Presenta propuesta de reforma al reglamento de la LGAMVLV
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) presentó una propuesta para reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en la que se facultaría al Grupo de Trabajo la decisión de procedencia o improcedencia de la Alerta de Violencia de Género (AVG).
La propuesta, presentada hace unos días ante organizaciones de la sociedad civil, incluye también la reducción del tiempo para declararla en máximo dos meses.
Según la reforma al Artículo 36 Ter del proyecto de Inmujeres que consultó Cimacnoticias, una vez aceptada la solicitud de Alerta y conformado el Grupo de Trabajo, éste tendría 45 días hábiles para realizar el estudio sobre el contexto de violencia contra las mujeres en el territorio solicitado.
La investigación que resulte ya no sería un “informe”, sino un “dictamen” pues el grupo de expertas además de entregar el estudio y las recomendaciones sobre la política pública que los gobiernos estatales deben cumplir, tendrían que incluir su decisión de procedencia o improcedencia de la emisión de la AVG.
Por ello el Inmujeres plantea añadir un Artículo 36 Cuáter, en el que se indica que “el Grupo de Trabajo votará sobre la declaración de la AVG; si las académicas resuelven que no hay elementos suficientes de violencia para declarar la Alerta el proceso terminaría y las organizaciones civiles no podrían presentar otra solicitud por los mismos motivos sin que hubieran transcurrido por los menores tres meses”, puntualiza el documento de reforma.
En caso de que exista un empate en la votación del Grupo de Trabajo conformado por 8 personas, quien coordine el grupo de expertas decidiría por el resto del equipo.
Cabe resaltar que Inmujeres propone que la coordinación del Grupo de Trabajo la realice una persona de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob).
GRUPO DE TRABAJO DEBE SER AUTÓNOMO
Al ser consultadas por esta agencia, integrantes de OSC expertas en violencia de género, denunciaron que si el Grupo de Trabajo no cuenta con la experticia y autonomía las Alertas terminarán por frenarse.
Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, la imparcialidad, autonomía y especialización de los Grupos de Trabajo es una demanda que han exigido en reiteradas ocasiones las organizaciones peticionarias de las AVG.
Recordó que la no politización de la AVG es un logro de las organizaciones civiles. Desde la última reforma publicada en 2013 al reglamento de la Alerta, la Secretaría Ejecutiva conformada por las titulares de los institutos de las mujeres dejó de decidir la declaración del mecanismo, la decisión pasó a manos de Segob con base en las pruebas que entreguen las expertas.
Sin embargo se ha visto que estos Grupos de Trabajo no están conformados por personas especializadas en temas de violencia de género: como violencia feminicida, desaparición de mujeres, trata de mujeres o violencia sexual, por el contrario son “grupos a modo”, denunció la coordinada del OCNF, organización que ha tramitado la AVG de entidades como el Estado de México y la Ciudad de México.
En ello coincidió la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, “No tenemos especialistas sobre este tema en el país, si te fijas en todos los informes de los Grupos de Trabajo las recomendaciones para los gobiernos son una copia, no contextualizan la situación de cada estado. Ahora el Grupo de Trabajo va a tener esa posibilidad de decidir pero desde el desconocimiento y los juegos políticos”, señaló.
Inmujeres insiste que en el Grupo de Trabajo deben seguir participando una representante del Instituto y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); dos académicas de carácter nacional y dos que radiquen dentro del territorio donde se solicitó el mecanismo.
En la experiencia que ha tenido como peticionaria de la AVG en Guanajuato, Sánchez Cruz cuestionó los aportes que han tenido en el proceso de investigación estas tres instituciones (CNDH, Inmujeres y Conavim):
“La CNDH no ha hecho alguna aportación sustantiva en la investigación, Inmujeres debería salirse del grupo porque fue creado para vigilar la transversalidad de la política pública en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
En el caso de Conavim, la directora del Centro las Libres indicó que le corresponde no sólo vigilar las Alertas sino aportar personal profesionalizado en género. “Si Conavim tuviera este equipo técnico de especialistas no tendría que hacer las convocatorias, el problema es que no tiene la capacidad y lo que hace son negociaciones políticas discrecionales”, sentenció.
Esta ha sido una crítica reiterada a Conavim recientemente, al no decretar la Alerta en estados como Puebla y Tlaxcala donde las organizaciones han documentado el aumento de los casos de feminicidio y la desaparición de mujeres.
La asesora jurídica de la asociación Equifonía, peticionaria de las dos Alerta de Veracruz (violencia feminicida y agravio comparado), Adriana Fuentes Mazo, aportó otro factor determinante para que los Grupos de Trabajo tengan mejores condiciones para funcionar: no tienen el tiempo suficiente para hacer una investigación de campo profunda y no se les entregan recursos económicos para que lo realicen, su participación es voluntaria.
Con estas modificaciones al reglamento, las autoridades de los estados ya no contarían con un plazo de seis meses para atender las observaciones de los Grupos de Trabajo; la Conavim remitiría directamente el dictamen de las académicas a la Segob, quien con estos elementos tendría 10 días para informar la decisión final sobre la declaratoria de la Alerta.
Por lo tanto, el proceso se reduce a dos meses, un avance importante coinciden las defensoras de los derechos de las mujeres, ya que la burocracia y negativa de las instituciones ha hecho que las Alertas tarden años de emitirse, por ejemplo, en el Estado de México se tardó 5 años.
Otra facultad que se le daría al grupo de expertas es que tras reunirse tendrían la posibilidad en un periodo de tres días de solicitar a Segob que dicte una serie de medidas de emergencia a los gobiernos locales con el fin de que las implementen de inmediato en los municipios en los que se solicitó la AVG.
La Secretaría vigilaría que estas medidas se cumplan por medio de un informe que entregarían los estados mientras se decide en los dos meses la procedencia de la AVG.
AVG CON CADUCIDAD
En este sentido Inmujeres también precisa en el Artículo 37 que las académicas deben incluir en el dictamen “la vigencia que tendría la declaratoria”, con ello la AVG se reduce a un “instrumento de intervención gubernamental de emergencia”, se describe.
La actual normativa indica que “la declaratoria de Alerta de Violencia de Género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.
Asimismo la reforma plantea incorporar un Artículo 30 Bis en el que se indican dos motivos por los cuales procedería una solicitud de Alerta de Género: “cuando exista en un lugar determinado un contexto de violencia feminicida contra las mujeres”, y/o, “cuando exista un agravio comparado”.
Luz Estrada señaló que es necesario revisar la redacción de este Artículo porque podría generar trabas al momento de la solicitud y condicionar a las organizaciones civiles a presentar pruebas de que existe violencia de género en el territorio en el que piden el mecanismo, una tarea que actualmente es responsabilidad del Grupo de Trabajo por medio de la investigación exhaustiva. Las asociaciones civiles sólo deben presentar a la Secretaría Ejecutiva los documentos del trámite y el motivo de la solicitud.
Las agrupaciones que recibieron por parte de Inmujeres esta propuesta ya enviaron sus observaciones, por lo que esperan que éstas sean escuchadas. La principal demanda es que se les integre dentro del proceso de AVG no sólo como peticionarias y fortalecer la actuación del Grupo de Trabajo con la participación de personal especializado en investigación criminal, política pública en género y derechos de las mujeres.
Actualmente son 28 solicitudes de Alerta de Violencia de Género que se han hecho en el país. En 12 entidades el mecanismo se decretó y está vigente: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.
En tanto, en 7 entidades Segob decidió no declararla: Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla, Tabasco, Baja California y Guanajuato.
Cimacnoticas
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