12/16/2015

Los cortesanos al servicio de los barones del dinero


dinero
    
Al paso de los meses, las relaciones entre la población mayoritaria y el “gobierno” de Enrique Peña Nieto se hacen más tensas y difíciles. Sin embargo, la visión gubernamental es contraria a la realidad que se está viviendo en la mayor parte del territorio nacional. Tal actitud, en vez de sosegar los ánimos de los millones de agraviados por las políticas públicas en marcha, los enardece  aún más, por lo que es previsible que se agraven al comenzar el año 2016.
Los autoelogios del inquilino de Los Pinos muestran el absoluto desinterés del régimen en enfrentar los agudos problemas que agobian a las clases mayoritarias. ¿En que cabeza cabe que sea digna de encomio la decisión de incrementar el salario mínimo en 2.94 pesos? Sólo en la de los cortesanos al servicio de los barones del dinero. El año que viene la pobreza habrá de aumentar dramáticamente, no sólo por el nulo poder adquisitivo de los salarios, sino porque seguirán cerrando sus negocios miles de pequeños, medianos y hasta grandes empresarios afectados por el círculo vicioso de la falta de circulante en el mercado.
Por otro lado, la descomposición del sistema político es cada día más obvia, no sólo por la cerrazón de la burocracia dorada, sino por el afán de burlarse de los ciudadanos más indefensos, como es el caso con el “incremento” del minisalario, y por la imposición de políticas públicas antidemocráticas que contribuyen a exacerbar los sentimientos de odio de clase de los millones afectados por la terrible desigualdad.
Se insiste, desde la cúpula del poder, en echarle gasolina al fuego, como lo patentiza la firmeza gubernamental en obedecer a pie juntillas las directrices de los organismos internacionales al servicio del neoliberalismo. La crispación que provoca tal forma de “gobernar” es cada día más preocupante. Es claro que al régimen no le importaría llenar de presos políticos las cárceles del país, pero las consecuencias no se harían esperar, en detrimento de la escasa gobernabilidad y de la poca estabilidad social y económica.
El amasiato entre la élite oligárquica y la burocracia dorada es público y notorio. De ahí que Peña Nieto se esté ganando a pulso el repudio entre las clases mayoritarias afectadas por esa estrecha y corrupta relación. Esto no parece interesarles ni a unos ni a otros, lo que demuestra el desprecio que sienten por el pueblo. El sábado 12, el juzgado séptimo federal dictó formal prisión contra 30 estudiantes normalistas de Michoacán, de los 57 que fueron detenidos el 7 de diciembre cuando fueron desalojados de la caseta de peaje de la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas Siglo 21, bloqueada en protesta por la “reforma” educativa.
Si el desgobierno de Peña Nieto le apuesta al cansancio de los maestros y estudiantes normalistas, seguro va a perder. Luego de casi tres años de terquedad en imponer la evaluación del magisterio, ha quedado claro que sin una verdadera reforma educativa tal acción punitiva no va a prosperar. Podrán obligar los mentores a que asistan a la “evaluación”, pero lo único que logrará el régimen será ganarse un mayor rechazo de las clases mayoritarias que se reflejará incluso en los comicios del año que se inicia en dos semanas.
Los abusos contra el pueblo son cada vez más obvios, esto por supuesto tendrá un costo que el régimen no querrá pagar, aunque ello le signifique profundizar aún más el abismo que lo separa de las clases mayoritarias. Por eso es ominoso el acuartelamiento de las tropas, en meses recientes muy vistas en las zonas más conflictivas del país. Es asimismo digno de reflexión la creciente salida de capital extranjero, por un monto de más de 91 mil millones de pesos, en los dos últimos meses. Tal movimiento financiero afectará aún más el entorno macroeconómico, de por sí lamentable por la caída de los precios internacionales del petróleo, el aumento del dólar a 17.68 pesos, y el inminente riesgo que sobrevendrá con el incremento de la tasa de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos.
De ahí que el 2016 se vislumbre como un año explosivo, no por las elecciones intermedias en 13 entidades federativas, sino por la acumulación de problemas, la mayoría agravados en la presente administración federal, proclive al autoritarismo, a la corrupción en gran escala, y a un evidente desprecio al pueblo.

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