Viri Ríos
Piña sin duda agravó la tortuosa relación entre poderes debido a su falta de pericia política, pero los motivos de la reforma la preceden y deben encontrarse en tres aspectos.
Primero, en lo que llamo los superpoderes jurídicos. Para comprenderlos hay que transportarnos al 2011 cuandola Suprema Corte de Justicia tomó la controversial decisión de otorgar a todos los jueces de México el poder de interpretar, deliberar y definir qué se entiende por “derechos humanos”.Esto confirió a los jueces un poder extraordinario.
Lo llamo extraordinario porque definir qué es “un derecho humano” es en realidad mucho más subjetivo de lo que parece. Argumentando violaciones a derechos humanos, el poder económico ha logrado ganar casos para reducir su carga fiscal, mantener concesiones, evitar el avance de obras públicas e incluso silenciar discusiones públicas de relevancia. Por ejemplo, cuando la Comisión Federal de Competencia se atrevió a decir que el notariado era un grave obstáculo regulatorio para la competencia (algo evidente en múltiples estudios académicos), los notarios la acusaron de violar sus derechos humanos y ganaron el caso.
Segundo, el amparo. El poder de los jueces aumentó aún más en 2013 cuando la Ley de Amparo expandió el alcance de sus sentencias y les dio de facto el superpoder de imponer su visiónal resto de los poderes. Fue así como, de la mano del poder judicial, comenzó un festín de litigios, invalidaciones y jurisprudencias que doblegaban a los legisladores al interpretar privilegios privados como derechos adquiridos.
Así, México se convirtió en un país donde la interpretación de un juez puede tener una fuerza similar al de cientos de diputados y senadores operando en conjunto. Y lo peor es que esto sucede mientras sancionar a los jueces, incluso por interpretaciones jurídicas notablemente descabelladas, es de facto imposible.
Tercero, otro motivo para reformar vino con el cambio político. La superioridad institucional de los jueces por encima del mandato democrático de los legisladores no causó mayor incomodidad cuando las mayorías legislativas eran ideológicamente afines al poder económico como con Peña Nieto.
Esto cambió en 2018. Con la llegada de Obrador muchos privilegios comenzaron a ponerse en duda, desde las remuneraciones de los magistrados, hasta su legitimidad para seguir siendo el espacio de influencia del poder económico.
En un inicio, Obrador no entendió los superpoderes con los que contaban los juzgadores. Desconocía el entramado legal y no estaba rodeado de buenos abogados. Además, el ministro presidente Zaldívar fue notablemente capaz políticamente y logró que la Suprema Corte rechazara múltiples reformas prioritarias de Obrador sin enemistarse con él.
Sin embargo, el momento cúspide en el que Obrador comprendió que una reforma al poder judicial era inevitable, no vino sino hasta noviembre del 2022 cuando la Suprema Corte decidió protegió a los factureros de la prisión preventiva oficiosa. Esta decisión, apoyada incluso por ministros propuestos por Obrador, redujo las herramientas para reducir la evasión fiscal y fue interpretada por el presidente como evidencia de que sería imposible acotar los abusos del poder económico con un poder judicial como el que tenemos.
Por todo lo anterior, cualquiera que desee negociar con Morena la reforma judicial, no debe partir de la idea de que la renuncia de Piña es suficiente para que la reforma se atempere. La reforma se atemperará cuando haya una contrapropuesta que plantee formas efectivas y convincentes de separar al poder judicial de los poderes fácticos que lo han colonizado.
De hecho, casi todo en la reforma puede ser rastreado a ideas que tiene Morena de cómo establecer dicha separación. Por ejemplo, la idea de elegir a jueces por voto popular es un intento por romper las redes de amiguismo y colusión que se ocultan dentro del servicio profesional de carrera del poder judicial. Las redes existen porque, si bien en cierto que para tener ciertos puestos es necesario aprobar exámenes, la realidad es que muchas más personas aprueban los exámenes de las que logran tener un puesto. Ya en corto, los puestos se otorgan con demasiada frecuencia a los leales y los parientes, creando cofradías y clicas.
La reforma no es una venganza contra Piña, es el reconocimiento de que se requiere un poder judicial alejando de los poderes fácticos. Ese debe ser el punto base de negociación de cualquier contrapropuesta.
https://www.milenio.com/opinion/viri-rios/no-es-normal/el-motivo-de-la-reforma-judicial
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