Revista Variopinto
Desde
principios de octubre los grupos guerrilleros del estado de Guerrero,
en primer lugar el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército
Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), han estado emitiendo más
de 10 comunicados implicando al Ejército Mexicano en la desaparición de
los 43 normalistas en Iguala.
Sus llamados pasaron casi
desapercibidos, aunque también numerosas declaraciones de los padres de
familia y de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del
Estado de Guerrero (UPOEG), de la cual asimismo forman parte varios
familiares de los estudiantes, se han orientado hacia la misma
hipótesis que, mejor dicho, es una acusación.
El mensaje
señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43
normalistas,había dos oficiales del 27 batallón de infantería: el
teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización.
Además,
justo esta semana, los propios padres de Ayotzinapa pidieron
explícitamente a las autoridades y a la PGR que se vaya a fondo en la
investigación, incluyendo asimismo a los militares, lo cual significa
meterse en los cuarteles y romper el cerco de inaccesibilidad y
distancia que, de alguna manera, protege al 27 batallón de infantería,
operativo en los alrededores de Iguala y, más en general, a las fuerzas
armadas en Guerrero.
Históricamente, al menos desde la década de
1970, en plena Guerra fría y guerra sucia, queda el hecho de que los
militares estuvieron al frente del embate represivo del estado mexicano
contra la población por medio de la tortura, la ocupación y el control
militar y la desaparición forzada como unas de las “técnicas” para
“ganar la guerra”.
Frases del Secretario de Marina
El
Secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón,
pronunció una serie de frases que defienden el gobierno y, al mismo
tiempo, desvían el foco de atención y apuntan a criminalizar la
protesta social: “Me enoja más todavía que manipulen a los padres de
familia, es decir, manipulen a esta gente, porque eso es lo que están
haciendo, la están manipulando igualmente para no reconocer (al
gobierno) o para seguir incrementando esto. Y más coraje me da de que
esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa
ni los padres ni estos muchachos, no les interesa, les interesa
únicamente alcanzar sus objetivos de grupo o de partido”. Las
declaraciones del mes pasado de EPN en las que hablaba de “intentos de
desestabilización” iban en la misma dirección.
“Creo que está
perfectamente claro: sí hay grupos, y lo especifico, grupos y personas
que son las que aparecen continuamente con ellos, creo que no hay
necesidad de contestarte exactamente quiénes son, salen en televisión y
tienen ahí su nombre, y este grupo que aparece en todos lados, cerrando
caminos, y demás, y buscando otro tipo de cosas, ¿no?.. de partidos, no
me referí a ningún partido”, siguió el Secretario quien apoya la idea,
común y nada nueva, a menudo utilizada para desacreditar los
movimientos sociales, de que quienes protestan lo hacen bajo el mando o
la manipulación de alguien más que utiliza su dolor para otros fines.
Parece otra manera de desviar la atención.
Señor Matanza
En
muchas ocasiones, las fuerzas armadas se hicieron portadoras una
tradición contrainsurgente en esa y otras regiones. Baste con recordar
la matanza perpetrada por militares en El Charco en 1998, cuando Ángel
Aguirre era gobernador sustituto. Igualmente, es un hecho que la
militarización del territorio propulsada por Calderón y mantenida por
Peña Nieto ha acrecido el protagonismo, el poder de facto y los
recursos de Marina y Ejército y ha empeorado la de por sí ya
tambaleante situación de los derechos humanos en el país, como los
casos emblemáticos de Zongolica y Tlatlaya han mostrado. Y no serían
los únicos ejemplos. El caso del líder social Rosendo Radilla Pacheco,
detenido el 25 de agosto de 1974 y desaparecido después de su paso por
el cuartel militar de Atoyac, provocó la primera histórica condena de
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado
mexicano en 2009.
