Dentro de este Informe Final del Mecanismo por la Verdad «se profundiza en aquellas violencias y casos en contra de: movimientos y organizaciones político-militares, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas movimientos urbano-populares, luchas contra el narcotráfico, así como personas y grupos que se opusieron a proyectos de desarrollo.
En el tomo II se documentaron las principales agresiones cometidas en contra de mujeres e infancias bajo el lema del progresismo mexicano que, más allá de apostar por el bienestar colectivo, ejerció un profundo ejercicio de violencia con secuelas que, a la fecha, no han sanado.
De 1965 a 1990, el Estado mexicano cometió diferentes violaciones graves a los derechos humanos bajo el escudo intencional de imponer mega proyectos y combatir el sembradío de narcóticos, como resultado, se produjeron fenómenos violentos como desplazamiento forzado, despojo de tierras, represión, discriminación y desaparición forzada, circunstancias que se recrudecieron con más violencia en contra de los pueblos indígenas purhépecha, tsotsil, tseltal, chol, zoque y mixe.
El Estado Mexicano se coordinó durante ese lapso de 30 años con diferentes cuerpos de gobierno como la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de la Reforma Agraria o la Secretaría de Recursos Hidráulicos para amedrentar e imponer las obras públicas a costa de las resistencias de las comunidades y de los movimientos ambientalistas, estudiantiles o socioculturales de todo el país.
El músculo de la violencia era el Ejército mexicano, que ejecutaba órdenes de control territorial, ejecuciones extrajudiciales, intimidaciones y amenazas.
Estas prácticas de represión sistémica se recargan en un profundo pensamiento de colonialismo y correspondía a la orden capitalista de impulsar el supuesto progreso y la producción que exigía la dinámica internacional.
La entrada de la guerra narcotráfico, el Ejército y criminalización
En mayo de 1978 el Ejército mexicano se colgaba las medallas por sus valerosas ofensivas en contra del narcotráfico, sin embargo, el panorama terminaría por tornarse sombrío cuando dos activistas y abogados, presentaran un informe que recapitulaba toda la violencia que habían cometido los elementos de seguridad en su paso por las operaciones antinarcóticos.
Los abogados, Carlos Morán, Norma Corona y Jesús Jacobo recopilaron información sobre las detenciones arbitrarias y las condiciones de las personas al interior del Centro de Readaptación Social de Sinaloa; 8 de cada 10 personas que estaban ahí, eran jornaleras y campesinas.
En el listado de tortura se encontraban golpes en oídos para romper el tímpano, introducción de gasolina por la nariz, toques eléctricos en órganos sexuales, introducción de la cabeza en excusados con excremento, reclusión en espacios estrechos en condiciones de calor y forzar al hombre a presenciar la tortura de esposa, hijas e hijos.
En materia de mujeres, el informe recuperaba abortos producidos por golpes, tortura sexual, traumatismos psíquicos y ejecuciones extrajudiciales que, para el Ejército mexicano, no eran novedosas. De hecho, 7 años antes de que los activistas recuperaran estos datos, se presentó la Masacre de El Realito donde asesinaron a:
- Linda Contreras Villa de 17 años
- Martha Rodríguez de 33 años
- Bertila Coronel Payán (embarazada de 7 meses), 35 años
- Hermelinda Contreras Villa de 15 años
- Griselda N. de 25 años
- Mujeres heridas de gravedad:
- Mireya Ramos de 18 años, herida por arma de fuego en rostro
- María Trinidad Páez de 23 años, herida por arma de fuego en la región dorsal
- Lilia Leyva Bárez de 19 años, herida de fuego en la región dorsal
- Silvia Contreras Villa (sin datos), herida por arma de fuego en la espalda
- Sinaloa en los años 80s
En el marco de la implementación de la Fuerza de Tarea Cóndor, pobladores de las zonas rurales de Sinaloa fueron víctimas de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada. Manuel de Jesús Elizalde, víctima indirecta de este proceso, reconstruyó para el Mecanismo por la Verdad cómo sucedieron los hechos en estas comunidades sinaloenses.
La población de Badiraguato se encontraba en situación de extrema pobreza cuando inició la siembra de amapola; el objetivo de las familias era obtener algo de dinero para sostenerse, por supuesto, también continuaron sembrando maíz y frijol. La necesidad de las familias empujaba a buscar otras vías para sostenerse, hasta que el ejército arribó; Manuel recuerda que eran personas armadas con palos y resorteras en contra de elementos del ejército fuertemente armados.
«Las redes comunitarias en su totalidad, padecieron violaciones graves a sus derechos, hombres y mujeres de todas las edades que, sin haber cometido delito alguno, también sufrieron detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y violaciones contra niñas, niños y adolescentes, por el sólo hecho de vivir en comunidades donde se cultivaban enervantes o tener algún vínculo familiar o afectivo con quienes sí estaban involucrados en la producción de enervantes»
Cuando se veían militares en la zona, las mujeres tomaban a sus hijos y huían hacia los montes para esconderse. Aquellas que se quedaban, eran víctimas de tortura sexual y abuso multitudinaria entre los elementos castrenses.
