finalidad de dialogar sobre las estrategias para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales.
Este es el segundo diálogo de alto nivel que tienen los funcionarios de ambos países para analizar el tema.
También asistirán al encuentro los procuradores Jeff Sessions, de Estados Unidos, y Elías Beltrán, de México, informó la Casa Blanca.
El encuentro de este día da seguimiento a la reunión que se efectuó en mayo pasado, en la que aún participo John Kelly, en aquel momento secretario de Seguridad Interna.
Videgaray ha señalado que el eventual rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte inevitablemente tendrá consecuencias en la cooperación entre México y Estados Unidos en temas como migración y seguridad.
Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5
En los pasados 32 años se registraron en el país 52 mil 210 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio, de las cuales 15 mil 535 ocurrieron en los seis años recientes, es decir, 29.8 por ciento, de acuerdo con el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016.
La cifra más baja corresponde a 2007, con mil 89 casos, y la más alta a 2012, con 2 mil 769. En el informe presentado ayer en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se señala que después de que en 2007 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio se había reducido a la mitad respecto de 1985 –1.9 contra 3.8 defunciones por cada 100 mil mujeres–, entre 2007 y 2012 hubo un repunte de 138 por ciento,es decir, no solamente se perdió el avance que se había alcanzado en los 23 años anteriores, sino que además llegamos a niveles nunca antes registrados.
En 2012 se muestra un cambio en la tendencia, pues los datos disponibles muestran una disminución de 254 casos en términos absolutos y de 0.46 en la tasa entre 2013 y 2014. Las cifras de 2015 reflejan menor ritmo en la reducción, que fue de 35 casos y 0.10 en la tasa. En 2016 hay un aumento que implica un promedio de 7.5 asesinatos de mujeres por día: en total, 2 mil 746 casos.
En el documento elaborado por el Inmujeres, la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres) y la Secretaría de Gobernación (SG), se expone que en el estado de México se han cometido 15 por ciento de los asesinatos de mujeres en los 10 años recientes y Chihuahua concentra 10.5 por ciento.
Si se considera a las 10 entidades federativas que tuvieron el mayor número de asesinatos de mujeres en 2016, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Chihuahua y el estado de México concentran dos terceras partes de las defunciones de 2008, 68.5 por ciento en 2010, 68.4 en 2011 y 61.1 por ciento en 2016.
Chihuahua se ha mantenido en los primeros lugares desde 2001 y Guerrero desde 2006. En 2016, Colima se posicionó en el primer lugar. En sentido inverso están entidades como Querétaro, que después de ocupar los primeros puestos a inicios del periodo pasó al último lugar en 1998; en 2016 se ubicó en el sitio 29, o Yucatán,que sistemáticamente ocupa los últimos lugares.
En el informe se señala que el uso de mediosmás brutalespara asesinar a las mujeres es más frecuente. En los cinco años recientes los objetos cortantes se usaron 1.3 veces más en los asesinatos de mujeres que de hombres; además, se recurre tres veces más al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, y el uso de sustancias y fuego es el doble que en el caso de los hombres.
Destaca que de 2012 a 2016 se registró una reducción en el porcentaje que representa los asesinatos de niñas menores de 15 años y un aumentonotableen el de las mujeres adultas, entre los 20 y 40 años de edad, periodo que coincide con la etapa reproductiva.
En el documento se señala que un componente clave de la violencia feminicida es la violencia sexual. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expone que en el país se producen casi 15 mil denuncias de violación anuales. En 2011 hubo 15 mil 751, y la cifra se redujo en los años siguientes: en 2014, se reportaron 12 mil 638, pero en 2016 aumentaron a 12 mil 896. La mayoría de víctimas son mujeres.
Se señala que mientras las denuncias crecen, las averiguaciones que culminaron con la detención de un presunto responsable y su consignación ante el Poder Judicialapenas ha llegado a 4 milen 2015, de las más de 12 mil.
La presentación del informe estuvo a cargo de Carlos Echarri, especialista de El Colegio de México, y al acto asistieron Lorena Cruz, presidenta del Inmujeres, y Belén Sanz, representante de ONU Mujeres.
Israel Rodríguez
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5
Durante 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió un total de 45 mil 690 solicitudes de queja, mientras los organismos de protección de derechos humanos (OPDH) de las entidades federativas recibieron 172 mil 78 denuncias, de acuerdo con los resultados del primer Censo Nacional de Derechos Humanos 2017, proyecto estadístico de Censos Nacionales de Gobierno que se lleva a cabo en los ámbitos federal y estatal bajo un mismo levantamiento, que fueron presentados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi).
El instituto precisó que del total, 30.3 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir un expediente. Detalló que en 2016 la CNDH atendió 14 mil 494 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos, en tanto que los OPDH atendieron 80 mil 820 expedientes. Del total, 68.2 por ciento se abrió (por solicitud de queja y por oficio) el año pasado y 31.8 por ciento provino de años anteriores a 2016.
En los 95 mil 314 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos atendidos por la CNDH y los OPDH al cierre de 2016, se registraron 148 mil 947 presuntos hechos violatorios de las garantías individuales.
En 2016, la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública fue el tipo de presunto hecho violatorio de derechos humanos más frecuente registrado en los expedientes de queja calificados por la CNDH y los OPDH, con 24.8 y 10.1 por ciento, respectivamente.