El 28 de noviembre, en entrevista con
Variopinto (Link), el General José Francisco Gallardo habló de
maniobras del ejército y de su involucramiento en la desaparición de
los 43 normalistas, ya que “Todo este show —agarrar al presidente
municipal, encontrar a un único culpable— es para que no se concentre
la mirada en el Ejército”, explicó. Y denunció también la creciente
militarización, en su formación y en sus prácticas, de las mismas
policías, tanto locales como estatales y federales.
En la
encuesta levantada y comentada recientemente por el ex director del
Cisen, Guillermo Valdés, uno de cuatro mexicanos entrevistados le
atribuyen la responsabilidad de la matanza y las desapariciones de
Iguala al ejército, entre otros actores, pero también a individuos
(Aguirre, EPN, Abarca y su esposa), a partidos políticos (PRD, primeo,
y también los demás), a grupos delincuenciales (Guerreros Unidos) y los
cuerpos policiacos. Eso muestra que la idea de una colusión multinivel
y multinstitucional cundió en la población.
En 2011, 2011 HRW
(Human Rights Watch) denunció la desaparición de 6 personas en un club
nocturno de Iguala, acaecida a las 22:30 del 1 de marzo de 2010, en
parte grabada y confirmada por algunos testigos que describieron a los
secuestradores y las personas que los acompañaban como pertenecientes a
las fuerzas armadas por sus vehículos y uniformes. La procura estatal
investigó, pero tuvieron que remitir el caso al foro militar que, en
los 18 meses siguientes, no había formulado acusaciones relativas a ese
crimen: HRW concluye que hay pruebas que sugieren decididamente el
involucramiento del Ejército. Los seis desaparecidos siguen en esta
condición y el caso no se esclarece.
Control social, protección de la economía y la inversión
Ahora
Obama desea apoyar a México en la investigación. El negocio de la
guerra es uno de los más rentables, como lo muestran, en épocas
recientes, el Plan Mérida y la introducción masiva de armas al país, y
no cabe duda de que, entre los beneficiarios de un “estado de sitio”
permanente o de una guerra de “baja intensidad”, están los sectores
castrenses. Luego, no importa mucho si estas operaciones de represión
social, sobre todo en las entidades más pobres del país como Oaxaca,
Guerrero y Chiapas, se disfrazan de protección de la infraestructura y
de la inversión foránea, o bien, si se presentan como operativos para
la seguridad turística, económica y logística de los territorios para
que “estén en paz”, pues finalmente se traducen en militarización y
garantía para los negocios, no para la población en general.
De hecho,
la misma gendarmería nació con la función de proteger inversiones e
instalaciones. La misma idea del presidente de crear un “corredor” y
áreas especiales para el “desarrollo” del Sur de México es vieja y se
asemeja mucho a una reedición minimalista del Plan Puebla Panamá del
periodo de Vicente Fox, pero con un control más férreo sobre recursos,
inversiones y estructuras. En este contexto y con mayor conflictividad
social, las tareas militares tienen más tazones de ser y prosperar.
Además, la “guerra de baja intensidad” contra los movimientos sociales
y la embestida de la propaganda oficial hacia las voces críticas se
podrá transformar fácilmente en represión explícita y decidida cuando
se apaguen los reflectores de la prensa internacional y nacional sobre
Ayotzinapa y México. Ya lo hemos podido experimentar en cierta medida
en el Distrito Federal, con intentos de desaparición, arrestos
arbitrarios, infiltrados y agresiones policiacas, y en “dosis” mayores
en Chilpancingo y en Guerrero, con choques violentos y aplastamiento de
la protesta, pero el envío de 2000 policías federales en la capital de
la entidad, junto a casi otros tantos en Acapulco, habla de una
respuesta con mano dura, no frente al crimen organizado, sino frente al
descontento social y a la exigencia de justicia y refundación de
instituciones podridas.
Sombras
No son certezas,
son hipótesis e indicios. Pero también, hasta la fecha, son hipótesis
las declaraciones del procurador Murillo Karam quien, con “cansancio” y
movido por el afán de cerrar el caso y presentarlo como un episodio
local y no como un crimen de estado, el 7 de noviembre difundió la
versión de tres detenidos del grupo Guerreros Unidos que presuntamente
habrían quemado a los normalistas en el basurero de Cocula y arrojado
sus restos en bolsas de plástico en un río.
