Feminicidios & Defensa Medio Ambiente
| En América Latina, la lucha de los pueblos en defensa de las tierras, bosques y agua contra las pretensiones extractivas de trasnacionales de transformarlos en industria, tiene también una reacción machista. Las defensoras de la vida y la naturaleza, por ser mujeres sufren una persecución particular, cuyas principales características son la estigmatización, la violencia sexual y psicológica y hasta la muerte. |
Estigmatización,
acoso permanente, manoseo durante detenciones ilegales, violaciones y
hasta asesinatos son algunos de los vejámenes que sufren las mujeres que
militan en defensa del medioambiente en América Latina. En la lucha por
defender la tierra y la naturaleza, muchas veces las que resisten,
acampan, hacen plantones, enfrentan en la primera línea a ejércitos,
policías o retroexcavadoras, son mujeres. En algunos casos esta
resistencia las ha transformado incluso en víctimas de asesinatos.
El
caso más emblemático es el de la líder indígena hondureña Berta Cáceres
(véase nota en página 17). Pero entre las ambientalistas que siguen
vivas se destaca la peruana Máxima Acuña, agricultora que sigue siendo
blanco de persecución por vivir en un terreno cerca de donde la minera
Yanacocha quiere llevar adelante su emprendimiento extractivista. Hasta
el día de hoy, funcionarios de la empresa continúan ingresando a su
vivienda y rompiendo sus cultivos.
En
sus cuerpos las defensoras del medioambiente encarnan a la Pachamama.
Defender los territorios que habitan desde tiempos ancestrales, por
pertenecer a comunidades indígenas y campesinas, es defender la vida. A
quienes tienen el poder hegemónico, androcéntrico y masculinizante, por
supuesto que les molesta que sus adversarias sean unas mujeres que se
corren del rol tradicional de servidumbre y entrega para encabezar las
luchas por la defensa del agua, del alimento, de lo comunal. Y por eso
los métodos para intimidarlas son diferentes a los que se aplican contra
los hombres.
La socióloga Jessenia Cassani, de la organización feminista peruana
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló
recientemente –a fines de octubre, en una de las sesiones públicas de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo– que las
militantes mujeres en conflictos socioambientales son acosadas y
atacadas de manera diferente por ser mujeres, y que esta persecución se
manifiesta en violencia física, psicológica y sexual, de la que son
víctimas “de manera permanente y cotidiana”.
“La
violencia sexual es un mecanismo que han utilizado los agresores para
neutralizar la labor de defensa de estas mujeres”, agregó la activista.
Los agresores suelen ser empleados de las trasnacionales, el propio
Estado a través de sus fuerzas de seguridad, e integrantes del sistema
judicial, haciendo un uso arbitrario del sistema penal.
Manoseo
La violencia sexual contra las mujeres es común en los contextos de
protesta, explicó Cassani: “Los ataques represivos van dirigidos (con
golpes) a sus senos y nalgas para neutralizarlas en ese momento de lucha
y en el ejercicio de su derecho a la protesta. En las detenciones se
producen amenazas de violación, inspecciones de genitales y pechos y
exhibición de ropa interior”, agregó.
Emperatriz Bolaños –de Defensores de Lagunas de Conga, en Perú– lo vivió
en carne propia cuando el personal de la minera Yanacocha amenazó con
violarla. También le mataron a sus dos perros, y las autoridades no le
tomaron la denuncia. Bolaños denunció en la misma audiencia de la Cidh
otras prácticas intimidatorias comunes: “Nos quieren reubicar, y en
nuestra comunidad hay ancianos, hay discapacitados, gente que no está
acostumbrada a la ciudad.
El
gobierno no hace nada por nosotros, al contrario: manda a la policía a
que nos reprima, manda a la policía a que mate, a que nos saquen, y eso
no es justo”.
Según Cassani, “el despojo, desalojo y desarraigo de sus tierras es otro
impacto de género”, las mujeres son desplazadas “muchas veces a zonas
urbanas donde están en mayor indefensión por las desigualdades
económicas, el racismo y el machismo existentes en nuestras sociedades,
sumado a la cultura de violación imperante en nuestro país”. Mientras no
existan estadísticas oficiales sobre los múltiples ataques que sufren
las mujeres, estas violencias seguirán invisibilizadas y no será posible
generar “un diagnóstico claro y normativas y políticas públicas
eficientes que puedan garantizar el derecho a una vida libre de
violencia”, insistió.
Para
la abogada peruana Mirtha Vásquez, que defiende a Máxima Acuña y
participó en la misma audiencia, es un problema cuando estas agresiones
no son juzgadas como actos de violencia basada en género. Aunque en Perú
exista la ley 30.364 “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, el Ministerio
Público suele definir la violencia contra las mujeres sólo como “aquella
que se comete en el marco de las relaciones familiares, y que sólo se
produce en el cuerpo de las mujeres, desconociendo los contextos y las
características de las violencias”, afirmó la abogada. En las salas de
audiencias de los tribunales, por ejemplo, a las mujeres que están
brindando su testimonio no las dejan amamantar a sus bebés.
