La Jornada
El presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, pidió ayer
que se culmine la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),
el cual se encuentra paralizado e incompleto por una manifiesta falta
de voluntad política: aunque debió iniciar operaciones desde julio del
año pasado, hasta la fecha no hay nombramientos para los juzgados
especializados, la fiscalía anticorrupción sigue acéfala, no hay
coordinación alguna entre las dependencias e instancias que debieran
estar involucradas –la Procuraduría General de la República convertida
en Fiscalía, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior
de la Federación, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité
Coordinador–, no se sabe de avances en la constitución de la plataforma
digital nacional que permitiría concentrar la información y las
homólogas estatales del sistema no han sido ni siquiera legisladas en
diversas entidades.
El dirigente empresarial argumentó la urgencia de contar con el SNA
con base en el 9 por ciento del PIB que, según el Banco Mundial, se
pierde en México debido a la corrupción, esto es, nueve pesos de cada
100 que produce la economía.
La cifra es, sin duda, alarmante y exasperante, pero a estas alturas
parece dudoso que el SNA sea el instrumento adecuado para revertirla.
Cabe recordar que esa entidad fue establecida en la legislación nacional
a raíz de presiones sociales, especialmente del propio empresariado, y
ante la serie de revelaciones sobre desvíos, desfalcos y
enriquecimientos inexplicables de funcionarios, mismas que han sido una
constante en el presente sexenio. Hoy se tiene un conjunto de
dependencias y entidades truncas e incompletas que representan una
considerable erogación adicional y que han producido, en conjunto, cero
resultados. Su única utilidad visible fue reducir la presión de los
grandes capitales sobre el gobierno.
Pero el diseño del SNA habría sido innecesario si las
dependencias encargadas de fiscalizar la correcta aplicación de los
recursos públicos, la probidad de los funcionarios y la transparencia de
las finanzas estatales (particularmente, la dupla PGR-SFP) hubieran
cumplido con sus obligaciones legales, y en ese sentido habría sido
preferible concentrarse en exigir al gobierno que combatiera la
corrupción en las oficinas públicas con los instrumentos de los que ya
dispone y disponía, que en concebir nuevas y mastodónticas instituciones
cuya inoperatividad e inconclusión permiten hoy día la perpetuación de
las malas prácticas en la administración del erario, las operaciones
inescrupulosas y la opacidad en general.
Por lo demás, a estas alturas del sexenio resulta un tanto anacrónico
e improcedente demandar que se concluya la puesta en marcha del SNA.
Parecería más pertinente exigir que el gobierno que habrá de iniciar el
1º de diciembre de este año se comprometa, sea cual sea su signo
partidista, a emprender un combate serio, frontal y permanente contra la
corrupción. Y para ello lo que se requiere es que se conforme con la
voluntad política para cumplir las leyes a cabalidad. Ni más ni menos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario