Un triunfo que no es menor

Magdalena Gómez

Podemos augurar y celebrar el naufragio del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, para expedir la ley de seguridad interior. El dictamen construye un argumento que busca hacer parte a la llamada seguridad interior de la seguridad nacional, a fin de encauzarla en la facultad del Congreso para legislar en ese ámbito, sin lograr perfilar con claridad la distinción con la seguridad pública.

Sustenta su defensa del Ejército y la Marina en una serie de encuestas que los perfilan con mejor aceptación ciudadana respecto a los agentes del Ministerio Público, jueces y policías municipales. Por lo pronto, el PRI y sus aliados en el Senado detuvieron su carrera para aprobar el dictamen sin cambios, ante la sugerencia del Presidente de la Repúblicade escuchar los diferentes puntos de vista; después de que la CNDH y Miguel Álvarez se pronunciaron en el sentido de que no se apruebe el dictamen referido, durante la ceremonia en la que se otorgó a éste el Premio Nacional de Derechos Humanos (8/12/17).

Esa fue la coyuntura propicia, que traía detrás una fuerte y variada reacción en el mismo sentido y que amenazaba con desbordarse. Importa detenernos a observar el cuadro de actores que en ocho días lograron detener la inminente ley, que entre muchos elementos críticos le otorgaba un aval a las fuerzas armadas para continuar su fracasada cruzada contra el crimen organizado y, de paso, contra la protesta social que de manera arbitraria podía calificarse de no pacífica, o de riesgo, todo ello con la ley de su parte.

El llamado a no aprobar la ley referida lo emitieron organizaciones no gubernamentales nacionales; destaca el Centro Pro de Derechos Humanos, que promueve justicia en casos como el de Tlatlaya, y el Centro Tlachinollan, cuyo director mostró los casos paradigmáticos de la militarización en Guerrero (La Jornada, 7/12/17). Incluso se sumó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Asimismo, las organizaciones WO­LA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron el umbral de apertura a la militarización, dejando de lado el fortalecimiento de las instancias civiles.

Muy contundente fue el aporte de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien así sustentó su llamado:Más de una década después de que las fuerzas armadas fueron desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Llamó a que, en vez de seguir con el trámite de aprobación de la ley, se realice un debate sobre la inseguridad. Previamente Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), envió al Senado una carta, en la que solicita no aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley de seguridad interior, pues reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos.

En un anexo explica , entre otros temas, la ambigüedad de conceptos, el papel indebido de las fuerzas armadas, el sometimiento de la autoridad civil al mando militar, la ausencia de controles, la indebida regulación del uso de la fuerza, la indebida protección y garantía de los derechos humanos, las afectaciones a la protesta social.

Este conjunto de actores ha logrado detener, por lo pronto, la aprobación de la ley de seguridad interior, que se perfiló dentro de los compromisos del Pacto por México, carta de navegación de las reformas estructurales, que no nos engañemos, requiere el blindaje del uso de la fuerza para contener la protesta social, que conlleva en especial la reforma energética y la expansión de la minería a cielo abierto. Cuando el calderonismo sacó el Ejército a las calles, sabíamos que sería difícil su regreso a los cuarteles, hoy sus altos mandos demandan el manto de la ley para sus tareas que están fuera de ella. También han transformado su discurso. En días recientes los titulares de la Defensa y Marina objetaron de manera airada la postura sobre una amnistía a los capos del narco, planteada por Andrés Manuel López Obrador, quien será candidato de Morena a la Presidencia. Al margen de la viabilidad o no de la propuesta, no tendría por qué ser materia de una conferencia de prensa de esos mandos, hasta hoy es el dicho de un dirigente político. Los jefes militares le han entrado al debate público, sólo que con aroma de censura y de amenaza. Y ello aún sin su ley de seguridad interior.