“’Volveré a las tres y comeré contigo, mamá’. Mi hija nunca llegó”, contó Irinea.
El 28 de junio de 2010, Irinea perdió a su hija Mariana Lima, víctima
de feminicidio (asesinato de una mujer por razones de género. Solo
tenía 29 años.
Entre los 25 países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo, 14 se encuentran en América Latina y el Caribe, con 12 mujeres asesinadas cada día. En México, siete mujeres fueron asesinadas al día en 2016.
La atención de los medios internacionales hacia los asesinatos
infames de mujeres en Ciudad Juárez, México, en los años noventa, fue un
llamado de atención a la región y generó como resultado una mayor
atención a la recolección de datos, reportes y sentencias jurídicas
tales la del Campo algodonero en 2009.
En 2014, ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR), presentaron el Modelo del protocolo latinoamericano de
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de
género, una herramienta para la policía, los médicos forenses y otros
funcionarios del sector judicial para la investigación adecuada del
feminicidio/femicidio.
Hoy en día, 16 países de la región cuentan con una legislación especializada en el feminicidio, incluido México.
No obstante, en muchas partes de la región los asesinatos de mujeres
han continuado y evidencian una impunidad generalizada, así como la
falta de aplicación adecuada de la ley.
Parte del problema es que las muertes violentas de mujeres por
razones de género son, con frecuencia, el último de muchos actos
violentos que pasan desapercibidos y que no son atendidos.
Tal es el caso de la relación de Mariana Lima con su marido, la cual
comenzó a deteriorarse después de que se casaron, a través de insultos
verbales y amenazas que llegaban a la violencia física, hasta que él la
asesinó.
El día en que Mariana murió, su marido, Julio César Hernández
Ballinas, llamó a Irinea Buendía para informarle que su hija se había
suicidado. “Yo desde el momento que me marcó, sabía que él la había
asesinado”, recuerda Irinea, quien comenzó un largo proceso judicial con
el propósito de enviar a Julio César a la cárcel.
“Desde hace seis años, no solo he sufrido el asesinato y la pérdida
de mi hija. El calvario que las propias autoridades y sistemas de
justicia me hicieron pasar solo aumentaba mi dolor por la impunidad y
corrupción que caracterizan a estas instituciones”, añadió.
El esposo de Mariana Lima era un funcionario público que utilizó su
puesto para encubrir la evidencia y hacer declaraciones falsas. Luego de
largos trámites judiciales, el 4 de septiembre de 2013, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia histórica a favor de la actora.
Dicha sentencia analizó los procedimientos adoptados por los
funcionarios públicos involucrados en el caso y reveló que la ausencia
de una perspectiva de género, había dado como resultado una violación a
los derechos humanos tanto de la víctima, Mariana Lima, como de su
madre.
La Corte también otorgó protección jurídica para Irinea Buendía.
Finalmente, tuvo como resultado, la detención de Julio César
Hernández Ballinas y sentó las bases sobre cómo deben investigarse las
muertes violentas de mujeres en México.
Hoy en día, como defensora de los derechos humanos, Buendía apoya a
otras familias en el país que han perdido a sus mujeres por asesinatos
por razones de género y les ayuda a acceder a la justicia.
Los esfuerzos de defensa y litigio llevados a cabo por el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio –una alianza de 49
organizaciones de derechos humanos en todo México– ha incrementado la
rendición de cuentas y el acceso a la justicia en casos de feminicidio
en México y América Latina.
El Observatorio, que recibió financiación del Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra las Mujeres
(gestionado por ONU Mujeres) entre 2011 y 2015, continúa trabajando en
colaboración con ONU Mujeres en el país sobre este tema.
“Falta mucho para que las autoridades entren de fondo al tema de
feminicidio, que tomen medidas como la Alerta de Género para
salvaguardar las vidas de las mujeres”, comentó María de la Luz Estrada,
Coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio.
De acuerdo con el Observatorio, entre enero y junio de 2017, 800
mujeres fueron asesinadas en 13 estados en todo México, de cuyas muertes
solo 49 porciento se investigó como feminicidio.
Mantener el problema del feminicidio bajo la lupa y poner a
disposición información disponible y accesible a las mujeres, es clave
para que las autoridades rindan cuentas y prevengan la violencia contra
las mujeres y las niñas.
Desde 2011, ONU Mujeres, en colaboración con instituciones
gubernamentales, ha publicado estudios periódicos que analizan el
alcance, las tendencias y las características del feminicidio en México.
“Para poder eliminar la violencia contra mujeres y niñas, debemos
continuar trabajando desde todos los frentes: organismos no
gubernamentales, gobierno, sociedad civil, la academia y la sociedad en
general. Al trabajar juntos, somos todas y todos nosotros los que
podemos detener el feminicidio de tantas mujeres en México y el mundo”,
concluyó Belén Sanz Luque, Representante de ONU Mujeres en México.
En 2017, la primera exposición permanente sobre el feminicidio en la
historia de México, “Feminicidio en México. ¡Ya basta!”, se inauguró en
el Museo de Memoria y Tolerancia, organizada por ONU Mujeres, el
Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, Católicas por el
Derecho a Decidir y la Fundación Ford.
Ésta sirvió como un sitio de reflexión y de acceso información para
que las generaciones más jóvenes pudieran aprender del pasado y rechacen
la violencia contra las mujeres y las niñas.
Este artículo fue publicado originalmente por ONU Mujeres América Latina. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con ONU Mujeres.
Revisado por Estrella Gutiérrez
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