De los 63 mil 406 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos concluidos durante 2016 por la CNDH y los OPDH, 16.5 por ciento (se calculó sobre un total de 63 mil 950 expedientes, en virtud que un expediente de queja pudo haberse concluido por más de una causa) se concluyó al haberse solucionado mediante la conciliación.
En ese mismo año la CNDH emitió 71 recomendaciones a diferentes instituciones públicas, mientras que los OPDH emitieron mil 703. Del total, 62.6 por ciento fueron para instituciones públicas del ámbito estatal, siendo las procuradurías generales de justicia o las fiscalías generales las autoridades que recibieron la mayor proporción (39.5 por ciento) en ese ámbito de gobierno.
En cuanto a los 3 mil 992 servidores públicos que integraron los OPDH al cierre de 2016, 19.2 por ciento estaba adscrito a visitadurías generales o subprocuradurías, mientras dicho porcentaje se incrementa a 52.3 por ciento para el caso de la CNDH.
Rinden informes de labores 2016-17
SCJN: constitucional, el artículo 215-A del CPF
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 5
Las desapariciones forzadas son un “fenómeno que ha ido en aumento, al grado de ser considerado una de las principales preocupaciones en el país, pues constituye una violación múltiple de varios derechos humanos, cuya prohibición ha alcanzado el carácter de ius cogens (normas que no pueden ser derogadas)”, señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, al rendir el informe de labores del primero de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de este año.
Por ello, la primera sala de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la negativa de amparo al declarar la constitucionalidad del artículo 215-A del Código Penal Federal (CPF), en lo que se refiere a que ese delito se puede cometer con independencia de que el sujeto activo participe en la detención legal o ilegal de la víctima.
Refirió que la primera sala de la SCJN ha sidogarante de los derechos fundamentales, haciéndolos respetar por todos los poderes del Estado.
Ante los plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que la primera sala estableció queen materia de igualdad y no discriminación, se decidió que la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, niños y niñas o personas con discapacidad; entre otros colectivos históricamente desaventajados.
En tanto, al rendir el informe de la segunda sala de la SCJN, el ministro Eduardo Medina Mora señaló que para el Poder Judicial, al no ser un poder electo democráticamente, es importante lograr legitimidad para la toma de decisiones, yante las nuevas realidades y problemas jurídicos será necesario revisar los principios básicos de división de poderes y derecho administrativo, como: el principio de legalidad, reserva de ley y de subordinación jerárquica.
Medina Mora resaltó que resulta jurídicamente factible aplicar filtros que respondan a la naturaleza y lógica del diseño del máximo tribunal del país, demodo que resuelva únicamente aquellos (casos) que ameriten su conocimiento como intérprete constitucional.
La Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a hijos y familiares desaparecidos en el país, durante el encuentro con migrantes refugiados, en el Museo de la Ciudad de MéxicoFoto Yazmín Ortega Cortés
Georgina Saldierna y César Arellano
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 6
Integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a hijos y familiares desa-parecidos en México exigieron al gobierno federal que otorgue refugio a quienes huyen de la violencia y que adopte medidas para que se respeten los derechos humanos de los migrantes.
Ana Enamorado, organizadora de la caravana que ya va en su 13 edición, explicó que muchos centroamericanos llegan a México ya no por el sueño americano, sino por salvar su vida de la violencia que generan las (pandillas conocidas como) maras.
Resaltó que esos grupos criminales extorsionan a la población y amenazan con matar a quienes no pagan el dinero que les piden. Ahora ya no dan una segunda oportunidad para reunir los recursos y por ello las personas tienen que salir de sus hogares para salvar sus vidas.
Como parte del Movimiento Migrante Centroamericano, explicó que las autoridades mexicanas no aprueban las solicitudes de refugio que se presentan, deportan a los migrantes y éstos sólo llegan a sus países de origen para ser asesinado por las maras.
Enamorado, cuyo hijo desapareció en Jalisco, destacó que se les ha perdido el rastro a unos 120 mil centroamericanos en México, según reportes de los comités de activistas de la región.
La 13 caravana llegó al país el pasado primero de diciembre y concluirá sus actividades el día 18. En lo que resta de su estancia visitará Puebla, Veracruz y Tabasco, donde se tienen reportes de desaparecidos.
Los paterfamilias tuvieron ayer un encuentro en el Museo de la Ciudad de México, en el que narraron sus experiencias. Este jueves realizarán una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos.
Ana Enamorado señaló a los gobiernos de México, Centroamérica y Estados Unidos como responsables de la violación a los derechos humanos que sufren los migrantes, porque no han adoptado medidas para evitarlo o para buscar a quienes han desaparecido. Desde un policía del Metro hasta un federal buscan sacar provecho de los centroamericanos e incluso llegan a secuestrarlos, afirmó.
Anoche, los integrantes de la caravana arribaron a la Fiscalía del Migrante, de la Procuraduría General de la República, para presentar ante autoridades federales nuevas denuncias y solicitar información de casos pendientes.
Unas 40 mujeres, acompañadas por varios hombres, quienes cargaban las fotografías de sus familiares desaparecidos, partieron del Museo de la Ciudad de México hasta las oficinas que se ubican en calle Puerto Vallarta, en la colonia Tabacalera.
Permanecieron en ese lugar más de cinco horas ya que, de acuerdo con fuentes oficiales, las autoridades de la PGR revisaron caso por caso y cada una de las asistentes tardaron 120 minutos en responder un cuestionario. Anoche aún estaban en esa fiscalía.
De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4
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