Gabriela Rodríguez
El
crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ha sido
respuesta al adelgazamiento del Estado y al decaimiento del papel
benefactor que asumieron en el siglo pasado algunos países, en especial
los que cuentan con economías fuertes. En México muchas OSC tenemos
claro que no estamos para suplir las tareas que son responsabilidades
de Estado, pero sí para exigir que recupere su papel de regulador y
garante de los derechos humanos.
Hoy todos sabemos que en nuestra tierra la violencia de derechos
está en condiciones de emergencia; actos como los de Tlataya,
Ayotzinapa, la censura y persecución de periodistas, así como la
malversación de fondos públicos desde el más alto nivel, apuntan hacia
al Estado como el propio agresor.
Nos agreden también nombramientos de funcionarios y candidatos
denunciados por violentar leyes, como el nuevo delegado de Coyoacán o
el escandaloso caso de Arturo Escobar al frente de la Subsecretaría de
Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación:
¡una burla!
De ahí que las OSC y la ciudadanía necesitamos reforzar nuestra
capacidad de organización con la finalidad de fortalecer la democracia
y contribuir a detener la violencia, la depredación y empobrecimiento
del pueblo por parte de la elite política y empresarial, que a veces
actúa en contubernio con el crimen organizado, como se ha documentado.
La rendición de cuentas y la exigencia al Estado para apegarse al
estado de derecho se ha convertido en el centro de nuestro trabajo
cotidiano.
Desde ese lugar, el Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), en su carácter de integrante del Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, se ha visto
orillado a denunciar al propio departamento jurídico de la Secretaría
de Salud, por violentar los procedimientos y publicar el 12 de agosto
en el Diario Oficial de la Federación una versión distinta de
la norma oficial mexicana número 047 (NOM-047) que fuera aprobada por
el Comité, el cual está integrado por personal de la Secretaría de
Salud, OSC, academia y prestadores de servicio; se hicieron cambios
sustanciales contrarios a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que están protegidos en el marco jurídico nacional
(Cimacnoticias 14/09/15). Se trata de una nueva norma que tiene como
propósito establecer los lineamientos técnicos para llevar a cabo una
atención integral a la salud de las y los adolescentes (10 a 19 años de
edad).
Entre los cambios resalta uno que, más que absurdo, yo diría que es grotesco y ridículo si no fuera por la gravedad implicada.
La versión publicada pedía la autorización de padres, madres o
tutores legales como requisito para proveer la pastilla de
anticoncepción de emergencia (PAE) y el medicamento postcoital para
evitar el VIH/sida a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
Imagínense
la situación: después de ser violada una persona menor de edad, si no
están presentes sus tutores se le tendría que negar el acceso a la
pastilla que le evita quedar embarazada y al tratamiento postcoital que
le impide contraer el VIH/sida con niveles relativamente altos de
eficacia.
La versión publicada también contemplaba ese requisito para la realización de procedimientos
invasivos, adjetivo técnico que no está admitido por la Organización Mundial para la Salud para el caso de los métodos anticonceptivos, cuyo acceso es un derecho de cualquier persona, incluyendo las de menor edad, tal como establece el artículo cuarto constitucional:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas publicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
Ante los hechos denunciados internamente por un grupo de
organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a GIRE, solicitamos que
se hicieran las correcciones. El pasado 7 de septiembre la secretaría
envió a la Cofemer una aclaraciones que rectificaron los dos puntos
anteriores, pero no se incluyen otras modificaciones necesarias del
texto original, que no dejaba lugar a confusiones. Así que GIRE
presentó un escrito a la Secretaría de la Función Pública solicitando
que se investigue y sancione a las autoridades que resulten
responsables por estos hechos.
Los hechos contradicen las líneas de acción de la Estrategia
Nacional para la Prevención del Embarazo de Adolescentes (ENAPEA),
anunciada por el Ejecutivo federal a principios de este año, con la
cual se busca fortalecer la educación sexual y abrir el acceso de
anticonceptivos a adolescentes a fin de reducir en 50 por ciento la
tasa de fecundidad de adolescentes. El próximo 30 de septiembre, El
Colegio de México y la Sociedad Mexicana de Demografía organizan un
foro para revisar avances y retos de la ENAPEA, al que están invitando
legisladoras/es, académicos, funcionarios y líderes de organizaciones
de la sociedad civil. Será uno de los primeros actos públicos de Silvia
Giorguli, presidenta de El Colegio de México, una muestra de que la
academia también puede sumarse a la rendición de cuentas y el
fortalecimiento de la democracia.
Twitter: @Gabrielarodr108
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