Dado que l@s niñ@s aún no cuentan con la autonomía necesaria para conseguir sus propios medios de subsistencia, es indispensable el papel de la familia, la sociedad y el Estado para su pleno desarrollo.
Al
escribir sobre la niñez, decía el poeta colombiano José Asunción Silva,
“¡Edad feliz!, seguir con vivos ojos donde la idea brilla”. Cabe
preguntarnos si hoy en día este verso podría ser recitado por todos los
niños y niñas. L@s 392 niñ@s fallecidos y 2,500 heridos en la Franja de
Gaza; l@s 458 niñ@s encontrados en el albergue de la Gran Familia en
Zamora, Michoacán; l@s más de 57,000 niñ@s migrantes que han cruzado la
frontera norte de nuestro país, nos hacen cuestionarnos sobre la
calidad de vida de l@s niñ@s, para lo cual el análisis de sus derechos
representa un elemento fundamental. En un contexto mediático en el que
el papel del Estado ha sido cuestionado por lo que hace al respeto de
los menores, vale la pena reflexionar sobre la responsabilidad que
tenemos en este tema, para prevenir circunstancias límite en las que se
vulnere su integridad y dignidad personal.
Los niños, entendidos
como todo ser humano que no haya cumplido los 18 años de acuerdo a lo
establecido en la Convención sobre Derechos del Niño, por el sólo hecho
de ser personas son titulares de derechos humanos; además, en atención
a su condición, están sujetos a garantías específicas. Por su parte, el
artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su párrafo noveno, señala que l@s niñ@s tienen derecho a
la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Por otro lado, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en su artículo 19 señala que “todo niño tiene derecho
a las medidas de protección que su condición de menor requiere, por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. En ese sentido, cabe
señalar que el Estado mexicano tiene el deber legal de salvaguardar los
derechos de l@s niñ@s previstos en tratados internacionales, con base
en lo dispuesto en la Contradicción de Tesis 293/2011, en la que la
Suprema Corte determinó que las normas sobre derechos humanos
contenidas en esta clase de instrumentos tienen rango constitucional.
Dado
que l@s niñ@s aún no cuentan con la autonomía necesaria para conseguir
sus propios medios de subsistencia, es indispensable el papel de la
familia, la sociedad y el Estado para su pleno desarrollo. Por un lado,
la familia ─como unidad básica de la sociedad─ resulta indispensable
para satisfacer las necesidades básicas del desarrollo físico,
emocional e intelectual de l@s niñ@s. Por otro lado la sociedad ─la
cual involucra diversos actores como los maestros, los vecinos y
ciudadanos en general─ debe fungir como ejemplo de actuación y
referencia en la formación de valores personales y en el desarrollo de
los hábitos de l@s niñ@s; y por último el Estado, el cual, como
principal velador del bien común, tiene una responsabilidad fundamental
en la formación integral de las personas, a través de políticas
públicas y programas sociales que fomenten la protección de los
derechos de los menores.
No obstante el sistema de coordinación
entre la familia, la sociedad y el Estado, y a pesar de que según
cifras de la UNICEF, l@s niñ@s representan poco más del 29.1% de la
población mexicana, este es el grupo social que más sufre de la
insuficiencia de recursos[1].
Si bien las condiciones de vida de la niñez varían a lo largo de
nuestro territorio, sí podemos hablar de un contexto nacional en el que
la pobreza continúa denigrando la etapa de la niñez. Por ejemplo, en
los Estados del sur como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, el porcentaje de
niñ@s que viven en condiciones de pobreza representa hasta el 80%, a
diferencia de lo que sucede en las entidades del norte, como Nuevo
León, donde dicho porcentaje es de alrededor del 25 por ciento.[2]
En
ese orden de ideas, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) define a la pobreza como “el resultado de un proceso
social y económico ─con componentes culturales y políticos─ en el cual
las personas y los hogares se encuentran privados de activos y
oportunidades esenciales por diferentes causas y procesos, tanto de
carácter individual como colectivo, lo que le otorga un carácter
multidimensional”. Es innegable que dicha condición inhibe la
posibilidad de l@s niñ@s para gozar de todos los derechos humanos por
las limitantes y obstáculos que ésta impone, pues entre otros,
imposibilita la adquisición de productos básicos para obtener una sana
alimentación, afecta el acceso a la salud y además, los orilla a salir
de su hogar para trabajar y proporcionar un ingreso que apoye a la
economía familiar, mermando la posibilidad de lograr la satisfacción
plena de ciertos aspectos de la vida del niño.
Dado que tal
situación se debe a la falta de recursos de las familias, quien debe
asumir una mayor responsabilidad frente a l@s niñ@s es la sociedad,
pero sobre todo, el Estado, el cual debe adoptar e implementar medidas
correctivas y reparatorias que subsanen dicha condición, por ser éste
el encargado de velar en última instancia por crear oportunidades para
todos l@s niñ@s.
Por todo lo anterior, es fundamental que la
familia, la sociedad y el Estado instrumenten un sistema de
responsabilidades compartidas pero diferenciadas a raíz del cual se
generen acciones preventivas y benéficas a favor de la niñez. Sin
embargo, en aquellos casos en los que dicho sistema resulte
insuficiente, el Estado debe asumir su responsabilidad como principal
velador del bien común y revertir tales condiciones, adoptando el
interés superior del menor como criterio de resolución de conflictos y
de implementación de políticas públicas. La corresponsabilidad entre
todos los actores y sectores en el respeto y garantía de los derechos
de l@s niñ@s tiene que hacerse más presente y palpable para que podamos
decir con toda seguridad 1, 2 3 por los derechos de l@s niñ@s.
[1] 53.8 %de niñas, niños y jóvenes viven en pobreza.
[2] CONEVAL-UNICEF; Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México; 2008-2010.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario