Cd. de México, 19 ene. 17. AmecoPress/SemMéxico/Revista Enlace.- La
defensora y activista ecologista Laura Leonor Vásquez Pineda fue
asesinada el pasado 16 de enero, cuando sujetos no identificados
entraron a su casa.
Laura Leonor Vázquez tenía 47 años y actualmente estaba a cargo de dos nietos menores de edad y de un pequeño comercio de su propiedad.
En el año 2013, consecuencia de su militancia en el Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores y de su participación en la resistencia pacífica frente a la imposición del proyecto minero San Rafael, fue víctima de un proceso de criminalización que la mantuvo siete meses en prisión, sin que se demostrara ninguno de los delitos que el Ministerio Público le imputaba.
Tras su liberación empezaron una serie de rumores tendientes a estigmatizar y difamar su accionar como comerciante.
En un comunicado de prensa, la organización IM-Defensoras hace público su repudio ante este hecho y condena este crimen contra una defensora en Guatemala, el cual se suma a los 13 que tienen documentados desde 2012.
"Nos preocupa especialmente que al igual que en otros casos de defensoras de la tierra y el territorio en la región, como el paradigmático de Berta Cáceres en Honduras, el asesinato de la defensora se produce tras haber pasado por un proceso de criminalización acompañado de campañas de estigmatización y difamación".
Exigen al Estado guatemalteco que investigue debidamente los hechos para dar con los responsables materiales e intelectuales de este crimen, así como que garantice la seguridad y protección de la familia de la defensora.
Finalmente hacen un llamado a las organizaciones e instancias internacionales para que expresen su condena al crimen y se unan a la exigencia de que no quede en la impunidad.
Foto: Archivo AmecoPress.
Laura Leonor Vázquez tenía 47 años y actualmente estaba a cargo de dos nietos menores de edad y de un pequeño comercio de su propiedad.
En el año 2013, consecuencia de su militancia en el Comité en Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores y de su participación en la resistencia pacífica frente a la imposición del proyecto minero San Rafael, fue víctima de un proceso de criminalización que la mantuvo siete meses en prisión, sin que se demostrara ninguno de los delitos que el Ministerio Público le imputaba.
Tras su liberación empezaron una serie de rumores tendientes a estigmatizar y difamar su accionar como comerciante.
En un comunicado de prensa, la organización IM-Defensoras hace público su repudio ante este hecho y condena este crimen contra una defensora en Guatemala, el cual se suma a los 13 que tienen documentados desde 2012.
"Nos preocupa especialmente que al igual que en otros casos de defensoras de la tierra y el territorio en la región, como el paradigmático de Berta Cáceres en Honduras, el asesinato de la defensora se produce tras haber pasado por un proceso de criminalización acompañado de campañas de estigmatización y difamación".
Exigen al Estado guatemalteco que investigue debidamente los hechos para dar con los responsables materiales e intelectuales de este crimen, así como que garantice la seguridad y protección de la familia de la defensora.
Finalmente hacen un llamado a las organizaciones e instancias internacionales para que expresen su condena al crimen y se unan a la exigencia de que no quede en la impunidad.
Foto: Archivo AmecoPress.
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