Indignación, coraje y construcción

Miguel Concha

Las 75 organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, en 21 estados de la República, trabajaron conjuntamente en el contexto de su aniversario vigésimo quinto, la agenda política 2015-2020 Ante la Adversidad y la Indignación: la Construcción Colectiva (http://goo.gl/j1BFcS), en la que dan cuenta de los problemas estructurales que se expresan en graves violaciones a los derechos humanos en el país. Significa un ejercicio del derecho a la participación política y representa un esfuerzo de análisis conjunto a partir de la metodología de acción en campos de lucha en los que, pasando por el control político y la construcción de ideologías, se encuentran diversos actores políticos, sociales y económicos disputándose nuestros recursos materiales.

En este sentido y partiendo de sus experiencias de defensa y promoción de los derechos humanos, las organizaciones, además de poner a disposición un análisis de lo que ocurre en México, con una perspectiva integral y progresiva de los derechos humanos, se posicionan y comprometen a seguir luchando y construyendo desde el trabajo articulado con comunidades, colectivos, movimientos sociales y civiles, así como personas defensoras de derechos humanos; pero sobre todo a seguir respaldando las preocupaciones de las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, frente a la impunidad, la corrupción y la opacidad con que el gobierno mexicano ha respondido a un contexto de crisis de derechos humanos sin parangón. Y así, la agenda está conformada por seis campos de lucha:

 1. Tierra y territorio, donde se expresa el impacto del modelo neoliberal, traducido entre otras cosas en el acoso y despojo realizado por empresas nacionales y trasnacionales para apropiarse de los bienes naturales, tanto en el campo como en la ciudad, y el respaldo, omisión y muchas veces complicidad del Estado. Estas afectaciones han sido mucho más visibles en comunidades indígenas y campesinas, aunque en las zonas urbanas se observa una tendencia en incremento hacia las afectaciones de espacios públicos con proyectos de infraestructura que impactan sobre el derecho a la ciudad.

2. Violencia e inseguridad generadas por la guerra contra el crimen organizado. Son factores propicios para que el modelo de desarrollo pueda reproducirse, y para fundar el miedo y el terror en la sociedad mexicana, y por lo tanto pueda tenerse un control social, justificando así un sistema de seguridad nacional militarizado. Las desapariciones de personas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, los desplazamientos forzados, la ruptura del tejido social y la normalización de la violencia de personas que viven y transitan por México, son algunas de las violaciones graves a derechos humanos, consecuencia de la guerra en contra del enemigo interno. 

3. Mujeres, género y población LGBTTTI. Los feminicidios, los crímenes de odio, la criminalización y judicialización de las mujeres que ejercen su derecho a decidir, así como la trata de personas, se han convertido en graves problemas, de los que son responsables tanto actores estatales como no estatales. La cultura hegemónica y patriarcal, traducida en el machismo, la misoginia y la homofobia, son modelos construidos histórica, social y culturalmente, que obstaculizan el goce de derechos y desvalorizan, discriminan y excluyen. 

4. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y Políticas públicas. Desde los años 80 en México se ha impulsado e implementado un modelo de desarrollo económico que ha priorizado los intereses empresariales por encima de los derechos humanos. Esta visión ha resultado en el diseño, aprobación e implementación de leyes y políticas públicas que benefician a las élites y contribuyen a profundizar las desigualdades económicas y sociales de aquellas personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, menoscabando así su nivel de vida. Existe una tendencia a la privatización de los derechos humanos en bienes y servicios, pero sobre todo la reducción del campo de acción del gobierno a lo mínimo en lo social, incrementando su control autoritario, la fuerza pública y militar.

5. Movilidad humana: migración, refugio y desplazamiento interno. Debido a las condiciones en que las personas ejercen su derecho a la movilidad es cada vez más correcto hablar de que ésta es de manera forzada, y que cada vez menos se reconoce y respeta el derecho a no migrar y permanecer en su lugar de origen o residencia habitual. Muchas son las razones que contribuyen a que las personas tomen la decisión de prácticamente arriesgar su vida y la de su familia por buscar una mejor calidad de vida, arrebatada muchas veces por la implementación de modelos neoliberales, pero también por un ambiente de inseguridad y violencia, aunado a la falta de trabajo en condiciones justas y equitativas, de educación, salud, vivienda y unidad familiar. 6. Derecho a defender los derechos y criminalización de la protesta social. 

Ante el anterior contexto, el derecho a promover y defender los derechos humanos se ha convertido en una labor de alto riesgo, ya que con ella se afectan diversos intereses de quienes detentan el poder político y económico en México. Ante esto, la respuesta del Estado mexicano ha sido la afinación de una política represiva de criminalización y judicialización en contra de la protesta y de todas las personas que cuestionan un modelo neoliberal que pasa por encima de la dignidad humana, desgastando movimientos sociales, deslegitimando a sus líderes, y promoviendo reformas legales y políticas públicas para limitar o condenar la protesta social. La exigencia de las organizaciones de la Red TDT es que México cuente con una política de Estado basada en la seguridad humana, y que el Estado cumpla con su responsabilidad de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos en el país.