Enrique Calderón Alzati / IV
El nuevo modelo educativo y la constitución. Luego
de cuatro años de actuación de un gobierno caracterizados por sus
múltiples engaños, crímenes y escándalos de corrupción, en un intento
extemporáneo de rescatar su mal llamada
reforma educativaimpuesta con la complicidad de los diputados de PRI, PAN y PRD mediante el Pacto por México y rechazada tanto por los maestros, como por amplios sectores de la sociedad, Enrique Peña Nieto presentó hace algunas semanas, su
nuevo modelo educativo, que supuestamente constituye el sustento de esa reforma
moralmente necesaria para el paíssegún lo afirmó él mismo durante esa presentación, pretendiendo ignorar que a estas alturas, la citada reforma es un fracaso oneroso para la nación en virtud de los múltiples recursos empleados y del retroceso que ha generado en los niveles de desempeño de los estudiantes mexicanos (como lo indican los mismos indicadores de Pisa y de la SEP mostrado en el segundo de esta serie de artículos).
Por ello la presentación del modelo resulta ser un sinsentido,
semejante al de quien construye una casa y al verla terminada se da
cuenta de que se le había olvidado el desarrollo de los planos, así como
la indagación de los requerimientos de los futuros ocupantes. Este
planteamiento tomado de la presentación del libro El fraude de la reforma educativa,
del senador Manuel Bartlett y del maestro Luis G. Benavides, realizada
en la Feria Internacional del Libro Universitario en la Ciudad de
Xalapa, me parece descriptivo del tamaño de la irresponsabilidad e
ignorancia de quienes hoy tienen en sus manos el poder y la
responsabilidad de gobernar el país.
¿Por qué sin tener un modelo educativo y un diagnóstico de la
problemática educativa, que bien pudieron realizar apoyándose en quienes
saben de educación en nuestro país, se lanzaron a instrumentar una
reforma impuesta por un organismo extranjero, que es ajeno a la
educación? ¿Se percataron acaso de que al hacerlo y alterar para ello la
Constitución que el propio Enrique Peña Nieto juró respetar, lo que
estaban haciendo era un acto de traición a la patria?
Existe un antiguo refrán que afirma que lo que mal empieza, mal
acaba. La supuesta reforma comenzó mal, constituyó un engaño al
presentarla como el resultado de un gran consenso nacional de los
diferentes actores que participan en la educación incluidos los
maestros, las escuelas formadoras de docentes, las instituciones de
educación superior, los expertos en educación y los padres de familia,
cuando lo que era en realidad un proyecto preparado por la OCDE para
imponer su modelo de privatización de la educación, fracasado y
rechazado por otros países. Es por ello que diferentes planteamientos
críticos sumados a la lucha de los maestros por mantener sus derechos
laborales y el respaldo creciente de los padres de familia, aunados a
los múltiples errores del secretario de Educación, de sus asesores y de
otros altos funcionarios de esa secretaría, condujeron al fracaso de la
supuesta reforma.
Discutir por ello las virtudes (¿?) y defectos de ese modelo
constituye ahora una total pérdida de tiempo, más allá de servir de
ejemplo para mostrar la ineptitud y banalidad de sus responsables, por
lo que resultaría preferible dedicar desde ahora nuestro tiempo a
analizar lo que nuestro país realmente necesita para lograr una mejor
educación, tema que habrá de ser motivo de discusión para un siguiente
gobierno, necesariamente diferente al actual en todos sentidos.
Vale la pena por ello referir aquí los señalamientos del
senador Bartlett y del maestro Benavides durante la presentación del
libro referido:
Los principios en los que la educación mexicana se debe sustentar, están claramente definidos en nuestra constitución que en su artículo 2° establece: Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos extranjeros que entren al territorio nacional alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Siendo el propósito central de la reforma educativa la privatización de la educación (lo cual hemos documentado y explicado en un artículo anterior de esta serie), ello implicará necesariamente el endeudamiento de amplios sectores de la sociedad, condenados a pagar montos e intereses que impliquen su esclavitud económica de por vida, hecho que equivale a un proceso de esclavitud, que difiere del original, únicamente en que los nuevos amos serán las organizaciones financieras al servicio de quienes aportan el capital, lo cual implica de principio, una grave violación a los principios constitucionales.
Asimismo, el artículo 3° establece: La educación pública desarrollará
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a
la Patria, la conciencia de la solidaridad internacional en la
independencia y en la justicia, así como la soberanía nacional;
contribuirá a la mejor convivencia humana, el aprecio para la dignidad
de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés
general de la sociedad, así como los ideales de fraternidad e igualdad
de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios...; la
privatización de la educación en cambio habrá de generar un proceso de
segregación natural de la población en grupos acordes a los niveles de
ingresos de las familias, dando lugar a la desintegración de la sociedad
a falta de procesos de permeabilidad social y generando como
consecuencias directas la fractura social, y la búsqueda de privilegios
por parte de los grupos con mayor capacidad económica.
Una muestra de los resultados a los que este proceso ha llegado, la
constituyen el mismo presidente de la República y sus colaboradores
cercanos, los gobernadores y funcionarios prófugos de la justicia cuyo
desprecio y desconocimiento de los problemas nacionales, de las
carencias populares y de la búsqueda de los privilegios que
supuestamente merecen, son hoy harto conocidas.
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