De acuerdo con la publicación, una de estas órdenes eliminaría el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a los indocumentados quienes arribaron a Estados Unidos siendo niños.
El medio informativo insistió que estos documentos siguen en revisión y que no pudo verificar su autenticidad. Sin embargo, forman parte de un paquete de seis órdenes ejecutivas que Vox recibió el martes pasado; dos de ellas fueron firmadas ayer por el presidente estadunidense.
El borrador que elimina el programa DACA no cancelaría los permisos de trabajo vigentes, pero plantea que no se renovarán cuando expiren.
Uno de los borradores rechaza el acceso de los ciudadanos provenientes de países “patrocinadores del terrorismo” y “con condiciones de riesgo” al territorio estadunidense y suspendería el otorgamiento de asilo a los refugiados sirios hasta la emisión de una nueva orden presidencial.
En cambio, la orden instruiría al ejército establecer “zonas seguras” en el norte de Siria para reubicar a los refugiados sirios.
Otra orden afirma que los hogares de extranjeros suelen beneficiarse de prestaciones sociales mayores que los hogares nacionales y plantea el rechazo de los migrantes que podrían representar una “carga pública”. La definición de “carga pública” quedaría en manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado.
Esta orden también cancela el otorgamiento de seguro social a los migrantes indocumentados así como las exenciones fiscales a los niños de padres indocumentados. Además, exigiría la entrega de un informe sobre el costo del Programa de Asistencia a Refugiados, poniendo el valor financiero por delante de las necesidades humanitarias.
El cuarto borrador de orden ejecutiva establece la prioridad a los trabajadores estadunidenses, así como la realización de un reporte sobre “la amplitud de los daños a los trabajadores estadunidenses” causada por los trabajadores extranjeros. Esta orden contempla inspecciones a sitios de trabajo donde se emplean personas migrantes y una “vigilancia mejorada de los estudiantes extranjeros”, para evitar que trabajen sin declararlo.