Este modus operandi en Sinaloa también se repitió en el poblado de San Ignacio, donde las mujeres eran víctimas de abuso sexual por miembros del Ejército y también, las obligaban a realizar trabajos forzados y como parte de su resistencia, las adolescentes, niñas y mujeres obedecían con la esperanza de que no hicieran daño a su familia. Les preparaban comida y echaban tortillas; este mismo fenómeno se repitió en Chihuahua.
Simojovel, Chiapas, mujeres ante los desplazamientos forzados
El Estado arribó a la comunidad de Chanival y de forma violenta, inició un proceso de desplazamiento forzado; querían despejar la comunidad y llevar a las personas a migrar a Marqués de Comillas, pues el gobierno construiría en esa zona la presa de Itzantún.
El Mecanismo refiere que a las personas las llevaron por la fuerza a espacios de difícil acceso donde era selva y no había, siquiera, caminos.
Algunas mujeres se encontraban embarazadas al momento de este desalojo ilegal y con el forcejeo con elementos del Ejército, algunas de ellas, perdieron a sus bebés, dejando serios problemas físicos, psicológicos y emocionales tras el aborto incidental.
Aunado a esto, son las mujeres y las infancias quienes no gozaban en aquel entonces de un reconocimiento pleno de sus derechos lo que imposibilitó un acceso a la justicia que reparara los daños del Estado.
El derecho a la niñez que se violó con mayor incidencia fue el acceso a la educación; sacaban a las infancias de sus comunidades, las trasladaban a otros lugares y prometían que construirían escuelas nuevas.
Tardaron años en hacerlo y durante un periodo de tiempo muy largo, las adolescencias e infancias indígenas fueron privadas de asistir a la escuela, como consecuencia, el analfabetismo aumentó hasta un 50%.
Además de la educación, los sistemas de salud eran aún más escuetos y no había personal médico en estos «nuevos poblados» de víctimas de desplazamiento forzado.
El informe recopila la historia de Leonila, una mujer chinanteca en Oaxaca que perdió a sus dos hijos; al no haber médicos, su bebé murió al interior del vientre y su otro hijo, un niño de 6 años enfermó y murió sin la posibilidad de haber recibido ninguna clase de valoración médica.
Maribel, otra mujer, narra que cuando tenía 7 años también enfermó a causa de la picadura de un animal que, para ella y su comunidad era desconocido, «un bicho que hay allá».
Sin acceso a servicios de salud, su papá la montó en un caballo y juntos viajaron a otro poblado donde sí había médico; Maribel, siendo una niña, pudo recibir atención y su caso expone la negligencia del Estado al trasladar a comunidades enteras a territorios que les resultan desconocidos -en flora, fauna y clima-, y además, sin acceso a servicios médicos.
Entre las brechas de género también se presentó el fenómeno de la injusticia agraria, pues durante el proceso de asignación de tierra, las mujeres no fueron contempladas como ejidatarias, es decir, muchas de ellas, madres autónomas y trabajadoras fueron expulsadas de sus hogares por la fuerza y posteriormente, al momento de luchar por un nuevo terreno, el Estado les negó la posibilidad de ostentar la titularidad.
Por otro lado, las familias que sí fueron reubicadas a nuevas casas de lámina sufrieron estragos importantes, pues el espacio era inhóspito; el frío se colaba entre las láminas y en días de calor, la casa alcanzaba temperaturas extremas. Aunado a esto, se aumentó la carga de trabajo de las mujeres quienes se encargaban exclusivamente del trabajo de cuidados, preparación de alimentos y limpieza.
Resultaba imposible cocinar al interior de la casa, no había fuentes de agua potable y dedicaban más tiempo a sus actividades de cuidado – domésticas.
Chihuahua
En Guadalupe y Calvo, al sur de Chihuahua se vivió el desplazamiento forzado entre 1970 y 1980. Una de las sobrevivientes, narra el Mecanismo, es Verónica quien junto a otras mujeres de la comunidad las obligaban a trabajar a tiempo completo como cocineras; preparaban mucha comida y cuando algún familia de estas cocineras hacía enojar a los elementos, las mujeres eran golpeadas: ¡Les vamos a dar una friega!, repetían.
«Les hacíamos comida a los militares, mucha comida, hacíamos para darles. En una ocasión el teniente nos ordenaba que les teníamos que dar comida y hacer la comida. Yo acababa de dar a luz a una niña, estaba en cuarentena, así les hacía comida todos los días. Eran muchos militares. La comida la hacíamos en las casas y ahí la dábamos». (Verónica, sobreviviente)
En este mismo poblado chihuahuense se presentó una serie de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Una familia, conformada por Manuel, Carmen y su hija, Luz fue detenida arbitrariamente. El hombre fue llevado por agentes federales y Carmen junto a su hija regresaron a casa, sin embargo, poco después elementos ingresaron a la propiedad donde las violentaron verbalmente. A causa del shock y del temor, la señora Carmen que en ese momento se encontraba embarazada, terminó por perder a su segunda hija.
