Enero cerró con 25 asesinatos de mujeres
El
primer mes de este año cerró con el registro de 25 casos, casi uno por
día; y a siete meses de que la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) decretara la Alerta
de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.
En 2017 Acapulco concentró la mayor parte de casos de feminicidio,
seguido por la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo, y en
tercer lugar, Chilapa de Álvarez, municipio ubicado en la zona de la
Montaña, de acuerdo con el registro de la “Asociación Guerrerense
Contra la Violencia Hacia las Mujeres” quien contabilizó en este
periodo, un total de 156 casos.
En junio de 2017, la Conavim decretó la AVG para 8 municipios de
Guerrero, luego de que ésta fuera solicitada el 23 de junio de 2016 por
la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C
para Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los
Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta,
Ometepec y Tlapa de Comonfort.
De acuerdo con el informe presentado por la organización para la
solicitud de la AVG, de 2010 a 2015 se cometieron 901 homicidios dolosos
de mujeres en la entidad: en 2010 se registraron 124, al 2015 la cifra
se ubicó en 225. Destaca Acapulco como el municipio que concentró el
mayor número de casos (431) seguido por Chilpancingo (45), Iguala (49)
José Azueta (29), Tlapa de Comonfort (12 ) Ometepec (14), Coyuca (16)
Ayutla (8), y en otros municipios con 297 casos. Guerrero tiene 81
municipios.
El mismo informe refiere que del total de asesinatos registrados,
62.6 por ciento fue por arma de fuego y en todos, la víctima tenía una
relación cercana con su agresor, es decir, fue asesinada por su esposo,
novio, expareja sentimental.
Organizaciones civiles como la Alianza Feminista y el
Observatorio “Hannah Arendt”, señalaron que la violencia contra las
mujeres se incrementó de manera considerable a partir del año 2006,
cuando el panista Felipe Calderón arribó a la presidencia del país e
inició su llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Análisis en el que coincide ONU Mujeres en su informe: “Violencia
Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias 1985 – 2014”, el cual
constata que en el periodo de 2007 a 2013, se “observa un aumento muy
importante en la tasa de defunciones femeninas con presunción de
homicidio en el estado” y que colocó a Guerrero en el primer lugar
durante 2006 y 2007.
LEGISLACIÓN
Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio
en su Código Penal, el cual entró en vigor en diciembre de 2010 y
estableció que “el feminicidio es la privación de la vida de una mujer
cuando se tenga por fin ocultar una violación; por desprecio u odio a la
víctima; por tortura o tratos crueles o degradantes; por la existencia
de una relación de afecto entre la víctima y el agresor; por violencia
familiar o cuando la víctima se encontrara en un estado de indefensión”.
El Código fue reformado en 2012 para quitar la parte relativa a la
violencia sexual, pero aún así, organizaciones como el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) criticaron la reforma ya que
para acreditarlo se condiciona la intencionalidad del agresor.
Respecto al protocolo para investigar este delito, Guerrero también
fue el primer estado en presentarlo (2008), no obstante, un análisis
hecho por el OCNF consideró que éste “no está elaborado a partir del
tipo penal vigente y está desfasado de las circunstancias que establece
el Código Penal de la entidad, de forma que no explica las
circunstancias del tipo penal ni desarrolla las actuaciones con
perspectiva de género y Derechos Humanos”.
IMPUNIDAD
Un protocolo deficiente y la mala clasificación de los asesinatos
dolosos de mujeres derivan en que en la entidad, existan cifras dispares
que realmente den cuenta de la dimensión de la violencia feminicida en
el estado.
Mientras las organizaciones civiles que dan seguimiento y
acompañamiento a los casos de feminicidio señalan que durante el año
pasado se cometieron 217, la Fiscalía General del estado solamente
reconoció 13. La dependencia no informa ni cuántos homicidios son
investigados siguiendo el protocolo de feminicidio, tampoco si se da
seguimiento.
Aunado a ello, la falta de capacitación y sensibilización a los
funcionarios y encargados de procurar y administrar justicia contribuyen
a revictimizar a las mujeres asesinadas y a sus familias.
El Grupo de Trabajo responsable de la investigación calificó como
“preocupante”, que personal de la Fiscalía y las agencias del MP
especializadas, en muy pocos casos, tenían conocimiento de la existencia
de los protocolos que se han creado para la investigación de delitos
relacionados con la violencia contra mujeres, incluso, refirió “algunas
de las personas entrevistadas no conocían los tipos penales de los
delitos que son competentes; en otros casos, las servidoras o servidores
públicos relacionan los casos de feminicidio con la delincuencia
organizada, lo que deja la impresión de la normalización de la violencia
o bien su indebida justificación”.
Ejemplo de ello es que en días pasados, durante una conferencia de
prensa por el caso de Azucena, una joven de 17 años que estuvo
desaparecida, cuyo cuerpo encontraron degollado y abandonado junto a su
hija recién nacida en el municipio de Chilapa de Álvarez, el propio
fiscal general Xavier Olea Pelaéz responsabilizó a las mujeres por el
aumento de la violencia en su contra al argumentar “que las
mujeres están participando de una o de otra manera en el crimen
organizado”.
Cabe recordar que apenas el pasado 30 de enero se informó que la AVG se extendió también para el municipio de Chilapa.
En las regiones de la montaña, principalmente en los municipios de
Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Zapotitlan y Acatepec, las mujeres no
están exentas de esta violencia.
Los Centros de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y “José
María Morelos y Pavón” han señalado en reiteradas ocasiones que las
mujeres no tienen acceso a la justicia, aún cuando en el estado, existen
18 Unidades Municipales de Atención y Prevención de Violencia de
Género, 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, y tres Centros de
Justicia que deben prestar servicios de acompañamiento jurídico y
orientación a las víctimas.
De enero a abril de 2017, estas organizaciones documentaron diez
casos de feminicidio en los municipios de Tlapa de Comonfort. Todos
continúan impunes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Scarlett Arias, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.-
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