Hay muchas dudas
acerca de esta narración: las lluvias que habrían caído en la madrugada
del día 27 en Cocula; los reportes de incendios en otros parajes
cercanos pero no en aquel basurero; el comportamiento hostil de los
militares, relatado por los estudiantes sobrevivientes, en la noche del
26; la no intervención de las fuerzas armadas ante lo que estaba
ocurriendo y sus justificativas los días siguientes; y finalmente la
declaración de los forenses argentinos quienes, si bien han confirmado
la identificación de los huesos calcinados del normalista Alexander
Mora realizada en Innsbruck, no han podido certificar cómo es que
llegaron los restos en la zona en donde fueron recogidos en bolsas de
plástico.
Finalmente, el día 11 de diciembre, científicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintieron la
hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR): “Es
imposible que hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un
serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y
en dónde se quemaron?”, afirma Jorge Montemayor, investigador titular
del Instituto de Física de la UNAM. Según el investigador, para cremar
43 cadáveres se requieren 33 toneladas de troncos de cuatro pulgadas de
diámetro, equivalentes a dos trailers de leña y 53 kilos de gas por
cada cuerpo. Si, como también sostiene la PGR y los narcos confesos, el
rogo se hizo con llantas, según los científicos de la UNAM, se hubieran
necesitado unas 995 llantas de autos para llevarlo a cabo, por lo cual
estiman que la hipótesis oficial no tendría “ningún sustento en hechos
físicos o químicos naturales”.
Todo esto abre el espacio a
interpretaciones distintas que, inclusive, podrían involucrar en la
matanza a otros actores y, entre ellos, el ejército y, en especial, al
27 batallón que ha estado operando “como si nada” en una zona repleta
de fosas clandestinas durante años. “Acuérdense que en la guerra sucia,
si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el
Ejército”, dijo Omar García, uno de los normalistas sobrevivientes.
Hasta una presunta narcomanta, firmada por el cabo Gil, lugarteniente
del capo de Guerreros Unidos, Sindronio Casarrubias, colgada el 31 de
octubre, apuntaba hacia el Ejército, pues mencionaba los nombres del
teniente Barbosa y del capitán Crespo como responsables de la
desaparición de los 43.
En efecto, no se han abierto
oficialmente líneas de investigación que involucren al sector
castrense, pese a indicios cuando menos “sugerentes”. Francisco Javier
García, alcalde de Chilapa, Guerrero, declaró hace unos 10 días que
pese a la fuerte presencia de las fuerzas federales en el municipio el
crimen sigue actuando, básicamente a la sombra del ejército. Es otro
ejemplo, evidentemente no el único. De la misma manera, Abarca no es
que un ejemplo entre muchos, solapados por las autoridades durante
años, pues también trascendieron las relaciones cercanas de la “pareja
imperial”, los Abarca, no sólo con el narco guerrerense, brazo y
cómplice dela policía municipal y del alcalde, sino también con los
altos mandos militares en Iguala, aunque estos han declarado que se
trataba sólo de relaciones institucionales.
En julio 2013, el
portal del estado de Guerrero reportó la desaparición de otros 17
estudiantes en Cocula y, según algunos testimonios, hubo el
involucramiento de la policía municipal. ¿Acaso no estaba allí el
Ejército para brindar algún tipo de seguridad a la ciudadanía y
combatir a los narcos en el marco de la llamada “guerra al
narcotráfico”? Si la policía y los narcos ya se tornaron una
corporación asociada y están coludidos, ¿no intervienen la Marina y el
Ejército para frenar esa deriva? ¿Para qué están allí? Parece que las
fuerzas de seguridad, no sólo las militares, se instalen más para
garantizar la salvaguarda mínima de las compañías mineras, de las
infraestructuras, de las multinacionales y para el control social que
para “pacificar”, además de que el concepto de “hacer la paz” con las
armas es un oxímoron de por sí.
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