El Congreso de los Diputados acogió el pasado jueves un debate acerca de
los Presupuestos Generales del Estado, desde un enfoque feminista. Uno
de los elementos más destacados fue la “incongruencia” que supone que el
Congreso esté gestando un pacto de Estado contra la violencia machista,
pero que el presupuesto destinado a prevención siga sin alcanzar los
niveles previos a los recortes realizados desde 2010, lo que tampoco
permite la atención a la violencia sexual que exige el Convenio de
Estambul, ni cubre el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y
sociales que establece el Artículo 19 de la Ley O 1/2004 en las
Entidades Locales.
En el acto intervinieron Charo Marcos e Isabel Serantes, de la Plataforma Impacto de Género Ya, y las diputadas Lidia Guinart, Vocal del Grupo Socialista en la Comisión de Igualdad; Ángela Rodríguez, Portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en la Subcomisión de Violencia de Género; Patricia Reyes, Portavoz del Grupo Ciudadanos en la Comisión de Igualdad y Marta Sorli, Portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Igualdad.
De los partidos que apoyan el Proyecto de Presupuestos del Gobierno sólo asistió la portavoz de Ciudadanos, que dijo que los iba a votar, pero que no le gustaban. Los Grupos Socialista, Confederal y Mixto-Compromís van a presentar enmiendas, que las feministas esperan incluyan subir de 27.7 a 141.7 millones de euros (2 mil 942.17 millones de pesos mexicanos) el programa 232C contra la violencia de género.
PLATAFORMA IMPACTO DE GÉNERO YA
Más de 80 organizaciones feministas, encabezadas por la Plataforma Impacto de Género Ya, presentaron su propia evaluación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, de los que concluyen que "agravan la desigualdad social, particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres" tras analizar varias partidas del proyecto presentado el pasado 4 de abril y que se aprueba estos días en el Congreso. En su Manifiesto piden aumentar en 120 millones la partida contra la violencia y que se transfieran directamente a los servicios locales de atención jurídica, social y psicológica a las víctimas.
También señalan que el gasto social, que sigue recortado, potencia una estructura laboral y familiar que no contribuye a que los hombres cuiden en igualdad con las mujeres y las mujeres no sean discriminadas en el empleo. Piden que se duplique la aportación estatal de mil 355 millones de euros al Sistema de Atención a la Dependencia, para cubrir a las 341 mil 301 personas en lista de espera y a la Educación Infantil de 0 a 3 años, pues con 159.2 millones, 0.3 por ciento menos que en 2016, menos de un tercio de las niñas y los niños de 0 a 3 años están escolarizados, la mitad en centros públicos.
Igualmente denuncian que, a pesar de la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad, este solo supone la cuarta parte del permiso de maternidad. Además, estas 4 semanas, según la Ley 9/2009, tienen necesariamente que tomarse ininterrumpidamente. Así, no solamente se impide que los padres -o las madres no biológicas- puedan cuidar tanto como la madre biológica, sino que ni siquiera se les permite utilizar una parte de su permiso para quedarse al cargo de su bebé una vez que la madre biológica se incorpora a su puesto de trabajo.
EMPLEO
Respecto al empleo, las feministas denuncian que el número de contratos previstos en 2017 para mujeres víctimas de violencia –mil contratos- es irrisorio, tanto en relación a los 736 mil 500 contratos bonificados que prevé este programa, como en relación a las 140 mil mujeres denunciantes de violencia.
El programa 232B Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres, correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, se congela en 19 mil 742 millones de euros. Un 41.2 por ciento menos que en 2010. “Congelación de presupuesto, falta de objetivos y de peso político, externalización y despidos marcan la situación del Instituto de la Mujer este año”, aseguran las organizaciones.
A pesar de que el programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, con 27 mil 728.18, tiene 2.5 millones más que en 2016 (9.9 por ciento), aún es un 10.8 por ciento inferior al presupuestado en 2010, frustrando el Pacto de Estado y las demandas de la sociedad.
EDUCACIÓN Y SALUD
Tampoco hay recursos ni en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ni en el de Educación, para la aplicación de los artículos 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Integral de 2004 que obligan a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo.
Pese a que el informe “Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España” señala importantes sesgos de género, la aplicación de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es casi nula en educación sexual por falta de presupuesto específico.
Las organizaciones feministas firmantes del manifiesto también denuncian que el informe de impacto de género no analiza la sección 60, sobre los programas presupuestarios de la Seguridad Social, aun cuando las pensiones suponen el 41 por ciento de los PGE 2017. La discriminación de las mujeres en las pensiones contributivas se suma a la alta feminización de las pensiones no contributivas (PNC) con la gran diferencia que implica sobre las cuantías percibidas.
Por último, el manifiesto examina la cooperación al desarrollo, y señala que desde el año 2010 se ha pasado de destinar el 0.43 por ciento de la riqueza nacional a un 0.21 por ciento en 2017, siendo las partidas más castigadas aquellas con mayor capacidad demostrada de promover derechos humanos, defender la equidad de género o de generar cambios en la vida de las personas.
Igualmente, exige que se restaure la atención sanitaria universal frente al R. Decreto-Ley 16/2012, que ha excluido a cientos de miles de personas, con especial incidencia en las mujeres, como señala el punto 31 de las observaciones del Comité CEDAW en 2015. Piden también que se recupere la dotación económica del ejercicio 2008: que se restaure la actividad del Observatorio de Salud de la Mujer e incluya los aspectos de género necesarios para que efectivamente la sanidad sea igual para todas y todos. Y que se ofrezca educación sexual, anticoncepción y aborto en el sistema público, sin discriminación.
Las decenas de representantes de las más de 80 asociaciones y coordinadoras feministas, encabezadas por la Plataforma Impacto de Género Ya, firmantes del Manifiesto Feminista ante los Presupuestos del Estado 2017, van a seguir interpelando a las diputadas y diputados de las distintas provincias, y plantearán movilizaciones a lo largo de mayo y junio, en que se votarán los Presupuestos en el Congreso y Senado y se elaborará un “Pacto de Estado” sobre Violencia de Género en la Ponencia del Senado y la Subcomisión del Congreso que, sin presupuestos, sería una ofensa a las víctimas.
APOYO AL MANIFIESTO
El Manifiesto Feminista sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2017 cuenta con 106 firmas de organizaciones hasta ahora. Se siguen recogiendo firmas en la web
Imagen retomada del portal Impacto de Género Ya
Por: la Redacción Cimacnoticias | Madrid, Esp .-
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