CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Exactamente igual que hace 12 años, cuando el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, encabezaba las encuestas de preferencia electoral para la Presidencia de la República, ya iniciaron las campañas para tratar de descarrilar su proyecto e impedirle alcanzar su objetivo.
En aquel entonces aprovecharon los abusos de algunos de sus más cercanos colaboradores (René Bejarano, que había sido su coordinador de campaña y secretario particular al inicio de su gestión, y Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del gobierno capitalino); ahora le tienden una trampa a una candidata a alcaldesa de un municipio veracruzano de poco más de 80 mil habitantes.
En los dos primeros casos la intención era dañar la imagen de honestidad que López Obrador ha presumido como su principal atributo. La estratagema consistió en echar mano de imágenes grotescas que exhibieron entregas de fajos de billetes y la presencia de un alto funcionario público apostando en un lujoso casino de Las Vegas. Los videos pretendían despertar sentimientos de rechazo entre la población.
Pero ahora las circunstancias son muy distintas: hace 12 años había suficientes elementos para presumir la comisión de delitos por parte de los dos funcionarios, tanto así que en ambos casos se libraron ordenes de aprehensión en su contra; Ponce incluso recibió sentencia condenatoria y estuvo preso hasta que obtuvo un amparo liso y llano; Bejarano fue desaforado y encarcelado, aunque finalmente el juez dictó sentencia absolutoria.
Ahora, en el más reciente caso, el único delito que podría configurarse a partir de la entrega-recepción del dinero es si éste tiene un origen ilícito, por lo cual el primer inculpado sería la persona que lo está entregando y que jamás aparece en el video. El artículo 406 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establece que “se impondrán de cien a doscientos días de multa y prisión de uno a seis años al funcionario partidista o al candidato que: VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral”.
Incluso el medio millón de pesos que supuestamente recibe la candidata a alcaldesa morenista Eva Cadena equivale a menos de la tercera parte del límite individual de aportaciones de simpatizantes para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, que es de un millón 680 mil 560 pesos con 42 centavos, de conformidad con el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral número 33 del 24 de febrero de este año.
De esta manera, con la sola entrega-recepción de esos recursos no se configura ninguna falta administrativa, aunque sí podría tipificarse de esta manera si el dinero no se depositara en una cuenta de una institución bancaria, no se incluyera en los informes de ingresos y egresos de la fuerza política en cuestión o si no se documentara y respaldara con base en lo establecido en la legislación y la normatividad vigente.
En sí mismo, pues, el video no evidencia la comisión de un delito, que difícilmente podría configurarse porque el tipo penal señala con claridad que para ello se tendría que haber obtenido y utilizado el dinero aun a sabiendas de que proviene de actividades ilícitas, lo cual, hasta donde se sabe, ya no ocurrió, pues aunque la candidata sí recibió el dinero, no lo utilizó.
Por supuesto que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) estaba obligada a atender las denuncias y proceder a iniciar una averiguación previa, pero en caso de que encuentre que el dinero sí proviene de actividades ilícitas, tendrá que turnar el expediente a otra instancia de procuración de justicia, o bien demostrar que al menos parte de ese dinero sí se utilizó en la campaña de la hoy excandidata. En consecuencia, será prácticamente imposible involucrar al aspirante presidencial de Morena en el caso.
Por lo demás, la maniobra es tan burda que no tiene posibilidad alguna de prosperar, pero lo cierto es que sí debe prender las alarmas en el equipo de López Obrador, pues constituye un anticipo de la guerra que se avecina. Como hace 12 años, sus enemigos, carentes del más mínimo escrúpulo, están dispuestos a utilizar todos los recursos a su alcance, sin importar sí son lícitos o ilícitos, y para eso se debe preparar.
Lo que está en juego es ni más ni menos que la Presidencia de la República, con todo el poder que eso conlleva. Los que se pueden ver afectados no son únicamente los partidos políticos opositores, sino todos los grupos económicos y sociales que se benefician del actual statu quo. Como hace 12 años, serán muchos los actores que intenten detener a López Obrador y sería ingenuo de su parte no asumirlo desde el inicio.
La prevención política tiene que incluir, desde luego, un estricto apego a derecho de todas y cada una de las acciones que AMLO y su equipo cercano emprendan; también los obliga a prepararse para responder oportuna y certeramente a los ataques que les lancen tanto por las vías legales como desde los medios de comunicación masiva y las redes sociales, pues para cumplir su objetivo tienen que ganar las batallas legales y mediáticas.
Es una realidad que en el 2006 los enemigos de AMLO hicieron uso de toda la artillería a su disposición; varias de sus acciones violentaron incluso la normatividad vigente, por lo que, desde luego, la contienda fue inequitativa. López Obrador y su equipo de campaña reaccionaron mal y tarde en ese entonces, y pagaron las consecuencias; de manera que si desean tener éxito en esta ocasión deben aprender de los errores que cometieron hace 12 y seis años y superarlos, pues el video reciente es la primera muestra de que sus enemigos harán uso de todo el arsenal perverso a su disposición.
Este análisis se publicó en la edición 2113 de la revista Proceso del 30 de abril de 2017.