Al menos 17 feminicidios y ninguna sentencia
Para
detener el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres
en Puebla, más allá de legislar o reformar leyes, es necesario
garantizar que las víctimas accedan a la justicia, pues actualmente la
mayoría de las agresiones contra poblanas se encuentran en la impunidad.
Así lo dijo Vianeth Rojas Arenas, directora general del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), al señalar que si bien la tipificación de la tentativa de feminicidio es un gran paso para el gobierno local, no es suficiente y aún falta capacitar y sensibilizar en perspectiva de género a las y los impartidores de justicia y personal de la Procuraduría.
Recordó que aunque desde 2013 se cuenta con el tipo penal de feminicidio, apenas se ha logrado una sentencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado sólo reconoce 17 casos de feminicidio, lo que contrasta con los 156 casos documentados por la sociedad civil.
LA TENTATIVA
Ayer el pleno del Congreso local aprobó incorporar al Código Penal local el delito de “tentativa de feminicidio”, que será sancionado con penas de 24 hasta 40 años de prisión y se comprueba cuando una mujer es golpeada al menos en dos ocasiones por un hombre y sus heridas tardan en sanar 15 días o ponen en peligro su vida.
La iniciativa fue enviada al Congreso local por el gobernador, Rafael Moreno Valle, en el contexto del Día Internacional para la eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.
Con lo aprobado ayer, se modificó el Artículo 338 Quinquies (cinco veces) del Código Penal que ahora establece que “se presumirá que hay tentativa de feminicidio cuando las lesiones dolosas previstas en los artículos 306 fracción II y 307, ocasionadas a una mujer, tengan algún precedente de violencia familiar o lesiones respecto del mismo agresor”.
Cabe recordar que apenas en julio pasado el Congreso del estado aprobó otra reforma al Código Penal para aumentar de 40 a 60 años las penas contra quien cometa el delito de feminicidio.
Ambas iniciativas se presentaron luego de que organizaciones y académicos denunciaron un incremento en el número de casos de feminicidio, un subregistro por parte del gobierno local, así como la impunidad en la que se mantienen la mayoría de los crímenes.
En entrevista con esta agencia, Rojas Arenas celebró que por primera vez en lo que va de su gobierno Rafael Moreno Valle reconociera que en Puebla el feminicidio es una realidad para las mujeres y enviara la iniciativa al congreso, pues “es el primer paso que el ejecutivo da en la materia”.
Pero advirtió que ante la realidad que enfrentan las poblanas, y que se traduce en 50 casos de feminicidio registrados –de manera hemerográfica– durante 2015 “legislar no es suficiente”.
A decir de la defensora de Derechos Humanos ha quedado demostrado que aunque existan los tipos penales y las leyes específicas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en la realidad estas disposiciones no se acatan.
“Lo que queremos es justicia, que los responsables de la violencia tengan un juicio justo y una sentencia” dijo al Rojas Arenas al enfatizar que para erradicar el feminicidio en la entidad es necesario impulsar una política pública de género lo suficientemente sólida y con presupuesto adecuado.
Es de mencionar que la organización tiene el registro de 156 casos de feminicidio en el estado de 2013 a noviembre de 2015. En contraste, la Procuraduría General de Justicia del estado sólo ha iniciado 17 procesos por ese delito en el mismo lapso, mientras que los demás procesos se iniciaron por homicidio, es decir, sólo 12.5 por ciento de los asesinatos dolosos de mujeres son consignados como feminicidio por la autoridad.
De esos 17 casos, el Poder Judicial “al parecer” sólo ha emitido una sentencia, aunque la información sobre la misma “no es confiable”, pues de manera oficial vía transparencia el Poder Judicial respondió dos cosas distintas (“un caso sentenciado” y “ninguno”) a diferentes ciudadanos que consultaron a través de solicitudes de información.
En ese sentido dijo que es urgente capacitar y sensibilizar a las y los jueces en materia de género para que se logren sentencias adecuadas, y además garantizar la aplicación de los protocolos de investigación en materia de feminicidio por el personal responsable de ello.
Finalmente Rojas Arenas enfatizó en que el gobierno local debe demostrar su voluntad política para detener la violencia contra las mujeres mediante la asignación de un presupuesto adecuado a los temas de género, “mientras da un presupuesto millonario para construir una Rueda de la Fortuna, al Instituto Poblano de la Mujer (IPM) le brinda recursos escasos”.
En 2013 el gobierno de Moreno Valle gastó 400 millones de pesos en la construcción de la “Estrella de Puebla” una rueda de la fortuna, para 2015 el presupuesto destinado al IPM fue de 15 millones 528 mil 385 pesos.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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