12/13/2017

Modifican la ley de seguridad interior; el Ejército no podrá disolver protestas

Se pretende que el jueves sea aprobada en el Senado y devuelta a la Cámara de Diputados

Con aval de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), las comisiones que dictaminan la ley de seguridad interior realizaron cambios a nueve artículos, para eliminar la disposición que permite al Ejército disolver manifestaciones y protestas sociales.

Se pretende aprobar hoy el dictamen en comisiones y votar esa legislación ante el pleno el próximo jueves, para regresarla de inmediato a la Cámara de Diputados.

La intención es que el viernes se discuta en San Lázaro, los diputados la aprueben y la minuta pueda turnarse al Ejecutivo federal para su promulgación, justo en el cierre del periodo legislativo, según adelantó por la tarde el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón.

Expuso que los cambios son para tratar de dar respuesta alas inquietudesexpresadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, gobernadores y especialistas.

Por la noche, las comisiones de Gobernación, Marina y de Defensa Nacional, que encabezan los priístas Cristina Díaz y Ricardo Barroso, y el panista Fernando Torres Graciano, respectivamente, se pusieron de acuerdo en nueve cambios. Entre ellos, al artículo primero, que elimina el que las disposiciones de esa ley sean materia de seguridad nacional.

El artículo siete, uno de los más cuestionados por organismos internacionales y nacionales, tuvo diversos cambios para asentar que los actos realizados por los militares “deberán respetar, proteger y garantizar, en todo momento, y sin excepción, los derechos humanos, de conformidad por lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales.

Del artículo ocho se eliminó el que sólo las manifestaciones o movilizaciones de protesta social que tengan un motivo político electoral y que se realicenpacíficamentequedarían fuera de ser consideradas amenazas a la seguridad nacional.

En la redacción propuesta se elimina el términopacíficamente, por lo que todas las manifestaciones y las protestas electorales quedan fuera del riesgo de ser disueltas por el Ejército.

Los militares seráncoadyuvantes de las policías

Se adiciona un párrafo al artículo 16 para indicar que “las fuerzas armadas actúancomo coadyuvante de la autoridad civil y bajo su coordinación.

Se cambian también los artículos 22 y 26, que según lo planteado un día antes por el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, invadían facultades de los estados.

El coordinador priísta rechazó que los cuatro días que restan al periodo sean insuficientes para analizar las posibles modificaciones que han formulado organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tenemos cuatro años viendo esta ley, recalcó Gamboa Patrón e insistió en que van a hacer un esfuerzo porque la minuta se vote el jueves, aunque sea en la madrugada”, para que pueda aprobarse en la Cámara de Diputados.

En entrevista aparte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, precisó que su bancada pidió que se revisen de forma detallada los artículos siete, ocho, nueve y 20.

No se incluyó el artículo 15, que según un documento que el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos, Jan Jarab, entregó al Senado, es uno de los más cuestionados, ya que posibilita que la presencia de las fuerzas armadas sea indefinida en algún estado o región.

Las comisiones dictaminadoras se reunirán hoy por la mañana, para discutir los cambios.

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Miércoles 13 de diciembre de 2017, p. 10

Las voces disidentes a la ley de seguridad interior continúan ofreciendo argumentos contra la minuta que se analiza en el Senado. La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México –una red de apoyo que opera en el país europeo para apoyar causas en territorio mexicano– señaló que el contenido del documento contraviene recomendaciones de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Constitución mexicana.

De su lado, organizaciones mexicanas, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Cauce Ciudadano y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra, indicaron que la ley en los términos que plantea la minutano genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos.

El colectivo con sede en Alemania indicó que con la ley referida se pretende legitimar jurídicamente la intervención de las fuerzas armadas en el país, lo que va contra las recomendaciones hechas por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referentes a que el Estado debe diseñar una estrategia de salida de esas corporaciones y retirarlas de funciones de seguridad en el interior del país de manera gradual. En lugar de ellose debería, más bien, formar fuerzas de seguridad civiles para combatir el crimen organizado, así como aplicar procedimientos penales eficientes.

Agregó que la intervención de la Marina y el Ejército ha empeorando la situación de los derechos humanos en 26 entidades del país, como lo han documentado organizaciones nacionales e internacionales, delitos que en su mayoría han quedado impunes.

“Según un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado, desde el 2006 las fuerzas armadas intervinieron en siete estados que tenían un alto índice de asesinatos: en seis de estos detonó una posterior ola de violencia. En diez años desde su intervención no ha habido ni una evaluación oficial de los operativos militares y de sus resultados, ni un análisis detallado de las unidades policiales del país. En aquellos estados, donde en los años recientes se nombraron ministros de seguridad pública a miembros de las fuerzas armadas, están situados los 50 distritos más violentos.

En un tercio, aproximadamente, de las 32 entidades, los responsables de la seguridad interior son miembros de las fuerzas castrenses. Y pese a ello, cinco de éstos se consideran los estados más inseguros de México”, enfatizó el colectivo alemán.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de diciembre de 2017, p. 9

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