Cristina Fontenele
Adital
El nuevo informe "Familias separadas, abrazos rotos” revela la situación de los hijos e hijas de las mujeres encarceladas por la legislación de El Salvador, que criminaliza a la mujer por el aborto espontáneo o debido a complicaciones en la gestación. El informe de Amnistía Internacional alerta sobre los impactos de esas prisiones en la vida de las familias. Insta a las autoridades a derogar las normas que penalizan el aborto y a garantizar el acceso al método en los casos de embarazo con riesgo para la salud física o mental de la mujer, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo sea resultado de una violación.
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| La presunción de culpabilidad es el punto de partida del proceso criminal contra la mujer que sufrió un aborto. Teodora del Carmen Vásquez cumple 30 años de prisión por un aborto debido a complicaciones en la gestación. |
El Salvador tiene una de las leyes más drásticas del mundo sobre el aborto. Todas las circunstancias son consideradas ilegales, incluso en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o malformación fetal. Las penas varían de 8 a 12 años de prisión. En los casos más graves, bajo acusación de homicidio doloso, las condenas pueden llegar a 30 años o más. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de El Salvador, entre 2005 y 2008 se realizaron 19.290 abortos en el país, pero ciertamente los números son mucho mayores.
Según Astrid Valencia, investigadora de Amnistía Internacional sobre Centroamérica, "cada vez que las autoridades de El Salvador encierran injustamente a una mujer por haber sufrido un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas con el embarazo, condenan también a sus hijos e hijas a una vida de pobreza y trauma”.
El caso de Teodora del Carmen Vásquez es un ejemplo de la dura ley salvadoreña y del proceso de criminalización contra la mujer. Teodora tiene 32 años y es madre de un niño de 12. En 2007, estaba en el noveno mes de su segunda gestación cuando comenzó a sentir fuertes cólicos. Mientras esperaba ser atendida, fue al baño, donde sufrió una caída, desmayos y una importante hemorragia que dieron como resultado la pérdida del bebé. Fue detenida y acusada de provocar el aborto. En 2008 fue condenada a 30 años de prisión, de los cuales ya cumplió ocho.
Amnistía exhorta también a que sean liberadas todas las mujeres y niñas presas por someterse al aborto o por haber sufrido emergencias obstétricas, y que se eliminen sus antecedentes penales. Pide que las autoridades aseguren a los médicos el derecho al secreto profesional durante el cumplimiento de sus responsabilidades, en el caso de que sepan sobre mujeres que sufrieron abortos, y garanticen a las mujeres el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo métodos contraceptivos modernos.
Con informaciones de Amnistía Internacional
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