La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la
Ley General de Salud para indicar que los prestadores de salud deben
informar a las mujeres embarazadas cuáles son las prácticas obstétricas y
los distintos métodos de atención al embarazo, parto, post parto y
puerperio para que ellas elijan la opción que prefieren.
La propuesta original era establecer la obligación de las autoridades
sanitarias de tomar medidas para que el personal de salud no cause daño
físico o psicológico a las mujeres durante la atención del embarazo,
parto y después del alumbramiento, esto a fin de responder a la
recurrente violencia que ejercen médicos y enfermeras.
Sin embargo, la Comisión de Salud determinó modificar la iniciativa,
presentada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática,
Maricela Contreras Julián, porque consideró que la “violencia
obstétrica” ya están en la ley y en la Norma Oficial Mexicana 007 (NOM
007) para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y
puerperio, y de la persona recién nacida.
La iniciativa modificada que se publicó en el último día del periodo
ordinario de sesiones y que podría ser votada hoy en el pleno, también
tomó en cuenta la necesidad de salvaguardar la integridad del producto y
el hecho de que dar información a la mujer sobre las prácticas
obstétricas evitaría conductas que le pudieran ocasionar daño físico o
psicológico.
La propuesta original también modificaba el Artículo 61 bis de la Ley
General de Salud para decir que las autoridades sanitarias deben evitar
el trato cruel, inhumano y degradante, la inadecuada prescripción de
medicamentos, o afectar el derecho de las mujeres a decidir de manera
libre e informada sobre su reproducción, pero este texto tampoco fue
aprobado.
Otra iniciativa similar fue presentada por las diputadas de Movimiento
Ciudadano, Claudia Sofía Corichi y Marbella Toledo Ibarra para
establecer en la ley la obligación de las autoridades sanitarias de
tomar acciones para reforzar la formación de médicos ginecobstetras y
enfermeras para atender el parto vaginal y la atención del parto
humanizado. Esta tampoco fue retomada.
Uno de los argumentos de las legisladoras promoventes fue que el mayor
número de quejas por malas prácticas médicas que reporta la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico corresponde al área de ginecobstetricia,
por lo que aseguran que el problema más agudo el sistema de salud lo
enfrentan las mujeres.
El informe “Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos”,
realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE),
indica que esta violencia puede ser desde regaños, burlas, ironías,
insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y
negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir
asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente,
indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, entre otras acciones y
omisiones.
De acuerdo con GIRE, aun cuando en la Ley no quedara explícitamente
incluida la figura de violencia obstétrica, la violencia psicológica,
física e institucional proporcionan un marco adecuado para el encuadre
de las conductas que constituyen violencia obstétrica. En el ámbito
local, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz han incorporado
definiciones de violencia obstétrica en sus leyes locales.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción Cimacnoticias | Ciudad de México.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario