Vidulfo Rosales Sierra*
Nadie puede negar que los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre son graves violaciones a los derechos humanos. El concepto lo han establecido distintos mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Es cierto, no existe una definición como tal, pero sí han caracterizado ciertas prácticas como el genocidio, las ejecuciones sumarias, la desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes (Theo Van Boven, relator de Naciones Unidas sobre el Derecho de Reparación de las Víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, informe del 2 de julio de 1993). De igual forma concluyen que las graves violaciones a los derechos humanos serían aquellas que implican un incumplimiento de obligaciones emanadas de normas de ius cogens en el ámbito de los derechos humanos. Las normas de ius cogens son aquellas que interesan a todos los estados. Intransgredibles. Su incumplimiento acarrea consecuencias jurídicas agravadas en el ámbito de responsabilidad internacional. Su contenido incluye valoraciones comunes a todos los sistemas jurídicos del mundo, una especie de conciencia jurídica universal.
El 26 de septiembre en Iguala agentes del Estado perpetraron ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada. Estos son crímenes de carácter internacional proscritos en todos lo órdenes jurídicos y el gobierno cuyos agentes cometen tales violaciones merecen la mayor condena. Agentes del Estado mexicano violaron normas universales que prohíben de manera imperativa estas prácticas.
Pese a la gravedad de estos crímenes cometidos, al Estado mexicano parece no preocuparle el esclarecimiento y la sanción a los responsables, por el contrario, a menudo el Presidente de la República ha hecho llamamientos públicos de superarlos y doblar la hoja para pasar a otras agendas y temas. Sin embargo, un sistema democrático no puede avanzar si las graves violaciones a los derechos humanos no se investigan cabalmente y los responsables son sancionados. Lejos de avanzar en el esclarecimiento, no muestra interés por dilucidarlos, por el contrario, evidencia suma lentitud, como si deliberadamente estancara las pesquisas.
Un ejemplo de ello son los nulos avances que presenta la Procuraduría General de la República (PGR) en las nuevas líneas de investigación. En el mes de junio de este año, en presencia del mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un cronograma de trabajo para las investigaciones. Sería un instrumento tangible mediante el cual evaluaríamos conjuntamente los avances en las pesquisas. Pero la PGR fue más allá para sorprender a la CIDH, allí en la mesa, ante la mirada de las madres y padres de los 43, explicó que el cronograma tenía 11 temas o líneas de investigación a dilucidarlos de junio a octubre.
En las recientes reuniones los avances que han presentado son magros, ni siquiera la consignación y detención de los policías de Huitzuco –que de acuerdo al citado cronograma en el mes de junio se resolvería– se ha logrado. De los policías federales y elementos del Ejército Mexicano ni qué decir. El mismo estancamiento presenta la línea denominada responsabilidad de las autoridades estatales, pues el PRD en Guerrero ,con bombo y platillo, anunció que Ángel Aguirre será postulado como candidato a diputado federal en la Costa Chica.
Gobiernos y clase política se prepararan para la fiesta electoral, se olvidan de los graves problemas que vive el país, particularmente la desaparición de los 43 y miles más. En ese afán de hacerse del poder para enriquecerse no importan los perfiles de los candidatos. Ex gobernadores cuestionados como Ángel Aguirre son buenos prospectos para seguir llenando las instituciones de criminales de cuello blanco.
El grupo gobernante mira el caso de Ayotzinapa desde la lente electoral, a mayor esclarecimiento, mayor evidencia de corrupción de las instituciones y mayores costos políticos para ellos en 2018, por tanto, lo más conveniente es mantener la investigación como está.
Por todo este muro de impunidad construido por el Estado mexicano, hoy los padres de los 43 están llevando a cabo la jornada de lucha denominada Rompe el Muro de la Impunidad con un plantón permanente frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y actividades de protesta y culturales diarias para elevar la voz y exigir verdad y justicia para los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Ante crímenes de carácter internacional que lesionan a la humanidad surge el deber ineludible de este gobierno de investigar y sancionar a los responsables, no se puede colocar este imperativo de verdad y justicia por debajo de los intereses electorales de grupos políticos y de poder.
*Abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa
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