Impacto diferenciado: Tortura y aborto incidental
A manera de reivindicar el papel de las mujeres que no sólo fueron acompañantes de estos fenómenos de represión, es necesario apuntar a que las mujeres también estuvieron al frente de las familias que cultivaban enervantes; fueron parte activa contra la lucha sistémica y la organización por resistir.
El rol de género es palpable en este mapeo general y el machismo de las fuerzas armadas queda expuesto en los testimonios recopilados por el mecanismo; mientras los hombres se escondían para no ser detenidos -y a quienes detenían les ponían ropa de mujeres y los forzaban a besarse los unos a los otros-, muchas mujeres y adultas mayores se quedaban en el pueblo a pesar del peligro a la violencia sexual que ello representaba.
El objetivo era claro: apaciguar a las fuerzas armadas. Les ofrecían tortillas recién hechas : «se ponían en chinga a darles para que no lastimaran a sus maridos o hermanos», dice uno de los testimonios.
Pero como el cuerpo – territorio de la mujer también es botín de guerra para el control, se documenta la desaparición de mujeres con el objetivo de amedrentar a las comunidades; los elementos se las llevaban para dar mensajes específicos sobre el control de sus tierras.
Asimismo, como se ha advertido, la violencia obstétrica fue una constante. Carmen Buelna, una de las mujeres sobrevivientes refiere para el Mecanismo que, a pesar de estar embarazada de 8 meses, recibió toques eléctricos en la PJF de Culiacán en el 78. Posteriormente, los agentes llevaron a su hija y comenzaron a torturarla enfrente de Carmen; a causa de las lesiones y el estado de crisis, la mujer perdió a su bebé poco después.
En estas mismas instalaciones de la Policía Judicial Federal, una mujer rarámuri identificada como Alejandrina también fue golpeada en el estómago en reiteradas ocasiones a pesar de haberles pedido a los agentes que se detuvieran, pues estaba embarazada.
El Mecanismo sostiene que los elementos de seguridad parecieron ensañarse particularmente con las mujeres embarazadas y practicaban modos de tortura para forzarlas a abortar. Rita Villa López, otra de las mujeres sobrevivientes, sostiene que fue detenida y torturada; la mujer les explicó que estaba embarazada y que «por piedad» la liberaran, sin embargo, un agente la acostó boca arriba, se subió en su vientre y comenzó a saltarle encima. El aborto fue inmediato.
Pero, ¿por qué estas mujeres eran agredidas de forma tan cruenta? El Mecanismo refiere que muchas veces bastaba con que pertenecieran a alguna comunidad y bajo un discriminatorio «perfilamiento racial«, eran detenidas arbitrariamente y torturadas para que hablaran sobre la siembra de droga; muchas de ellas, no tenían conocimiento de ello. Paralelamente, se tiene registro de otros elementos de seguridad que simplemente robaban pertenencias y desalojaban los hogares de las familias; robaban lo que se encontraban a su paso.
Febronia Acosta Pérez, una mujer de la tercera edad fue torturada por soldados que le exigían que les diera todo lo que poseía. La adulta mayor fue sometida a ahogamiento y sólo refería que no tenía nada de valor.
«Y ya que no sacaron nada, entonces me metieron a un charco y con las dos manos me aplastaban la cabeza pa ahogarme. Yo me hacía pa’cá y pa’llá hasta. que me desbalagaba. Y decían: ‘ay, esta viejilla tan valerosa que no nos quiere dar lo que tiene ni aunque la estemos matando’ …Y me volvían a sambutir»
El Mecanismo refiere que no sólo el Ejército cometía estos delitos, sino también, la fuerza policiaca. Estos cometidos se lograban a través de dos circunstancias propiciadas:
- Detener a parejas en lugares solitarios con fines de extorsión y que posteriormente, derivaban en la violencia sexual de la mujer.
- Fabricar delitos a mujeres para detenerlas arbitrariamente y una vez en los separos, se propiciaba el espacio de vulnerabilidad; una vez privadas de su libertad, eran abusadas y violentadas.
Esto último, con mayor incidencia en zonas conurbadas, en esta línea, se tiene el registro de una mesera abusada por 8 elementos de la Academia de Policía o las obreras, Roberta Moncada y Martha, quienes al salir de su jornada laboral fueron atacadas; Martha logró escapar y pidió ayuda a dos policías, Rodrigo Flores y Álvaro Álvarez, quienes le pidieron subir a la patrulla para ayudar a su amiga Roberta. Una vez adentro, fue víctima de violación.
Esto evidencia que las y los trabajadores urbanos – rurales, siempre han sido objetos de una violencia sistémica coludida por el Estado mismo que se articula con sus fuerzas armadas para abusar, torturar, desaparecer, ejecutar y amedrentar desde la criminalización y el punitivismo. La única regla en este panorama es focalizar esta violencia sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas, niños, personas racializadas, migrantes y de comunidades indígenas.
Te compartimos la nota informativa del volumen 1 del Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico:
Indígenas, afromexicanas y campesinas: Los crímenes cometidos por el Ejército
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