“Femicidio político”
La
lucha que dio Berta Cáceres era a la vez anticapitalista, antirracista y
antipatriarcal, señala Laura Zúñiga Cáceres, una de sus hijas, en
diálogo con Brecha. Al asesinato de su madre lo califica como un
“femicidio político”. “El asesinato de mi mami fue con saña, dirigida a
ella porque lo que más generaba ruido era que fuera una mujer la que los
desafiaba. En un contexto tan machista como el de Honduras, el papel de
la mujer siempre está relegado a lo privado y a la servidumbre. Cuando
alguien se rebela ante ese papel eso genera más odio”, señala Laura
Zúñiga. A su madre “la describían como ‘bruja, puta, loca’”, recuerda. Y
luego de muerta su condición de mujer también incidió en la
caracterización del crimen que hicieron tanto las autoridades como la
empresa: “A pesar de que su trabajo era peligroso, de que había tenido
33 amenazas de muerte entre 2013 y 2016, la primera hipótesis que
presentó el Ministerio de Seguridad fue que había ocurrido un ‘crimen
pasional’”.
Además,
subraya, la empresa Desa –que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico
contra el que luchó Berta Cáceres– intentó deslindarse del asesinato
argumentando públicamente que se trataba de un crimen “de faldas”.
“Siendo ella defensora, lo primero que hay que buscar en estos hechos
son las causas relacionadas con su trabajo, con la persecución que ha
sufrido. A través de una lucha muy fuerte de organismos internacionales
se logró desmontar esa intencionalidad de vincular (el asesinato) a su
intimidad, de investigar a su ex pareja y deslegitimar su lucha por ser
mujer. Por eso decimos que es un femicidio político: porque el crimen ha
tenido motivaciones de odio por ser mujer”, asevera.
Zúñiga
dice que su madre “fomentaba y demostraba que las mujeres podemos
liderar y que los hombres pueden ser liderados por una mujer. Hizo que
las comunidades comenzaran a pensar en la posibilidad de tener un
liderazgo femenino”.
Es precisamente el caso de Elvia Dagua, referente ecuatoriana en lucha
contra la instalación del proyecto Mirador, de minería a cielo abierto,
que se desarrolla en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, en
Ecuador.
En 2015 el gobierno ecuatoriano le dio a la minera china Ecuacorriente
SA (Ecsa) una concesión por 30 años.
Y
en diciembre de 2016 la empresa logró desplazar a la comunidad shuar
Nakints para imponer su proyecto de extracción de cobre, contando con el
aval del gobierno. Con la mano represiva del Ejército destruyó casas,
expulsó a más de 500 indígenas a la selva, los dejó sin alimentación ni
escuelas y alambró el terreno para montar el campamento minero.
Tras semanas en la selva y luego de la muerte de una bebé de tres meses
por enfermedad, las mujeres y niños shuar se refugiaron en un pueblo
vecino que, el 22 de octubre pasado, fue militarizado como forma de
presionar y detener a quienes resistían. Los hombres permanecen
clandestinos y pasan hambre.
La
representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) no duda en responsabilizar al gobierno
de Rafael Correa: “Hacia el exterior él habla del buen vivir, pero a las
comunidades indígenas nos dividió y sólo produjo el mal vivir. Para
hacer negociados con empresas mineras y petroleras él trataba de comprar
la conciencia de los líderes más débiles de las comunidades indígenas, y
nosotros, desde las bases, somos la mayoría, y nos opusimos al Estado
ecuatoriano porque los territorios son nuestros”, dijo a Brecha.
Hostigamiento
Las amenazas y campañas de difamación en las redes sociales, medios de
comunicación y en las comunidades son otra forma de violencia machista
que sufren militantes como Máxima Acuña, a quien suelen calificar como
“Máxima Farsa” o “Máxima Estafa”. Acuña es objeto de insultos y
difamación, de incitaciones al odio y de amenazas de atentados contra su
vida, por ejemplo con mensajes como “Minera Yanacocha. La bala cuesta
un sol. Muerto el perro se acabó la rabia”.
La activista, quien lucha desde 2011, ha sido declarada inocente de los
delitos por los que la minera la había acusado, como la usurpación del
terreno en el que ella vivió toda su vida. Hace 15 días la justicia
civil peruana declaró improcedente la medida cautelar que la empresa
había solicitado para impedir que trabajara en su tierra. Sin embargo,
relató su abogada, “está agotada en su esfuerzo” contra el proyecto
minero. Según Vásquez, Acuña le expresó: “La vida se me está yendo en
defender esto y ya ni la justicia nos defiende”, porque no actúa ante
las denuncias que ha presentado por hostigamiento constante en su finca.
“Además de haber sido atacada físicamente años atrás, Máxima no puede
volver a vender sus productos porque la propia gente de la comunidad la
ataca, como consecuencia de las campañas de desprestigio de las que es
objeto”, comentó a Brecha su abogada.
Y sin embargo, relató recientemente Vásquez en una carta pública en
NoticiasSer.pe, cuando le ha preguntado si quiere dejarlo todo y bajar
los brazos después de haber sufrido tanto y logrado mucho, la activista
le respondió: “No importa ya el terreno ni el daño que me siguen
haciendo; a ellos se les sigue yendo el alma por quitarme Tragadero, tal
vez lo logren alguna vez. Recibir dinero a cambio de dejarlo, a cambio
de mis derechos, para olvidar mi sufrimiento, eso jamás.
Tal
vez decida irme cuando mi cuerpo ya no aguante. Yo he ganado, yo
demostré que las lagunas, que la tierra, que la dignidad del pobre no
tienen precio, su oro no ha podido comprarme”.
Para Laura Zúñiga “el sistema capitalista sigue necesitando energía y
avanza sobre (…) los territorios indígenas preservados. La batalla de
estos pueblos es por la vida, y vemos formas repetidas de
criminalización en su contra, campañas de desprestigio, asesinatos”. En
este contexto, dice, el desafío es “definir en conjunto cómo vamos a
enfrentar estos ataques”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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