DESENREDO
Fue superlativo el cinismo de los representantes del Estado mexicano mostrado en la Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica, este 16 y 17 de noviembre, por el caso Atenco.
En contraste, fuerza y valentía demostraron las cinco sobrevivientes que presentaron sus testimonios por haber sido torturadas sexualmente por policías, quienes les rasgaron su ropa, las golpearon, las pellizcaron, las penetraron, se burlaron de ellas, las insultaron, las humillaron...
Las 11 mujeres que siguen la demanda ante ese organismo internacional piden se conozca la verdad, se castigue a los culpables materiales e intelectuales, que el Estado mexicano no sólo reconozca que sus agentes incurrieron en uso excesivo de la fuerza, sino que cometieron tortura sexual (no tortura por omisión ni encubrimiento por tortura): que se disculpe.
Como resultado de un operativo policíaco en el que participaron más de 2 mil 500 agentes locales y federales, 200 hombres y 50 mujeres fueron detenidos en el poblado de Atenco, donde sus habitantes protestaban por la instalación de un aeropuerto.
Este caso demuestra la importancia de los pactos de impunidad para que se siga repitiendo una forma de establecer “orden” por parte de las fuerzas públicas y se justifique su agresividad bajo el entendido que las personas reprimidas son “enemigos”. Igual ocurrió en Guatemala durante la guerra.
Aunque los voceros de la cancillería mexicana utilicen una verborrea con múltiples subterfugios, quedó claro que ningún inculpado por la represión ejercida ha sido condenado después de 11 años. Y si un policía fue sentenciado sólo por “actos libidinosos”. Después, con un recurso de amparo, fue dejado en libertad.
El caso Atenco es conocido gracias a que 11 mujeres han alzado su voz en múltiples foros para exigir justicia, reivindican su derecho a una reparación digna para sentar un precedente en México y no se repita ese tipo de abusos. Así lo hicieron en Guatemala, las abuelas de Sepur Zarco (departamento de Alta Verapaz), quienes durante la guerra sufrieron esclavitud sexual en un destacamento militar.
Las sobrevivientes de Atenco en ese entonces eran trabajadoras, estudiantes, periodistas, activistas, y les imputaron cargos falsos, se les obligó a seguir procesos judiciales y a estar privadas de libertad, en un contexto en el que siendo gobernador Peña Nieto asumió la responsabilidad de restituir el “orden” en ese poblado mediante el uso de la fuerza pública.
La tortura sexual no es un acto excepcional, es una realidad persistente. En la audiencia se explicó que de cada 100 mujeres detenidas en México, 72 sufren violencia sexual y 33 de ellas son violadas.
Ello ocurre porque existen pactos de impunidad entre machos, ya que los patrones de actuación con esquemas de supremacía masculina que siguen los elementos policíacos y sus jefes, les obliga a silenciar los abusos que cometen contra mujeres; y sabiéndose impunes nombran putas, perras, mentirosas, revoltosas a sus víctimas, a quienes culpabilizan por hacer sido detenidas ya que ellas “tendrían” que estar en su casa...
Por ello, tienen mucha razón las defensoras de derechos humanos quienes abogar por acabar con la figura de los “intocables”, de los que se sienten todopoderosos.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.-
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