NACIONAL
Será evaluado ante la ONU por recomendaciones incumplidas
En
rueda de prensa, las agrupaciones civiles señalaron que los temas del
informe ante el EPU son similares a los de 2009
| CIMACFoto: César
Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- Cerca de 30 organizaciones civiles informaron que evidenciarán ante en el Examen Periódico Universal (EPU) –mecanismo de Naciones Unidas– que México tiene pendientes en materia de militarización, acceso a la justicia para las mujeres, y respeto a los derechos de la población migrante, activistas y del gremio periodístico.
En rueda de prensa, las agrupaciones civiles señalaron que los temas del informe ante el EPU son similares a los de 2009, toda vez que el Estado mexicano no ha dado cabal cumplimiento a las recomendaciones emitidas hace cuatro años.
Así lo declararon al dar a conocer el informe que enviaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual en octubre próximo sesionará en Ginebra, Suiza, para examinar las acciones emprendidas por México en la materia.
En esta ocasión las organizaciones civiles pusieron sobre la mesa temas como los derechos de las mujeres; seguridad pública y militarización; personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas; acceso a la justicia; reforma judicial, y migrantes.
Además también hicieron énfasis en la armonización legislativa; pobreza y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; sistema penitenciario; desaparición forzada y tortura; pueblos indígenas, y juventudes e infancias.
Agnieszka Raczynska, coordinadora de la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT), afirmó que la sociedad civil no dice “nada nuevo” que no haya denunciado antes, pues las violaciones a DH persisten.
Explicó que hace cuatro años, en 2009, cuando México fue evaluado por primera vez a través del EPU, las autoridades rechazaron aceptar ocho de las 91 recomendaciones relacionadas con la reforma al fuero militar, el arraigo y el acceso a la justicia.
En este informe participaron además de las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los DH, agrupaciones expertas en derechos de las mujeres, periodistas, migrantes e infancia y juventud, por lo que previeron que se puede hacer hincapié en estas temáticas.
Rebeca Ramos, integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida, y Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, mencionaron los temas que aborda su informe de 24 páginas.
En el caso de las derechos de las mujeres, señalaron que de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2007 a junio de 2012 se han registrado 4 mil 112 asesinatos por razón de género en tan sólo 13 estados del país, por lo que esperan se tome en cuenta esta situación.
Expusieron que además las mujeres son criminalizadas por interrumpir un embarazo no deseado, ya que en México el aborto es un delito con algunas exclusiones de responsabilidad, y sólo en el Distrito Federal está despenalizado.
Según este informe, desde 2009 la situación de las personas defensoras y periodistas ha empeorado debido al constante incremento de agresiones en su contra, y al estigma y criminalización por parte de autoridades de todos los niveles.
Dijeron que datos recopilados por las agrupaciones indican que entre 2009 y mayo de 2012 hubo 44 ejecuciones extrajudiciales, 45 desapariciones forzadas, y 309 privaciones de la libertad de defensoras y defensores.
Mencionaron que las agresiones a mujeres periodistas aumentaron al pasar de 5 casos en 2008 a 31 en 2011, pero advirtieron que no existe una base de datos oficial desagregada por sexo ni con las particularidades enfrentadas por las mujeres.
En el tema de migrantes explicaron que desde 2009 hubo reformas legislativas en la materia, pero los servidores públicos y autoridades siguen concibiendo la migración como un asunto de seguridad nacional, en vez de enfrentarlo como un fenómeno social.
Es por ello, dijeron, que la violencia contra las personas migrantes se ha recrudecido por parte de la delincuencia organizada, que en ocasiones actúa en colusión con las autoridades migratorias.
Respecto a la próxima evaluación, las y los activistas apuntaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto no se puede excusar en que su administración es nueva, y por tanto no ha cumplido las recomendaciones.
Además destacaron que este proceso también es un balance en materia de DH que debe ser aprovechado por el gobierno federal en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos que implementará de 2013 a 2016.
El Estado mexicano tiene como fecha límite para presentar su informe oficial el próximo 22 de julio, para que en octubre sea sometido al EPU.
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