The New York Times
José Antonio Tizapa
tiene pocas certezas sobre la desaparición de su hijo. A sus 50 años
lucha por continuar con su vida mientras busca respuestas, pero le
cuesta creer que después de cuarenta meses de investigaciones, marchas,
reuniones, lágrimas y desaliento todavía no se sepa qué pasó con Jorge Antonio Tizapa Legideño, su hijo de 20 años que desapareció en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 junto con 42 de sus compañeros.
Sin
embargo, Tizapa explica que el uso de armas estadounidenses durante ese
día es uno de los hechos que suele recordar con amargura: “Las armas
usadas en la desaparición de nuestros hijos, sobre todo las de los
policías municipales, a través de la Sedena, son fabricadas en Estados
Unidos. Y es probable que las usadas por los delincuentes también”.
Las preocupaciones de Tizapa consiguen eco en Beyond Our Borders, el más reciente informe del Center for American Progress,
una organización estadounidense que se encarga de la investigación y
defensa de políticas públicas. En este reporte los investigadores citan
los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos que revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas
fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades
delictivas en México.
De
esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio
estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de
213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio
mexicano.
“Estados
Unidos tiene la obligación moral de mitigar su participación en el
incremento de la violencia letal en el extranjero”, comenta Chelsea
Parsons, coautora del reporte. “Aunque existen muchos factores
exclusivos de cada nación que afectan las tasas de delitos violentos,
Estados Unidos podría hacer más para reducir los riesgos que plantean
las armas de fuego estadounidenses que cruzan la frontera y que se usan
para perpetrar delitos en los países cercanos”.
En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios
en los últimos veinte años, con una tasa de 20,5 homicidios por cada
100.000 personas. Los investigadores sostienen que, aunque esa cifra en
parte se debe a los altos niveles de impunidad con el comportamiento
delictivo, el acceso a las armas de fuego también ha sido un factor
clave en el aumento de los homicidios. En 1997, el 15 por ciento de los
homicidios sucedidos en México fueron cometidos con armas de fuego; sin
embargo, el año pasado ese porcentaje aumentó hasta el 66 por ciento.
“Las
autoridades estadounidenses siempre denuncian el flujo de drogas
provenientes de México, pero casi no se habla del flujo de armas
estadounidenses que favorece la violencia y el dominio de las
estructuras delictivas en México”, explica Eugenio Weigend, otro de los
investigadores del estudio. “En el tema de las armas la responsabilidad
recae principalmente en Estados Unidos porque de ahí vienen, ahí se
producen”.
El
informe también señala que solo entre 2014 y 2016, más de 33.000 armas
de fuego estadounidenses fueron recuperadas en investigaciones
criminales en México. Esa cifra excede el número de armas recuperadas
durante el mismo periodo en la mayoría de Estados Unidos, exceptuando
los estados de California, Florida y Texas. Según la investigación, el
uso de armas de fuego durante los robos violentos también ha aumentado.
En 2005, el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de fuego
pero en 2017, esa cifra aumentó a 68 por ciento.
“Una
de las razones que explican el aumento de la violencia en México es el
incremento de la letalidad del crimen organizado gracias a las pocas
barreras institucionales, en ambos lados de la frontera, para conseguir
armamento proveniente de Estados Unidos”, explica David Ramírez de
Garay, investigador de México Evalúa,
un centro de análisis de políticas públicas. “Por ello, esperamos que
el tráfico de armas sea un tema rector de la agenda binacional y
demandamos que los aspirantes a la presidencia incorporen de manera
seria y responsable una política de desarme en sus propuestas de
seguridad”.
Los efectos en América Central
El
reporte también muestra que las armas estadounidenses atizan la
violencia letal en varios países centroamericanos como El Salvador,
Honduras y Guatemala. Aunque los investigadores advierten que gran parte
de esa problemática es una consecuencia del tráfico de drogas
relacionado con las pandillas, también sostienen que otros factores como
la corrupción en las instituciones gubernamentales, la desigualdad de
ingresos, la impunidad de los delincuentes y la herencia de los
conflictos bélicos, han desestabilizado a toda esa región.
“Armas
que originalmente se compran en Estados Unidos, luego son utilizadas en
países vecinos para cometer un delito al menos cada 31 minutos. Para
sacar las armas, los traficantes explotan las mismas lagunas en las
leyes estadounidenses que facilitan el tráfico ilegal de armas
domésticas”, afirma Parsons.
De
2014 a 2016, el 49 por ciento de las armas de fuego recuperadas en El
Salvador fueron compradas originalmente en Estados Unidos, reseña el
reporte. De manera similar sucedió con el 45 por ciento de las armas
incautadas en Honduras y el 29 por ciento de Guatemala.
Otros
países centroamericanos también sufren las consecuencias del uso de las
armas de fuego estadounidenses en los delitos. El informe detalla que
de 2014 a 2015, el 57 por ciento de las armas recuperadas y rastreadas
en Costa Rica fueron fabricadas en Estados Unidos, de 2014 a 2016 se
detectó la misma situación con el 51 por ciento del armamento conseguido
en Belice y el 47 por ciento de las armas incautadas en Panamá.
De
2014 a 2016, 50.133 armas que se produjeron en los Estados Unidos
fueron recuperadas como parte de investigaciones criminales en quince
países de América del Norte, América Central y el Caribe. “Las personas
adquieren legalmente ese armamento en Estados Unidos y luego se importa
con mucha facilidad a México y otros países, lo que permite el
incremento de la violencia”, explica Francisco Rivas Rodríguez, director
del Observatorio Nacional Ciudadano,
una organización de la sociedad civil que analiza las condiciones de
seguridad, justicia y legalidad del país. “Estados Unidos debería
implementar medidas para prevenir que no salgan tantas armas de ese
país, eso implicaría el establecimiento de una regulación sobre la
exportación de armas a otros países”.
Tizapa,
el padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vive en Estados
Unidos y dice que siempre recuerda los mensajes que todas las mañanas le
mandaba a su hijo, las conversaciones telefónicas y todos los sueños
compartidos que fueron truncados desde el día de la desaparición.
Con
aplomo explica que se ha convertido en un observador distante de lo que
pasa en su país: “México no está en guerra, pero el gobierno parece que
se está preparando para eso y la mayoría de los mexicanos no lo
sabemos. Hay muchas armas, tanto legales como ilegales, y ambas nos
están desapareciendo”.
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