Magdalena Gómez
Habrá que prestar atención
a la intensidad con que está trabajando la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, justo en los meses previos a las elecciones, también a la
evidente campaña de prensa que está en curso para advertir no sólo las
bondades financieras que la reforma energética traerá al país, sino la
insistencia en el despropósito, señalan, que implicaría cualquier
modificación en este ámbito.
Queda claro que gane quien gane la Presidencia de la República, con
gusto o a disgusto, estará atado a los compromisos firmados con vigencia
por varias décadas. Aun en la remota hipótesis de una reforma
constitucional y legal, operaría el principio de no retroactividad y las
empresas como la Shell y Chevron tienen amplia experiencia en la
defensa de sus inversiones. La licitación de 29 bloques, pertenecientes a
la ronda 2.4 en aguas profundas, se llevó a cabo el pasado 31 de enero, y los otros 35, pertenecientes a la ronda 3.1
en aguas someras, será el 27 de marzo de 2018. El festejo fue por la
asignación de 19 de 29 bloques, con lo que se espera una inversión de 93
mil millones de dólares. Sin contar, señalaron en la Secretaría de
Energía, con los 525 millones de dólares en efectivo que recibirá el
gobierno por empresas que buscaron asegurar ganar contratos y que
entrarán directamente al Fondo Mexicano del Petróleo. Agregaron:
Estos campos ubicados en aguas profundas comenzarán a producir crudo en 2028, y podrían alcanzar una producción pico de 1.5 millones de barriles diarios en 2032, es decir, 75 por ciento de la producción de crudo que actualmente tiene México.
Como vemos, los plazos neoliberales no se afectan con los sexenales.
¿Cómo no hablar de continuidad? En un discurso triunfalista, el
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ante los senadores de su
partido, después de reiterar el éxito de la reforma energética, afirmó
que la misma estableció la obligación de cumplir con los tratados
internacionales que ha firmado México para llevar a cabo consultas
indígenas cuando la inversión petrolera o eléctrica se va a llevar a
cabo en comunidades mayoritariamente indígenas o equiparables. Por ello,
su secretaría “está llevando a cabo por primera vez en su historia, 13
consultas en gasoductos, en plantas de generación eléctrica, en bloques
de la ronda 2, en dos estados y han participado 80 comunidades
indígenas. Éstas las hemos desarrollado con apego a la legislación
nacional, trabajamos de la mano con la ONU, que nos da la asistencia
técnica; son procesos muy complejos pero muestran un respeto del Estado
mexicano por las comunidades”. Sólo hay que ver los procesos en curso y
el rechazo y cuestionamiento a sus consultas. Apenas el pasado 10 de
enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo
promovido por , mil 166 indígenas de la comunidad binni’zaa del Istmo de
Tehuantepec, la primera sala lo acordó por unanimidad, indicando que el
asunto reúne los requisitos de interés y trascendencia, en tanto que
involucra el contenido y alcance del derecho humano a la consulta
previa, libre e informada de las comunidades indígenas (comunicado 003,
del 10 de enero de 2018, de la SCJN). En Lomas de Bácum, Sonora, también
se ha judicializado la oposición al gasoducto Guaymas-El Oro. Ya
superaron la frustración ante la oposición indígena a sus proyectos en
las consultas, en el caso del parque eólico en Juchitán, que confesaron
al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU:
Por otra parte, los representantes de las autoridades estatales expresaron su frustración por el retraso que la resolución de amparo había supuesto para el proyecto, y un funcionario estatal señaló que el juez federal que había concedido el amparo no apreciaba la importancia de los proyectos energéticos para el desarrollo económico del estado(Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas acerca de la misión que realizó a México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016).
El cierre de la intervención del secretario Coldwell no deja lugar a dudas:
¿Qué nos falta? Nos quedan 10 meses de la administración del presidente Peña Nieto. En el sector energético esos 10 meses no van a ser únicamente de cierre administrativo, van a ser de intensa actividad creativa y de continuar impulsando la reforma energética para llevarla hasta sus últimas consecuencias(12 reunión plenaria de los senadores de los grupos parlamentarios de PRI y PVEM a la 63 Legislatura, efectuada en el Senado, el 31 de enero de 2018).
Queda esta muestra que confirma lo que ha venido planteando el
Concejo Indígena de Gobierno por conducto de su vocera Marichuy en torno
a la urgencia de organizarse para enfrentar el avance neoliberal del
tramo Salinas-Peña Nieto. La reforma energética, con la expansión minera
y los enclaves de las zonas económicas especiales, son, en efecto,
proyectos de muerte.
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